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XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: La sociedad del cuidado, horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género.

XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: La sociedad del cuidado, horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género.

Autor: Isabel Mamani Subirana - CIPCA Regional Santa Cruz
Fecha: 10/11/2022

Con un llamado a transitar hacia una sociedad del cuidado para lograr una recuperación sostenible con igualdad de género en los países latinoamericanos y caribeños fue inaugurada el martes 8 de noviembre, en Buenos Aires la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe con la participación del Presidente de Argentina, Alberto Fernández.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), convocada con carácter permanente y regular, con una frecuencia no superior a tres años, para identificar la situación regional y subregional respecto a la autonomía y derechos de las mujeres, presentar recomendaciones para políticas públicas de igualdad de género, realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales y brindar un foro para el debate sobre la igualdad de género. Es organizada por la CEPAL, como Secretaría de la Conferencia y, desde 2020, en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

De acuerdo a su mandato, corresponde a la CEPAL convocar a los Estados miembros a la Conferencia Regional. De conformidad con el Reglamento de la Comisión, las invitaciones que la CEPAL curse a los Estados miembros y miembros asociados de la CEPAL, en su calidad de participantes, y a otros Estados miembros de las Naciones Unidas, con carácter de observadores, así como a representantes del sistema de las Naciones Unidas, de organismos intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, e invitados especiales, deberán ser enviadas seis semanas antes de la Conferencia por la Secretaría Ejecutiva.

El evento organizado por la CEPAL y ONU tiene como principal tema “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”; congrega hasta el viernes a representantes de gobiernos, de organismos de las Naciones Unidas e intergubernamentales, de la academia y de la sociedad civil, en particular movimientos de mujeres y feministas. Se trata del principal foro intergubernamental regional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género que este año celebra su 45 aniversario.

Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, indicó que “como país proponemos aprovechar esta instancia para avanzar hacia una sociedad del cuidado, al tiempo que apostamos a generar un verdadero espacio de encuentro, para afianzar compromisos que profundicen lo conseguido en estos 45 años de historia de la Conferencia Regional y de la Agenda Regional de Género. Planteamos como un objetivo prioritario impulsar un cambio de paradigma que priorice la sostenibilidad de la vida y que avance a un nuevo modelo de desarrollo en el que las mujeres y LGBTI+ se ubiquen como actoras centrales”.

El programa de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer incluye el lanzamiento de diversos documentos con recomendaciones de política, un debate de alto nivel sobre la sociedad del cuidado, paneles temáticos sobre financiamiento de los cuidados y cuidado del planeta y una mesa redonda sobre corresponsabilidad de los cuidados, además de 30 eventos paralelos, el Foro Feminista y el Foro Parlamentario, entre otras actividades.

En el marco del Foro feminista, se elaboró un documento de propuestas desde la sociedad civil, donde se establecieron 20 puntos, destacando y reclamando la justicia social, justicia económica y justicia de género:

  1. El derecho al cuidado tiene que ser considerado como un derecho humano desde una doble exigencia: en primer lugar, los Estados deben garantizarlo a todas las personas independientemente de su situación de vulneración o dependencia. En segundo lugar, el trabajo de cuidados sostiene a las sociedades de tal manera que es fundamental que los Estados -y la sociedad en general- reconozcan su importancia y el impacto que este ha generado y genera a las mujeres y niñas debido a su injusta distribución.
  2. Los Estados tienen la obligación de adoptar e implementar leyes, políticas y programas con suficiente presupuesto dirigidos a la creación de sistemas integrales de cuidado que desarrollen infraestructuras y servicios accesibles, próximos y de calidad y que incorporen una perspectiva de género, de interseccionalidad y con pertinencia cultural, con un enfoque feminista que analice y comprenda el impacto del cuidado en las vidas de las mujeres y niñas en toda su diversidad. Los sistemas de cuidado deben asumirse como una inversión, no como un gasto y deben contemplar la co-responsabilidad del Estado, las comunidades, las familias y el mercado.
  3. Hacemos una exigencia a los Estados para prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia basada en género que enfrentan las mujeres, juventudes, adolescentes y niñas, particularmente las mujeres trans, travestis, las trabajadoras migrantes y refugiadas, incluyendo la trata y el tráfico, la explotación laboral y sexual, el acoso, el desarraigo territorial y cultural, la vulneración de las creencias de mujeres indígenas que llegan a trabajar a casa de familias y todas las formas de violencia sexual, así como los feminicidios y transfeminicidios.
  4. Los desalojos y otros procesos de expulsión producto de la voracidad inmobiliaria y extractivista -tanto sobre los territorios ancestrales como los urbanos- amenazan la vida de las comunidades y son causa de migraciones forzadas y mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad. En este sentido reclamamos a los Estados mayores esfuerzos para garantizar el acceso de las comunidades campesinas y de pueblos originarios y afrodescendientes al agua y a la tierra, como aspectos clave que permiten el sostenimiento de experiencias de cuidados comunitarios. Asimismo, reclamamos se garantice el uso social de la tierra en los territorios urbanos, y el acceso a una vivienda digna y a infraestructuras y servicios que permitan la colectivización de los trabajos de cuidado.
  5. Hacemos un llamado insistente para contar con datos estadísticos desagregados por edad, por grupos étnico raciales como pueblos indígenas y afrodescendientes, sexo, estado civil, identidad de género, orientación sexual, discapacidad y todos aquellos que resulten necesarios para tener más información sobre el trabajo de cuidados; para la generación e implementación de políticas públicas según necesidades de las mujeres en toda su diversidad.
  6. Los Estados deben impulsar una agenda de cuidados que considere a las niñas y adolescentes como sujetas de derecho, aportando a minimizar la imposición de responsabilidades de cuidados como algo que no les corresponde, reconociendo el valor y el impacto del trabajo no remunerado que realizan y transformando la mirada adultocéntrica que ha prevalecido hasta ahora en una más inclusiva, respetuosa y que promueva la solidaridad intergeneracional. Porque la desigual distribución del trabajo no remunerado les restringe las posibilidades de salir del espacio doméstico para la recreación y la participación en actividades sociales, políticas y comunitarias, así como continuar con su educación. Por lo tanto, es necesario generar para jóvenes fuentes de empleos formales y flexibles que permitan -en especial a aquellas casadas o unidas- tener un ingreso digno para que cuenten con más opciones para formar o continuar su plan de vida.(*)

La noción de sociedad del cuidado propone un cambio de paradigma que ponga la vida en el centro y conduzca hacia sociedades más justas, sostenibles e igualitarias, con Estados orientados al fortalecimiento de la protección social y el cuidado del planeta, esto supone una construcción colectiva y multidimensional para desatar los nudos estructurales de la desigualdad de género y ubicar el cuidado de las personas y del planeta en el centro del desarrollo sostenible.

Para ello es preciso reconocer el derecho al cuidado que implica garantizar el derecho de cada persona en las tres dimensiones del concepto (cuidar, ser cuidado y autocuidarse), reconocer el valor del trabajo de cuidado y garantizar los derechos de las personas que proveen cuidado. También supone superar la asignación estereotipada del cuidado como una responsabilidad de las mujeres y avanzar en la corresponsabilidad en la provisión de cuidados tanto entre hombres y mujeres, como entre el Estado, los mercados, las comunidades y las familias.(**)

En Bolivia 4,5 millones de personas necesitan cuidado. Son niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad. Cerca de tres millones de ellos viven en hogares pobres y vulnerables. Las mujeres bolivianas dedican cerca de 7 horas diarias a trabajos de cuidado, casi el doble que los hombres, con consecuencias en su derecho al trabajo y la educación.(***)

En la Constitución Política del Estado se reconoce el valor económico del trabajo del hogar. Más todavía: se lo asume como fuente de riqueza, por lo cual debe incluirse en las cuentas públicas. Sin embargo, este principio constitucional no necesariamente se expresa en las instituciones, ni en las políticas públicas, ni en los presupuestos. Hay avances en alguna normativa, en especial a nivel departamental y municipal. Y de destinan recursos públicos para el cuidado, pero están fragmentados o dispersos en diferentes ámbitos y materias. Sin embargo, creemos que esta transformación es no solo necesaria, sino también posible. Y Para lograrlo se requieren nuevos acuerdos sociales y políticos en el marco de un debate público que permita afianzar la ruta para la construcción de un sistema nacional de cuidado.

El cuidado está al centro de la sostenibilidad de la vida. Es una responsabilidad, pero también es un derecho.

Desde el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA y otras OSC que desde hace muchos años desarrollan acciones positivas para disminuir las brechas de género y apuntan hacia el liderazgo transformador de las mujeres indígenas originarias campesinas de Bolivia, a través de diversas acciones que contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas: La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

  • Se fortalece a las organizaciones indígenas originarias campesinas a través de la promoción de prácticas democráticas como parte su vida orgánica, con énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos internos de control social, la mejora de la participación política y el avance en el empoderamiento de las mujeres.
  • Desarrollo de capacidades y construcción de políticas públicas, para que el liderazgo, participación y aporte económico de las mujeres reconocido y visibilizado en espacios locales, departamentales y nacionales.
  • Empoderamiento de las mujeres indígena originario campesinas para su participación política y orgánica y posicionamiento de su agenda en los diferentes niveles de las organizaciones mixtas y de mujeres.(****)

Enlace: PDF de la Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV CRM



(*) Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV CRM, 2022.

(**) La Sociedad del Cuidado Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. CEPAL 2022.

(***) Informe para la acción. OXFAM 2019.

(****) Memoria Institucional CIPCA; 2021.

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