Río Madre de Dios. Foto: Ximena Humerez
CIPCA / 18 de mayo de 2020.- La promulgación del Decreto Supremo Nº
4232/2020 por parte del gobierno nacional, en el cual se autoriza al Comité
Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la
evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente
modificados en sus diferentes eventos, tuvo una reacción de rechazo de parte del Comité Ejecutivo de la Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios – Pando (FSUTCRMD) como ente
matriz y representante de las organizaciones sociales del norte amazónico. El pronunciamiento se elaboró el viernes 15 de mayo en la comunidad Las Piedras del municipio Gonzalo
Moreno del departamento de Pando.
El rechazo ante esta medida se sustentó en el riesgo que significa la inserción de semillas transgénicas para la agricultura familiar campesina indígena con base agroecológica y por consiguiente para los sectores más vulnerables del país, habida cuenta de la gran probabilidad de pérdida de semillas ancestrales y culturales en el norte amazónico de Bolivia, las cuales forman parte del sustento de las familias campesinas e indígenas y que actualmente atraviesan una crisis social y sanitaria a consecuencia de los malos resultados de la zafra castañera y el duro golpe del COVID -19.
El pronunciamiento de la FSUTCRMD, las y los campesinos “rechazan, interpelan y se declaran en estado de emergencia ante el accionar del gobierno transitorio, considerando que favoreció únicamente al poderoso sector agroindustrial quien ha buscado por mucho tiempo legalizar la introducción de semillas genéticamente modificadas en Bolivia a pesar de las leyes N° 144 y N° 300”.
La Federación considera que, con esta medida inconsulta, el empresariado del agro lograría su objetivo unilateral con argumentos simplistas como la generación de empleos o el interpelado aumento de la productividad de estos productos, olvidando y dejando de lado las economías locales de campesinos e indígenas que consumen, producen y proveen alimentos saludables.
Se exige, en el pronunciamiento, la abrogación del decreto e insta a impulsar un modelo de desarrollo sostenible y sustentable, que incluya una nueva política productiva nacional de fortalecimiento agroecológico, de producción nacional campesina e indígena respetando los derechos humanos individuales y colectivos en sus territorios, así como la seguridad y soberanía alimentaria y que estos complementen al fortalecimiento del sistema inmunológico de las familias campesinas indígenas de Bolivia.
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.