CIPCA Notas

Avances y dificultades en la participación política de mujeres en los espacios del poder local

Autor: Juana Quispe Alanoca (*)
Fecha: 15/11/2018

Después de años de lucha constante, sostenida y a pesar de los importantes avances logrados, la participación política de las mujeres en los procesos de decisión continúa siendo una asignatura pendiente en los debates sobre la calidad de la democracia y el ejercicio de la ciudadanía. Continúa la resistencia a la implementación de las temáticas de género, cuotas de participación y el acceso equitativo a los espacios de toma de decisión de nivel local, departamental y nacional. Prevalecen los argumentos que cuestionan la capacidad y la legitimidad de los mecanismos que han promovido la inclusión de las mujeres en los espacios de poder y en la toma de decisión.

La Constitución Política del Estado establece un nuevo marco legal para la participación política de las mujeres. La cuota del 30% que existía, ha sido superada por el concepto de la paridad y la alternancia, generando un nuevo espacio de análisis del poder desde la perspectiva de género. De igual manera el Código Electoral establece la implementación de la cuota de 30% en las listas de candidatos/as a concejales municipales, determinando que se aplique un criterio de alternancia entre titulares y suplentes, de manera que al primer concejal hombre-mujer, corresponda una suplencia mujer-hombre, mientras que la segunda y tercera concejalía titular debe asignarse de forma alternada. En ese marco la conquista de los derechos de las mujeres, específicamente de sus derechos políticos, la paridad y alternancia entre mujeres y hombres ha tenido importantes resultados con la modificación sustancial de la composición por sexo de la representación política en diferentes instancias de conducción estatal. Este hecho ha sido reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia y planteado en la nueva Constitución Política del Estado, que establece importantes avances para garantizar la inclusión real de las mujeres en los espacios de decisión y en los órganos de poder.

Los cambios constitucionales contemplan el desafío de garantizar mayor inclusión de los sectores que tradicionalmente estuvieron excluidos, fundamentalmente mujeres e indígenas, a través de la promulgación de leyes que garanticen el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en el caso de las mujeres a participar como electoras y como candidatas. Entre los avances legislativos más importantes en los procesos de participación política de las mujeres y en el establecimiento de la paridad y alternancia, están: la Ley de Cuotas de 1997, Ley de Partidos Políticos de 1999, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, el Código Electoral de 2004, la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente de 2006, la Ley del Régimen Electoral en 2010, la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (Ley N° 243), la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (Ley N° 045), la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley N° 348) y los fundamentos establecidos en la Constitución Política del Estado, que garantizan la participación política con equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres.

Desde que la población empezó a votar por autoridades locales en 1987, las alcaldesas electas siguen constituyendo un porcentaje minoritario respecto a la representación masculina. En 1999, había una alcaldesa en la ciudad de Oruro; en 2004 hubo otra electa en Sucre y en 2010 hubo dos mujeres en Oruro y en Cobija; en el año 1995 había 10 mujeres alcaldesas en todo el país. Dicha cifra aumentó en las elecciones subnacionales de 1999, hasta 23 mujeres. Cinco años más tarde, la representación de mujeres se redujo a 15 alcaldesas. En 2010 el número subió a 22 mujeres.

Después de las elecciones del año 2015, todos los departamentos cuentan  con presencia de mujeres en las alcaldías, 17% de los cargos públicos son ocupados por mujeres y el 83% son ocupados por hombres. Lo que muestra la desigualdad que existe en la esfera del empleo y la discriminación de las mujeres en los altos cargos públicos, vulnerando así el derecho a ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales en igualdad de condiciones respecto a los hombres.

Solo 29 alcaldías de 339 municipios están comandadas por mujeres en Bolivia y las restantes son lideradas por varones según datos del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia (OEP), eso representa el 8.5% aunque el dato puede parecer desalentador esta cifra es la más alta en la historia de la democracia. Desde que el país empezó a votar por autoridades locales en 1987, las alcaldesas siguen constituyendo un porcentaje minoritario respecto a la representación masculina. Los departamentos con mayor número de alcaldías de mujeres son La Paz, con seis alcaldesas de 87 municipios; Santa Cruz, seis mujeres; Oruro, cinco mujeres; Cochabamba ocupan cuatro mujeres de 47 municipios; Potosí, tres mujeres; en Beni con dos mujeres de los 19 municipios; Chuquisaca con una mujer; en Pando, solo una mujer de 15 municipios y Tarija una mujer de las 29 alcaldesas. 19 alcaldesas son del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), 2 del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), dos de Demócratas (DM) y seis son de Unidad Nacional (UN), Movimiento por la Solidaridad (MPS), Nuevo Poder Ciudadano (NPC),Chuquisaca Somos Todos (CST), Frente para la Victoria (FPV) y la agrupación ciudadana Participación Popular (PP).

El departamento de La Paz tiene 87 municipios, sólo seis alcaldías son dirigidas por mujeres, según los datos del Tribunal Electoral Departamental (TED). En el departamento de La Paz se presentaron 13 partidos políticos y de ellos sólo tres organizaciones políticas tienen alcaldesas electas: el Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Por la Soberanía (MPS).

El MAS obtuvo 49 alcaldías en todo el departamento de La Paz y tres eran dirigidas por mujeres y UN logró dos alcaldías paceñas y su representación más significativa fue en el municipio de El Alto, con Soledad Chapetón, que logró vencer al candidato oficialista Edgar Patana. En cambio, el MPS –que ganó en 15 alcaldías– tiene su representación femenina en el municipio de Guaqui.

En los gobiernos autónomos municipales de la provincia Aroma, la participación de mujeres ejerciendo cargos públicos, en los periodos de gestión municipal 2005, 2010 y 2015, ha ido incrementando a través de la proposición y cumplimiento de políticas públicas estratégicas que benefician al desarrollo local de sus municipios y a favor de las mujeres.

En la provincia Aroma para la gestión 2015-2020, Bertha Quispe, de 29 años de edad, nacida en la comunidad de Ichuraya Chico, fue elegida como alcaldesa del municipio de Collana y es la primera mujer que llegó a dirigir ese municipio, que tiene una población de 5.042 habitantes, ganó las elecciones con una mayoría de votos de la población. Actualmente está ejerciendo su cargo, pero fue víctima de acoso y violencia política por su condición de mujer, por su edad y por provenir de una comunidad pequeña. El Juzgado Público Mixto Civil, Comercial y Familia N° 1, falló a su favor de la acción de amparo constitucional planteado ante la Corte Departamental de La Paz, lo que significa que la justicia le devolvió la institucionalidad al municipio en el que organizaciones sociales intentaron hacer valer atribuciones inherentes al gobierno municipal. 

La participación política de las mujeres ha ido aumentando significativamente en el ejercicio de cargos, han llegado a ocupar cargos importantes dentro del directorio legislativo municipal, como presidentas del Concejo, vicepresidenta y secretarias de actas, teniendo un total en la gestión 2017 de 5 mujeres presidentas de los concejos municipales de Sica Sica, Umala, Ayo Ayo, Patacamaya y Collana, quienes han ido implementando propuestas y políticas públicas favorables para las mujeres y asignando presupuestos sensibles a género en el Plan Operativo Anual Municipal.

El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres ha tenido un proceso de acumulación histórica, que muestra progresivamente la construcción de una demanda creciente de participación por parte de las mujeres, que exigen reconocimiento de ciudadanía, a participar activamente en los procesos electorales, como electoras y posteriormente, como candidatas. Las respuestas que el Estado ha dado a esta demanda creciente, se traducen en el reconocimiento de ciudadanía, a partir de mediados del siglo pasado que, en el caso boliviano, se efectiviza con el reconocimiento del voto universal. A pesar de ello, cabe resaltar que el ejercicio ciudadano de las mujeres bolivianas, confronta una serie de obstáculos que trascienden el ámbito meramente institucional y tiene que ver con aspectos socioculturales que se encuentran alrededor de la participación política de las mujeres, que se evidencia en la persistencia de prejuicios que giran en torno a su participación.

Si bien Bolivia dio pasos importantes en la participación y equidad de género en los espacios de decisión política, la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con un 51% de mujeres electas titulares; mientras que las asambleas departamentales tienen un 45% y en los concejos municipales la representación de las mujeres alcanza al 53%, aún existen actitudes y comportamientos machistas y patriarcales que restringen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Se debe incidir en factores socioculturales, como la prevalencia de prejuicios en relación a la participación de las mujeres, el cuestionamiento a sus capacidades, la idea de que las mujeres se automarginan de los espacios de decisión, entre otros, que constituyen parte de los obstáculos que deben ser encarados desde procesos de sensibilización orientados a cambiar la cultura política y la implementación eficiente y efectiva de la legislación.

(*) Juana Quispe Alanoca es técnica de CIPCA Altiplano.

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