CIPCA Notas

Impactos de la expansión agroindustrial y el modelo económico extractivista boliviano

Autor: Mario Vargas - Marcelo Arandia - Amira Apaza
Fecha: 00/00/0000

Las tendencias del modelo económico vigente en el país, caracterizado por su vocación extractiva, está imponiendo condiciones contradictorias con la economía comunitaria y la buena salud de los ecosistemas, provocando presión sobre los territorios indígenas y áreas protegidas, a partir de la expansión de la frontera agrícola dirigida a la agro-exportación de monocultivos, operaciones de exploración y explotación hidrocarburíferas, minera y forestal (Cartagena y Peralta, 2021). Ha proseguido la flexibilización de las normas ambientales, como con el denominado paquete de leyes y decretos incendiarios, con la consecuente afectación a los derechos indígenas reconocidos a nivel internacional, sobre todo su derecho a la autodeterminación, lo cual pone en peligro la convivencia socio-ambiental y territorial, de una diversidad de pueblos indígenas y campesinos.

Imagen 1: Avance la frontera agrícola e incendios

Fuente: CIPCA, 2023

El oriente del territorio boliviano, especialmente los departamentos de Santa Cruz y Beni, presentan tierras aptas para la agricultura y desde la década de los ochenta se dinamiza la agroindustria como una actividad económica estratégica, respaldada mediante políticas de incentivo a la agro-exportación, ampliación de la frontera agrícola, subvenciones al diésel empleado por este sector, facilidades para el establecimiento de capitales extranjeros, y junto a ello se permite la extracción de recursos naturales (oro, madera), esta dinámica es también acompañada con la alta migración interna desde tierras altas hacía estas regiones del trópico, especialmente desde el altiplano boliviano.

Los recurrentes eventos climáticos adversos que experimenta Bolivia se originan debido a varios factores, que van desde la presión del avance del modelo agroindustrial (cultivo de soya – uso de agroquímicos), incendios forestales (daño directo a la flora, fauna y liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmosfera), creciente deforestación de áreas de bosque primario, invasión de la minería aurífera en áreas protegidas con la consecuente contaminación de ríos y perdida de recursos hídricos, avasallamiento por acceso a mayores superficies de tierras o la constitución de nuevos asentamientos en predios o territorios titulados, constituyéndose estos factores entre las principales variables que vienen acentuando la crisis ambiental, con impactos sobre la biodiversidad, degradación de los recursos naturales, reducción en la calidad de los niveles de salud, además de los conflictos sociales en torno a la tierra.

Las tierras del departamento de Santa Cruz son objeto de intensas disputas, especialmente las áreas boscosas, dadas las tensiones sobre la tierra y los recursos naturales, lo que convierte a este departamento en un escenario complejo a nivel político, económico y social. Estos conflictos son particularmente perjudiciales para las poblaciones indígenas locales, poniendo en riesgo sus medios de vida y la profundización de la pobreza y la desigualdad en la que viven.

Con respecto al departamento de Beni, su nuevo Plan de Uso del Suelo (PLUS), promulgado en noviembre del 2019, identifica 9 millones de hectáreas de tierras categorizadas como de “uso agropecuario” y apertura hacia un modelo de desarrollo productivo similar al de Santa Cruz de la Sierra, organizado en tres grandes regiones: a) monte San Pablo hasta cerca de Carmen del Iténez para cultivar arroz y soya, b) triángulo Yucumo – San Borja – Rurrenabaque hasta cerca de Reyes para producir caña de azúcar, y c) las sabanas arboladas del precámbrico para producir granos a gran escala, plantaciones forestales maderables y cría de ganado de corte. Este PLUS también legaliza los cambios de usos de suelos ya realizados para la producción extensiva de arroz y soya, por ejemplo, en las Provincias Marbán, Cercado, Ballivián y Vaca Diez; o asentamientos ilegales como el de la Colonia Menonita Río Negro Grundland, ubicada en el municipio de San Javier, con la excusa de que son parte del modelo de desarrollo (Rojas y Anzaldo, 2020).

Deforestación, agroindustria y salud humana

El chaqueo y la tala manual es una práctica de habilitación de tierras para cultivos agrícolas o la ganadería, utilizada tradicionalmente por pequeños productores. Actualmente el desmonte para la agroindustria usa con mayor predominancia tractores de orugas, que eliminan mediante cadeneo grandes extensiones de la vegetación arbórea y sus estratos intermedios y bajos. En la época seca se realiza la mayor parte de las quemas de la maleza, los pastizales y la vegetación acumulada por la deforestación. La temporada coincide con fuertes vientos y altas temperaturas, situación que favorece la propagación de los incendios, que su control sea dificultoso y genera una gran cantidad de humo.

Con respecto a la deforestación, los datos presentados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (2023), demuestran que Bolivia perdió 7.9 millones de hectáreas de bosque durante 37 años. En 1985 existían 63 millones de hectáreas de bosque, para el año 2022 disminuyó a 55 millones de hectáreas. Asimismo, entre los años 2016 y 2020, el promedio de pérdida de bosque fue de 260.000 hectáreas anuales, para el 2021 está cifra incrementó a 364.000 hectáreas y en el 2022 la deforestación alcanzó las 429.000 hectáreas.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (2023), las tierras cultivadas a nivel nacional aumentaron de 3,49 a 4,01 millones de hectáreas entre 2016 y el 2021, el incremento para este periodo alcanza las 520.093 hectáreas, atribuyendo esta ampliación directamente con el cultivo de soya.

El año 2022 el INE registró 4,18 millones de hectáreas cultivadas a nivel nacional, 1,52 millones de hectáreas corresponden al cultivo de la soya, que equivale al 36% de la superficie cultivada nacional. Si agrupamos los cultivos de soya, girasol, caña de azúcar, sorgo en grano, maíz en grano, trigo y arroz en grano, los mismos vinculados con el agronegocio, alcanzan una sumatoria de 3,19 millones de hectáreas y representan el 76% de la superficie cultivada nacional.

Figura 1: Superficie nacional cultivada y de la agroindustria (en hectáreas)
Fuente: Elaboración propia con base en INE

En la presente gestión las quemas se han prolongado debido a la sequía que atraviesa gran parte del territorio boliviano y especialmente en las tierras bajas. Es importante destacar que la fuerte sequía, conjuntamente las altas temperaturas, también es provocada por el fenómeno climático de El Niño, que ocasiona un calentamiento estacional de las aguas del Pacífico que reduce las lluvias.

Durante el mes de octubre, Bolivia se ubicó como el segundo país con más focos de calor del mundo, detrás de Australia, y delante de Brasil, Mozambique y Chad. En esos días el mundo presentaba un total de 13.689 focos de calor, de acuerdo a las imágenes satelitales de Greenpeace. Australia concentraba 4.427 puntos de quema (32,3%), Bolivia, 1.886 (13,8%), y Brasil, 1.333 (9,7%). Los tres países totalizaban un 55,8% de todos los incendios ocurriendo en el planeta. Entre los departamentos bolivianos, según el periódico La Patria el día 26 de octubre de 2023, el Beni encabezó la lista con 1093 incendios (58%), seguido por Santa Cruz, con 361 (19%), La Paz, con 225 (12%), Cochabamba, con 176 (9%), y Pando, con 17 (1%).

Imagen 2: Focos de fuego en el territorio boliviano (25 de octubre de 2023)

Fuente: FIRMS, https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/

Bajo este panorama, Santa Cruz, así como Beni, La Paz y Cochabamba, principalmente, han enfrentado episodios recurrentes de mala calidad del aire debido a la contaminación por humo a causa de chaqueos e incendios en distintos puntos del país. Durante estos episodios, los niveles de partículas finas en el aire superan ampliamente los estándares de calidad del aire, situación que derivó en restricciones de actividades físicas al aire libre, la suspensión de actividades escolares en Santa Cruz, Beni y La Paz.

Con relación al Índice de Calidad del Aire (ICA), según los registros de la Dirección Municipal de Medio Ambiente del municipio de Santa Cruz, desde 2014 (año desde que se realiza el monitoreo automatizado), el pico más alto se había alcanzado el 7 de noviembre de 2020, cuando se llegó a los 289 microgramos por metro cúbico (µg/m³). Este indicador fue superado el lunes 23 de octubre de este 2023, cuando se registró 308 µg/m³ y el día siguiente, martes 24 de octubre, con 313 µg/m³. Ubicándose dentro el rango de aire extremadamente malo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomendable es que el índice oscile entre 50 y 60 µg/m³.

Imagen 3: Monitoreo del Índice de Calidad del Aire

Fuente: Accuweather.com

La exposición a la contaminación del aire, especialmente a las partículas finas, está asociada con problemas severos de salud, especialmente con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y problemas pulmonares crónicos. En Santa Cruz, se han observado aumentos en las visitas a hospitales y clínicas debido a afecciones respiratorias durante los episodios de contaminación por humo.

Impactos ambientales y a la biodiversidad

La agroindustria, que engloba la producción de alimentos y productos agrícolas a gran escala, genera varios impactos ambientales, que varían según las prácticas específicas y las tecnologías utilizadas, pero generalmente incluyen: a) Deforestación y pérdida de hábitats naturales, que implica la conversión de tierras forestales y ecosistemas naturales en tierras de cultivo, esto provoca la pérdida de biodiversidad y la fragmentación de paisajes; b) Contaminación del agua por el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, el escurrimiento de nutrientes y productos químicos a los ríos y lagos puede causar la proliferación de algas y la eutrofización que afecta a la calidad del agua y la vida acuática; c) El uso intensivo del suelo, además de productos químicos, puede dañar la salud del suelo a largo plazo, con la consecuente pérdida de fertilidad, erosión y degradación del suelo; d) Emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a través de la producción ganadera, maquinaria agrícola y deforestación.

La afectación a la biodiversidad es muy alta. Los incendios forestales cada vez más frecuentes en nuestro país, y especialmente en áreas protegidas, donde se alberga la mayor riqueza biológica y acervo genético, base de múltiples beneficios para los bolivianos y toda la humanidad. Se estima que los incendios forestales del año 2019, solo en la Chiquitania, causaron la muerte de aproximadamente 5.914.527 individuos de vertebrados (Pacheco, et al. 2021). Como la mayoría de las quemas ocurrieron en áreas protegidas, se afectaron especies de rango de hogar tan amplios como los jaguares y pequeños como el de los roedores. Se estima la muerte de 3060 individuos de chanchos del monte de la especie Tayassu pecarí y 6.220 de Pecari tajacu. El estudio no incluye la afectación a otros grupos taxonómicos como aves, reptiles, anfibios e insectos que por su menor tamaño no pueden escapar fácilmente del fuego y seguramente fueron afectadas con similar o mayores valores.

Los impactos no se restringen a la muerte de estos individuos, sino a la función que estos desempeñan en los ecosistemas. Se debe recordar que las abejas a través de la polinización brindan servicios ecosistémicos vitales para los cultivos, las aves y pequeños mamíferos constituyen dispersores de semillas y permiten que el bosque se regenere y vuelvan a surgir nuevos individuos de especies valiosas para las comunidades indígenas y campesinas.

El aprovechamiento de especies silvestres como la castaña, asai, cusi, palma real, cacao, o la miel, son la base productiva de muchas familias en las comunicades rurales que también se ven afectadas. Según el IFA (2018), las comunidades en la Amazonia, dependen altamente de los bosques (hasta 50% de ingresos), por lo que los incendios están afectando la sostenibilidad no solo de la biodiversidad sino también de los medios de vida de estas comunidades.

Los impactos de los incendios a las Áreas Claves de Biodiversidad (ACB), en un periodo de 20 años (2001-2020), indican una afectación a 58 ACB (23,3 millones ha), especialmente en los Departamentos de Beni y Santa Cruz, afectando al menos a 54 especies amenazadas y 15 especies endémicas (Maillard et al. 2022). Ahora, se tendrá que realizar nuevamente un recuento de daños a la biodiversidad que en algunos ecosistemas estaba todavía en proceso de recuperación. Como acciones futuras, se sugiere la identificación de áreas afectadas, el fomento a la regeneración de estos bosques, pulmones de Bolivia y del mundo, y evitar el reemplazo de áreas quemadas por monocultivo o ganadería extensiva u otra actividad extractivista. Es importante mencionar la relación entre las políticas públicas y normas en favor de la ampliación de la frontera agrícola que originan estos incendios (Vincent, et al. 2020), por lo que nuevamente se requiere que estas sean ajustadas o abrogadas.

Otro factor a considerar que sin lugar a dudas viene ahondado la crítica situación por la que viene atravesando Bolivia, está relacionado con las emisiones contaminantes que genera la agroindustria. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, en su Informe Anual Calidad del Aire 2022, menciona que las emisiones de óxidos de nitrógeno, partículas y pesticidas, alcanzaron un volumen de 5.000 toneladas de contaminantes generadas por la acción intensiva del modelo agroindustrial. Para el año 2022, esta cifra se vio incrementada a 6.000 toneladas, debido al aumento de la actividad agroindustrial y el uso de agroquímicos contribuyendo a un incremento del 100% de las emisiones contaminantes que influyeron directamente a la mala calidad del aire y la contaminación del suelo, provocando directamente un proceso acelerado de degradación del entorno natural en la región, fundamentalmente en los territorios donde se desarrolla intensivamente este modelo de producción de base agroindustrial.

Aspectos para avizorar soluciones

Poniendo en contexto la contribución tributaria y económica de la agroindustria, y en particular de las grandes empresas exportadoras de soya, es mínima en relación a su magnitud económica. Esto resalta la necesidad de reevaluar el apoyo e inversión estatal en estos sectores y profundizar el cumplimiento de la normativa nacional vinculada con el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En un sentido de orientación de políticas públicas se debe reflexionar en la necesidad de reorientar los incentivos y apoyos estatales actuales, estableciendo condiciones y criterios basados en objetivos socioeconómicos y ambientales.

Con una perspectiva de formulación de políticas públicas, es crucial impulsar prácticas agrícolas sostenibles, lo que se puede lograr proporcionando formación adecuada a los agricultores, por ejemplo, en el manejo de fuego y metodologías de chaco sin quema, facilitando el acceso a tecnologías limpias y promoviendo la agroecología. Este enfoque no solo contribuye al bienestar ambiental, sino que también mejora el acceso de los agricultores familiares a recursos productivos, tales como la tierra y el agua, y les brinda mayores oportunidades para comercializar sus productos en diferentes mercados.

Las acciones e investigaciones realizadas por CIPCA en tres regiones ecológicas demostró que existen modelos productivos saludables con el medio ambiente y económicamente factibles, estrechamente relacionados con los servicios ecosistémicos, además de presentar un potencial alto como mecanismo de mitigación del cambio climático y de conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, en la Amazonia norte de Bolivia los Planes Generales Integrales de Bosques y Tierras (PGBIT) permiten el aprovechamiento del bosque sin la necesidad de realizar cambios considerables del uso de suelos. En la comunidad Conquista del municipio Puerto Rico, en el departamento de Pando, en una parcela permanente de monitoreo instalada en un bosque alto de tierra firme, se estimó que en 10 años se almacenan hasta 119,74 toneladas de carbono por hectárea, y un valor de 3,31 en el índice de biodiversidad de Shannon y Weaver. En un Sistema Agroforestal (SAF) se captura 16,5 toneladas de carbono por hectárea al año. La ganadería con gestión de bosque en el Chaco boliviano, sistema semi intensivo, reduce la carga animal de 14 a 5 hectáreas por unidad animal e inclusive hasta 1 hectárea cuando se implementan silvopasturas y puede almacenar hasta 71,09 toneladas de carbono por hectárea (Peralta y Cartagena, 2023).

Paralelamente, y como respuesta a la agudización de la crisis climática, es imperativo implementar políticas que incentiven la generación de empleo en las zonas rurales, como las compras estatales y el fortalecimiento de cadenas de valor agroecológicas, resaltando el rol de la agricultura familiar en este contexto. De esta forma, se estaría fortaleciendo un sector clave para el desarrollo sostenible, promoviendo la generación de empleo y asegurando un acceso más justo y equitativo a los recursos y oportunidades necesarios, en el actual contexto agrícola.

Con relación a la normativa boliviana, se requiere la abrogación de las leyes, decretos supremos, reglamentos y normas departamentales y municipales que facilitan la destrucción de bosques y que son calificadas como normas incendiarias (Cuadro 1). Este marco legal establecido alienta la ampliación de la frontera agrícola, cuyos efectos son la degradación de bosques y la deforestación provocada por los incendios forestales, cuyos impactos se perciben con mayor intensidad en la Amazonía, en los territorios indígenas y las áreas protegidas.

Cuadro 1. Normas que facilitan la deforestación

Fuente: Elaboración propia con base en Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), seguirá aportando a la consolidación de una gobernanza ambiental en tierras bajas como un desafío institucional; por ello consideramos importante implementar sistemas productivos sostenibles, que contribuyan a efectivizar una verdadera articulación entre la economía comunitaria y el pluralismo económico territorial. Estas acciones se sustentan en la Propuesta Económica Productiva (PEP), que permite proyectar no solo una verdadera transformación productiva, sino el fortalecimiento de una ciudadanía activa con participación social en todos sus niveles, acortando las diferencias de género y generacionales, sobre la base de la equidad en el uso y acceso a los recursos naturales entre las instancias estatales y privadas; como apuesta hacia la implementación de un nuevo paradigma de desarrollo, más inclusivo, intercultural y resiliente, promoviendo un desarrollo rural sostenible con enfoque territorial y agroecológico en los territorios de intervención institucional.

Bajo este escenario, es necesario continuar con las acciones de gestión territorial en las comunidades de todo el territorio boliviano, enfatizando en la generación de espacios de discusión y deliberación multiactor a nivel más territorial, que permitan no sólo conocer las perspectivas de los distintos actores sobre el modelo de desarrollo, sino construir opciones y tomar decisiones en función a las características ambientales, sociales y culturales del territorio para minimizar los impactos que puedan generar las políticas públicas planteadas por el gobierno a nivel territorial.

Bibliografía

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. (2023). Informe Anual Calidad del Aire 2022 [PDF].
http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/PNGCA/publicaciones/items/15052023/Informe_Anual_Calidad_del_Aire_2022.pdf

Pacheco, L., Quispe-Calle, L., Suarez-Guzmán, F., Ocampo, M. y Claure-Herrera, A. (2021). Muerte de mamíferos por los incendios de 2019 en la Chiquitania. Ecología en Bolivia, 56 (1), 4-16.

Vos, V. A., Gallegos, S. C., Czaplicki-Cabezas, S., & Peralta Rivero, C. (2020). Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio. Mundos Rurales - CIPCA, 15(1), 5–24.

Maillard, O., Herzog, S.K., Soria-Auza, R.W., y Vides-Almonacid, R. (2022). Impact of fires on Key Biodiversity Areas (KBAs) and priority bird species for conservation in Bolivia. Fire, 5, 1-20.

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Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. (2023). Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por la Deforestación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Rojas, Juan Carlos y Anzaldo , Alejandra. (2020). El nuevo PLUS del Beni excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana. CIPCA.

Peralta, C. y Cartagena, P. (2023). Servicios ecosistémicos generados en sistemas productivos alternativos de base campesina indígena en las tierras bajas de Bolivia. En: Acceso a la Tierra y Territorio. Una oportunidad para reducir las desigualdades en Bolivia. IPDRS. La Paz, Bolivia.