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Propuestas Económicas Productivas

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) desde el 2005 ha sido una de las principales fuentes de ingresos de los gobiernos municipales, representado en promedio un 22,7%, constituyéndose en su segunda fuente de ingresos después de la coparticipación tributaria. Ello ha generado una mejora sobre todo en las inversiones en cuanto a la infraestructura caminera, deportiva, salud, educación en los municipios, aunque muchas de éstas obras han quedado sin uso.

El IDH registró un importante incremento si se comparan los años 2006 y 2014 es de 184%. Sin embargo, la reducción de los precios internacionales de los hidrocarburos, a partir del año 2014, provocó una caída importante del IDH; el año 2015 la reducción fue de 29%, para el 2016 se calculó en 33% y para el 2017 una reducción de 23%; esta disminución ha tenido sus efectos en las diferentes entidades públicas.

 El objetivo de estos recursos en general eran el fomento del desarrollo productivo local para dinamizar la economía de sectores generadores de empleo, después de más de 10 años de aplicación al parecer los recursos no han sido utilizados para el propósito planteado. Según la Fundación Jubileo, la mayor parte del IDH va a la renta dignidad; seguido de gastos corrientes del nivel central como educación y transporte. Y los recursos asignados hacia sectores como el agropecuario, desarrollo económico/productivo y turismo, son mínimos, aproximadamente el 3% sobre el total, en promedio. En el caso de los municipios se asigna para educación el  31,1%,  para salud 14,3%, infraestructura urbana y rural 13,8%, para caminos 13,4%, saneamiento básico 6,3%, desarrollo agropecuario el 4% y 17%  para otros sectores (A 12 años del IDH, Serie de debate público Nº 48, 2017: pág. 28).

La reducción sostenida de los recursos del IDH a partir del 2015 está generando efectos en los municipios rurales. Como se mencionó, en la época de bonaza no se realizaron inversiones de acuerdo a los objetivos planteados que puedan generar empleo e ingresos propios; por ello estas disminuciones han repercutido en las inversiones de proyectos productivos que han quedado en espera de ser financiados con recursos departamentales o nacionales, y en muchos casos quedaron esperando poder conseguir recursos requeridos de contrapartes. Otros municipios, a exigencia de las organizaciones, han reducido su personal y bajaron los salarios, decidiendo priorizar inversiones urgentes. Pero el mayor efecto fue en las inversiones al desarrollo productivo porque los otros sectores, de acuerdo a leyes nacionales, tienen sus porcentajes mínimos a ser presupuestados, y como el tema productivo no tiene un porcentaje asignado se ha visto más afectado.

Por otra parte, algunos municipios en la época de la bonanza optaron por la adquisición de préstamos para compra de maquinaria, y actualmente tienen que presupuestar recursos para cumplir sus compromisos crediticios. Por ello, en la elaboración del POA 2018 los municipios presupuestaron recursos con los porcentajes mínimos definidos por ley para las áreas de educación, salud, seguridad ciudadana y renta dignidad, motivo por el que otros sectores quedaron con pocos recursos para proyectos de inversión productiva.

Autoridades municipales en las cumbres para la elaboración del POA informaron que no hay recursos, y los pocos recursos que han quedado, ya están comprometidos para contrapartes de proyectos departamental y nacional, por tanto, no pueden programar nuevos proyectos, con lo que la participación de la población en la toma de decisiones para el desarrollo local está quedado truncada.

 El año 2016 los municipios elaboraron sus Planes Territoriales  Integrales de Desarrollo Integral (PTDI) en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, aprobado por Ley 786 y la Agenda Patriótica, que entre sus planteamientos principales pretende erradicar la pobreza extrema al 2025. Sin embargo, parece contradictorio que, para avanzar hacia ello, al parecer, ahora no hay recursos suficientes para estos municipios rurales que son los que tienen mayor porcentaje de población en extrema pobreza. Este panorama nuevamente muestra la urgencia de discutir en otros términos la distribución de recursos en el añorado Pacto Fiscal.

 

 

(*) Juan Carlos Alarcón es director de CIPCA Cochabamba.

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