CIPCA Notas

Pueblos indígenas enemigos del modelo

Autor: Pamela Cartagena (*)
Fecha: 16/10/2013

Esta afirmación fue una de las coincidencias de las dos exposiciones internacionales de la mesa Modelos de Desarrollo: Capitalismo en la Amazonía y Extractivismo en Los Andes llevada a cabo hace unos días en el marco del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural. No se trata de una frase cliché sino de la realidad que enfrentan los pueblos indígenas andino amazónicos  que constantemente generan manifestaciones y demandas por el respeto a sus formas de vida, la integridad de sus territorios, la no contaminación de sus recursos naturales, el derecho a ser tomados en cuenta, entre otros, esto es, sencillamente su demanda por  el cumplimiento de sus derechos y la eliminación de la exclusión socio económica a la que han estado sometidos.

El análisis abordado por Guillerme Carvalho de Brasil y Miguel Palacín de Perú con base a investigaciones y experiencias vivenciales en torno a los megaproyectos en la amazonía y a la minería en Los Andes, respectivamente, develó que el capitalismo y el extractivismo son modelos de desarrollo no solamente vigentes sino que se han fortalecidos y gozan de un vigoroso respaldo estatal en la región que se caracterizan por la violación de derechos de los pueblos indígenas y el despojo y control de los territorios indígenas; teniendo el capitalismo como una importante fortaleza la capacidad de actuar y lograr sus propósitos en diferentes niveles, así, no sólo se alía con los gobiernos sino también con distintos sectores de la sociedad civil.

Los crecientes conflictos socio ambientales en la región andino amazónica se gestan en la lógica antagónica de los pueblos indígenas frente al avance capitalista extractivista, por un lado;  y en el afán de los gobiernos por garantizar el crecimiento económico sin importar los costos sociales y ambientales, por el otro. Si bien tras la emergencia de gobiernos progresistas se ha anunciado una ola de modelos alternativos al primario-exportador, la concreción  de éstos es realmente escasa. Voluntad política no ha faltado, pues importantes reformas constitucionales han acompañado el proceso de transformación de éstos Estados, pero al parecer el capitalismo y extractivismo están bien asentados en la región y a los gobiernos no les queda más que seguir apostando por éstos; por su parte, las organizaciones indígena campesinas tampoco han cesado su resistencia ante la imposición de este modelo avasallador.

Basta dar una mirada panorámica a la región para constatar que un sinnúmero de avasallamientos y vulneraciones sobre los territorios, los recursos naturales y las poblaciones indígenas suceden cotidianamente, el denominador común, estar asentados en espacios donde están los intereses del capitalismo y el extractivismo –esto es los minerales, el petróleo, el gas natural, la madera, el agua y la tierra, entre otros-, y contar con gobiernos que poco hacen para garantizar sus derechos. Según  datos de la Red Amazónica de Información Socio ambiental (2012) alrededor de 240.000 km2 han sido deforestados con fines de implementar el agro negocio en la selva amazónica, se han construido 96.500 km de carreteras orientadas a conectar lugares donde se explotan recursos naturales con el mercado sobre tramos que atraviesan áreas protegidas, cuencas hidrográficas y territorios indígenas, se han dado en concesión 327 lotes petroleros con una extensión de más de 1 millón de km2 que representa el 14% de la Amazonía, y se han construido 417 hidroeléctricas la mayoría situadas sobre áreas protegidas y territorios indígenas.

En Brasil, desde hace décadas los pueblos indígenas vienen denunciando el avasallamiento y expulsión de sus territorios por la incursión de la producción agroindustrial o los megaproyectos de infraestructura vial y energética, recientemente tras la celebración de los 25 años de la constitución brasileña en las principales ciudades de ese país se han gestado diversas manifestaciones lideradas por indígenas amazónicos exigiendo el respeto a sus derechos y rechazando la delimitación de sus territorios; en Colombia numerosos pueblos han sido desplazados de sus lugares de origen por conflictos armados, la producción ilícita de coca y la minería, y hace sólo unos días, fue asesinada una importante lideresa campesina defensora de derechos humanos que últimamente impulsaba acciones de defensa del medio ambiente afectado por la minería; en Perú los derechos territoriales son limitados y son frecuentes los desencuentros entre gobierno y pueblos indígenas respecto al uso y aprovechamiento de éstos, en los últimos años  han acontecido una serie de hechos en torno a las demandas indígenas contra las empresas extractivas mineras que van generando desplazamientos forzosos de los pueblos indígenas, de ellos el caso Bagua es el más emblemático por la intervención gubernamental; en Bolivia en los últimos años se han gestado nueve marchas indígenas demandando el derecho a la tierra, el territorio y la autodeterminación de los pueblos indígenas, las últimas dos lamentablemente han llevado un saldo negativo para los pueblos indígenas que además de haber sido vejados en sus derechos han quedado fracturados orgánicamente.

Es más que evidente la dificultad de los gobiernos de la región para concretizar los derechos de los pueblos indígenas, incluso en nuestro país que cuenta con una Constitución favorable a los pueblos indígenas y tiene la característica de ser un Estado plurinacional. Esta dificultad a nivel regional es corroborada por el reciente informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas que reconoce que “queda mucho por hacer para convertir en realidad los objetivos de la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas y demanda a despertar la  conciencia acerca de los valores y preocupaciones de derechos humanos representados en la Declaración para mejorar la situación de los derechos de los pueblos indígenas del mundo”.

Muchos gobiernos en lugar de revisar y reorientar sus acciones han optado más bien por criminalizar la protesta de los pueblos indígenas y volcarse a favor de las empresas capitalistas y extractivas; en la región muchos líderes y dirigentes indígenas son encarcelados e incluso desaparecidos, muchas organizaciones indígenas son intervenidas, cooptadas y fragmentadas, y por supuesto, muchos defensores de los derechos humanos también son cuestionados. Por la división interna de algunas organizaciones indígenas, algunos sectores están siendo entrampados en los almíbares del capitalismo y extractivismo que aprovechando las necesidades básicas en general insatisfechas en estos pueblos y su escasa conectividad con la modernidad dotan de bienes y servicios temporales a cambio del consentimiento y aprobación de megaproyectos.

La puesta en marcha de modelos alternativos es compleja pero es posible en la medida que se tenga la decisión de hacer el cambio desde el gobierno y la sociedad para lo cual sin duda es necesario escuchar y aprender de las vivencias y perspectivas de los distintos actores, pues hay muchos insumos desde la vivencia de los pueblos andino amazónicos que pueden facilitar la concreción del paradigma del Vivir bien. En el caso de Bolivia y los otros países que se han propuesto refundar sus Estados será  importante atender a los mensajes de la naturaleza traducidos en las crisis ambiental, económica, energética y de valores que nos llama a repensar en nuestros patrones de consumo y acumulación si es que no queremos que en un futuro no muy lejano se tengan efectos irreversibles para la salud humana y ambiental.

 

(*) Pamela Cartagena - Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural.

 

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Artículo publicado en La Razón hoy miércoles 16 de octubre.

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