
Las tres organizaciones indígenas matrices del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), junto con organizaciones de mujeres y jóvenes y las comunidades que habitan este territorio, expresaron una posición firme frente a la reactivación de la propuesta de construcción de la carretera Cochabamba–Beni. El nuevo escenario vuelve a colocar en el centro del debate nacional la defensa de los derechos colectivos, la integridad territorial y la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus territorios.
A través del Voto Resolutivo N.º 010/2026, las organizaciones indígenas del TIPNIS manifestaron su rechazo a la iniciativa legislativa que busca declarar como prioridad nacional la construcción de esta carretera. Según su posición, el trazado atravesaría el territorio indígena y área protegida, generando posibles afectaciones a sus derechos colectivos y territoriales, así como a los recursos naturales y las condiciones de vida de las comunidades que habitan el TIPNIS.
Un conflicto con más de una década de antecedentes
El actual debate tiene antecedentes que se remontan a 2006, cuando mediante la Ley N.º 3477 se declaró de prioridad nacional la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos. Dos años después, en 2008, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la construcción del proyecto a la empresa brasileña OAS y se suscribió el contrato correspondiente para su ejecución.
La propuesta adquirió una dimensión nacional en 2011, cuando pueblos indígenas del TIPNIS protagonizaron la VIII Marcha Indígena, desde Trinidad hacia La Paz, para expresar su rechazo al proyecto y defender su territorio. La movilización estuvo marcada por los hechos de represión ocurridos en Chaparina el 25 de septiembre de ese año y posteriormente culminó con la aprobación de la Ley N.º 180, promulgada el 24 de octubre de 2011.
Esta norma declaró al TIPNIS como patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica y territorio de los pueblos indígenas que lo habitan, estableciendo su carácter intangible.
Sin embargo, la aprobación de la Ley N.º 180 no puso fin al conflicto. En febrero de 2012 fue promulgada la Ley N.º 222, que estableció un proceso de consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS sobre dos aspectos centrales: la condición de intangibilidad del territorio y la posibilidad de construir la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.
La propia Ley N.º 222 hizo referencia al derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido por la Constitución Política del Estado y por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese mismo año, una nueva movilización indígena, la IX Marcha, llegó nuevamente a La Paz en rechazo al proceso de consulta impulsado mediante la Ley N.º 222. El proceso concluyó oficialmente en diciembre de 2012 y el Estado sostuvo que una mayoría de las comunidades consultadas aceptaba la construcción de la carretera, reportando como resultado que 58 de las 69 comunidades consultadas se pronunciaron a favor.
No obstante, el proceso fue cuestionado por organizaciones indígenas y por distintos informes, principalmente debido a las condiciones y características en las que se desarrolló la consulta.
Las organizaciones indígenas retoman su posición
Más de una década después, el debate vuelve a posicionarse en el territorio. La Subcentral de Pueblos Indígenas del TIPNIS, la Subcentral del Sécure y el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) asumieron un nuevo posicionamiento en el marco de una reunión extraordinaria, expresando su rechazo a la reactivación de la propuesta carretera.
En este contexto, el Voto Resolutivo N.º 010/2026 también ratifica la decisión adoptada en el Magno Encuentro de Corregidores del TIPNIS de marzo de 2023, instancia en la que las comunidades expresaron su rechazo a la construcción del tramo carretero.
La nueva posición de las organizaciones indígenas evidencia que, pese al tiempo transcurrido, la carretera continúa siendo un tema no resuelto para las comunidades del TIPNIS y vuelve a poner en discusión aspectos relacionados con la protección territorial, los derechos colectivos, la gobernanza indígena y la participación de los pueblos en las decisiones que afectan sus territorios.
Emergencia y vigilancia permanente
Ante lo que consideran una nueva amenaza para la integridad territorial y los recursos naturales del TIPNIS, las comunidades indígenas se declararon en emergencia y vigilancia permanente.
Asimismo, las tres organizaciones matrices advirtieron que, si las autoridades nacionales continúan impulsando o financiando el proyecto carretero, promoverán acciones de defensa junto con las comunidades del territorio.
La reactivación del debate plantea nuevamente la necesidad de considerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la protección de un territorio que también tiene la condición de área protegida y los mecanismos de participación y consulta establecidos por el marco jurídico nacional e internacional.
Para las organizaciones indígenas del TIPNIS, la defensa del territorio continúa siendo una prioridad. Su nuevo posicionamiento coloca nuevamente sus voces y decisiones comunitarias en el centro de una discusión que trasciende la construcción de una carretera y que involucra el futuro del territorio, sus recursos naturales y los derechos de los pueblos que lo habitan.
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