16/12/2025

Autogobierno en acción, la respuesta integral de la CPEM-B frente a la crisis: emergencia territorial y salto electoral

Álvaro Céspedes Quiroz - CIPCA Regional Beni

En un contexto de crisis política, económica y ambiental que amenaza derechos y territorios, las organizaciones indígenas aglutinadas en la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) llevaron a cabo su Reunión Consultiva Extraordinaria los días 10 y 11 de diciembre de 2025. El encuentro, que congregó a subcentrales, organizaciones de mujeres, jóvenes y líderes históricos, y que contó con el acompañamiento técnico y jurídico de instituciones aliadas como el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), centró su debate en un exhaustivo análisis de la coyuntura nacional y regional. De estas deliberaciones, surgió un contundente pronunciamiento público que dio paso a dos decisiones estratégicas y complementarias, la declaratoria de ‘Estado de Emergencia’ ante la ofensiva extractivista y la determinación de participar en las elecciones subnacionales de 2026 con una candidatura propia a la alcaldía de San Ignacio de Moxos.
El pronunciamiento público de la CPEM-B es el resultado de un análisis colectivo y situado sobre la crisis multidimensional que atraviesa Bolivia. En el marco de la reunión, las organizaciones identificaron que el núcleo de la crisis se encuentra en el agotamiento histórico del modelo rentista del gas natural. Este ciclo, que durante décadas financió un proyecto redistributivo y un pacto de estabilidad relativa, ha colapsado, dejando al país en un vacío fiscal y una severa inestabilidad que define una fuerte reorientación del proyecto de Estado Plurinacional. La reunión caracterizó este momento como un período de disputa por la reconfiguración del poder, las prioridades nacionales y el sentido mismo del desarrollo.
Frente a este vacío, el diagnóstico consensuado señala que el nuevo gobierno ha optado por una reorientación estratégica radical, priorizar una alianza orgánica con los sectores del agronegocio y el extractivismo. Este giro implica la subordinación explícita de las políticas ambientales, de tierras y de derechos colectivos indígenas a una lógica de expansión productivista sin límites. Lo que se configura, concluyó el encuentro, es un proceso de desmantelamiento del Estado Plurinacional como proyecto político que buscaba incluir a quienes históricamente fueron excluidos por las políticas racistas y colonizadoras del Estado republicano.Desde esta perspectiva, las medidas gubernamentales no son vistas como ajustes administrativos aislados, sino como pruebas consecutivas de una reestructuración deliberada, analizadas punto por punto en la reunión:

- La eliminación de ministerios clave: la desaparición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, junto al nombramiento de representantes directos de los sectores agroexportador y extractivo en carteras estratégicas, fue identificada como un intento de desactivar las institucionalidades creadas para proteger los derechos de la Madre Tierra y los pueblos indígenas. Esto busca reemplazar la renta gasífera decadente por una nueva matriz económica basada en la agroexportación intensiva, la minería y la mercantilización de la naturaleza (bonos de carbono, tierras raras), privilegiando la ganancia privada sobre los derechos colectivos.

- El sabotaje a la autonomía territorial: el proceso de saneamiento de tierras, ya inconcluso y dejando en incertidumbre decenas de demandas históricas, se ve agravado estratégicamente con el traslado del INRA al Ministerio de la Presidencia. Este movimiento, se analizó, somete la política de tierras a la lógica del control político central, alejándola de su mandato técnico y de derecho, y facilitando su manipulación para congelar o revertir la titulación colectiva.

- La folklorización de la descolonización: la reducción del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a un ‘Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía’ fue denunciada como un ataque simbólico y material a la lucha contra el racismo estructural. Se abandona el mandato de generar políticas para recuperar y promover las culturas indígenas como sistemas de vida, reduciéndolas a espectáculo y mercancía turística.

- La judicialización de la vulnerabilidad: el cierre del Ministerio de Justicia y la consecuente desprotección de pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, al dejar sin efecto las acciones de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO), fue señalado como el desarme de los mecanismos específicos de protección, dejando en riesgo la supervivencia física y cultural de pueblos en situación crítica.

- La cooptación de los recursos indígenas: la opacidad y desviación de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) fue caracterizada como el vaciamiento de una conquista histórica, rompiendo el vínculo entre el recurso y la autodeterminación de los pueblos para definir sus proyectos de vida.

- Este nuevo proyecto nacional, concluyó el pleno de la CPEM-B, se traduce en amenazas concretas de etnocidio y biocidio sobre sus territorios, la expansión de la frontera agropecuaria, la minería aurífera contaminante, la imposición de bonos de carbono sin consulta, la paralización de la titulación y políticas que atentan directamente contra su integridad.Frente a este escenario de ‘amenazas agravadas’ diagnosticado colectivamente, la CPEM-B no se limitó a la denuncia. En el marco de la misma reunión consultiva, y como consecuencia lógica del análisis realizado, se tomó una decisión estratégica de participar en las Elecciones Subnacionales de marzo de 2026. La asamblea decidió concentrar esfuerzos iniciales en el municipio de San Ignacio de Moxos, por ser un espacio con una base poblacional y organizativa sólida y una historia de lucha de la organización.

Esta decisión se tomó bajo principios claros que reflejan un aprendizaje político de experiencias pasadas. Siendo que, en procesos electorales anteriores, la CPEM-B apoyó estratégicamente candidaturas de personas ajenas a la comunidad y la organización para cargos principales, con la expectativa de que representaran sus intereses. Sin embargo, una vez en funciones, estos actores frecuentemente marginaron las demandas indígenas o priorizaron agendas ajenas a los territorios. Por ello, en esta ocasión se estableció de manera explícita que se priorizará la postulación de compañeras/os dirigentes o bases representativas. Este mandato busca  evitar la cooptación y garantizar una representación auténtica y vinculante que responda orgánicamente a las luchas del territorio.
En ejercicio de las normas y procedimientos propios, la reunión consultiva eligió como candidato a la alcaldía a Gregorio Nuni Yaca, representante del Gran Cabildo de San Ignacio de Moxos. Esta elección interna es, en sí misma, un acto de afirmación de autonomía y autogobierno, y señala un giro hacia la construcción de poder político propio, sin intermediaciones que diluyan su voz.

La estrategia electoral de la CPEM-B contempla tejer alianzas concretas con otras organizaciones sociales, sectores productivos locales y actores urbanos del municipio. Este esfuerzo de articulación busca construir una plataforma municipal amplia y representativa que, sin ceder la dirección política indígena, logre integrar las demandas comunes de desarrollo territorial, como la gestión sostenible de los bienes comunes, el acceso a servicios básicos con pertinencia cultural y la defensa frente a presiones extractivas externas. El objetivo es pasar de la resistencia a la propuesta de gobierno local, basada en un diálogo intercultural que fortalezca la autonomía y el bienestar colectivo de San Ignacio de Moxos.

Acceda al Pronunciamiento público de la CPEM-B

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