Artículos de opinión

Incentivos e indicadores para la innovación con prácticas agrícolas sostenibles.

Autor: Mario Vargas (*) - CIPCA UAP
Fecha: 22/12/2022

El modelo de producción instaurado desde la revolución verde y con la consolidación de la agroindustria a nivel mundial y el surgimiento de imperios alimentarios supranacionales, se instituye una especie de conquista de la naturaleza, de la vida, de los alimentos y la agricultura; que además, afecta los patrones de consumo, la salud y la identidad del consumidor, y en sintonía con la actual fase de la globalización, literalmente se introduce en todas partes un conjunto de reglas y parámetros generalizados que gobiernan las prácticas locales (Van del Ploeg, 2010).

Frente al cambio climático, como una constante a considerarse en cualquier iniciativa de producción alimentaria, emergen paralelamente propuestas mundiales y algunas políticas públicas nacionales para aminorar sus efectos o desacelerar el calentamiento global. En este escenario alimentario del planeta, los países buscan asegurar su seguridad y soberanía alimentaria, para lo cual se viene planteando la necesidad de promover una agricultura con rasgos sociales, ecológicos y tecnológicos, además de generar nuevos modelos agrícolas que posibiliten sistemas agroalimentarios sostenibles.

En cuanto a Bolivia, los datos sobre las tierras cultivadas, la producción y la ampliación de la frontera agrícola, permiten comprender nuestra situación y las perspectivas futuras. Entre las gestiones agrícolas 1983-1984 y 2020-2021 las superficies cultivadas incrementaron en 438% y el cultivo de oleaginosas e industriales superó las 1.824.697 hectáreas en la gestión 2020-2021, donde la soya tiene su preponderancia.

Otra variable interesante es el rendimiento en promedio alcanzado por cada hectárea cultivada, considerando las dos gestiones de referencia, no se registran incrementos importantes (gestión 1983-1984: 5,03 TM/Ha y gestión 2020-2021: 5,36 TM/Ha). Al respecto y según la Fundación Tierra, los rendimientos de los países vecinos son superiores a los valores alcanzados en Bolivia, por ejemplo, Chile: 14,67, Brasil: 11,88 y Perú:10,97 toneladas por cada hectárea.

Es visible la poca atención a la productividad e incremento de los rendimientos de los cultivos en Bolivia, se hace mucho énfasis en ampliar la frontera agrícola para incrementar la producción y consecuentemente atravesamos una disminución de la superficie de bosques y perdida de la biodiversidad, cuyos costos ambientales, sociales y económicos también requieren ser determinados y valorados respectivamente.

En ese contexto, con una agroindustria boliviana con bajos niveles de productividad y acelerado incremento de superficies cultivadas, el gobierno nacional proporciona ciertos beneficios al sector agroindustrial, desde las subvenciones en combustible para la maquinaria agrícola y sus procesos productivos, las ventajas impositivas respaldadas desde la legislación que determina un régimen tributario diferente (denominado régimen agrario unificado, que sustituye al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Utilidades (IU)), apoyo en la apertura de mercados conforme a los acuerdos binacionales o regionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por ejemplo, con base en este tipo de acuerdos la soya boliviana es comercializada en Perú y Colombia. Por otra parte, el sector agroindustrial obtiene ventajas de los deficientes mecanismo de control del Estado para el cumplimiento de la normativa boliviana con relación a los recursos suelo, el resguardo de las áreas boscosas y la biodiversidad, material genético, entre otros.

En esa perspectiva de generar incentivos para procesos productivos saludables con el medio ambiente, recientemente el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) lanzó un nuevo producto financiero denominado “Crédito Ecoeficiencia”, con el objetivo de incentivar el mejoramiento de la eficiencia energética, el uso de la energía renovable, para una producción ambientalmente más limpia, y en los rubros de agricultura, ganadería, manufactura, hoteles y restaurantes, transporte y almacenamiento. En consecuencia, también se ofrece un servicio no financiero a todos los acreditados al producto ecoeficiencia, relacionado al acceso de capacitaciones y a tecnologías especializadas que les permitan optimizar los procesos productivos.

Transitar hacia una agricultura sostenible requiere comprender que la adopción de prácticas agrícolas sostenibles implica costos para los agricultores, especialmente en el corto plazo, y que los beneficios generalmente son percibidos en el mediano y largo plazo. Por lo mismo, para compensar esos costos, es importante establecer adecuados mecanismos de incentivos, pero muy vinculados a objetivos ambientales y socioeconómicos, además de enfatizar altos niveles de productividad. En el caso boliviano, los incentivos mencionados para la agroindustria (por ejemplo, subvenciones, diferente régimen tributario para el sector), no presentan relación con objetivos que promuevan una agricultura sostenible y competitiva.

Al respecto, el IPGRI y BID (2021), en su documento “Promover prácticas agrícolas sostenibles: De los incentivos a la adopción y los resultados”, recomiendan considerar los siguientes principios para el establecimiento de incentivos: a) equilibrar los incentivos y los resultados, los incentivos deben ser suficientes para motivar un cambio en las prácticas productivas; b) conocer a los agricultores, que pueden ser no adoptantes, adoptantes de bajo nivel (cautelosos) o adoptantes de alto nivel (abiertos al cambio); c) brindar apoyo complementario, por ejemplo, políticas para la prestación de asistencia técnica y servicios de extensión contribuyen al entendimiento por parte de los agricultores y facilita la adopción de nuevas prácticas; d) simplificar los instrumentos, preferiblemente instrumentos sencillos y fáciles de entender; e) las preferencias de comportamiento, la gente tiende a copiar el comportamiento de los demás, el efecto de arrastre; f) prepararse para plazos largos, el tiempo entre la adopción y los resultados varía según la práctica agrícola, el sistema de producción y el ciclo biológico; y g) crear un entorno propicio, condiciones propicias en lo económico y financiero.

En Bolivia no se aplican estas recomendaciones, que parecen saludables en términos técnicos, la política pública se caracteriza por responder a presiones coyunturales y otorgar beneficios de corto plazo para sobrellevar los momentos de crisis (sanitaria, económica, climática, entre otros). Es imperante profundizar la política pública nacional para alcanzar la sostenibilidad agrícola, resguardar nuestros recursos naturales, la diversidad cultural y biológica, potenciar equitativamente a los diferentes sistemas de producción que coexisten en las diferentes regiones agroecológicas. Además de la disponibilidad de recursos financieros, es fundamental establecer condiciones generales que favorezcan innovaciones tendientes a la sostenibilidad en los sistemas agroalimentarios. Para lo cual, un frente de abordaje es la implementación de incentivos para prácticas agrícolas sostenibles, con mecanismos y objetivos concretos, acompañado de eficientes sistemas de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de indicadores de productividad y ambientales.

Referencias citadas

Piñeiro, V. et al. (2021). Promover prácticas agrícolas sostenibles: De los incentivos a la adopción y los resultados. Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Promover-practicas-agricolas-sostenibles-De-los-incentivos-a-la-adopcion-y-los-resultados.pdf
Van del Ploeg, J. (2010). Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios. Icaria Editorial. Perspectivas agroecológicas. Barcelona, España.

(*) Especialista en investigación del CIPCA