Autor: Vivian Algarañaz (*)
Fecha: 05/11/2010
En 2004 se conformó un Concejo Municipal con cuatro concejales/as indígenas y un mestizo; de los cuatro indígenas uno solo fue elegido de manera orgánica. De los cinco concejales, sólo una era mujer.
En las elecciones de 2010 el Concejo Municipal quedó constituido en su totalidad por indígenas, siendo tres de ellas mujeres, lo que posibilitó la elección de Marina Cuñaendi como Presidenta de éste órgano legislativo municipal, rompiendo con un esquema que se ha dado durante años en el gobierno municipal de Urubichá.
La novedad radica en que las mujeres, pese a ser de diferentes líneas políticas, han logrado establecer una alianza entre ellas. Es así que Cuñaendi (MAS) fue designada para presidir el concejo municipal con los votos de Antonia Cuñanchiro (Agrupación Ciudadana Guarayos Hoy) y de Gabriela Yamba (Agrupación Todos por Santa Cruz), con el compromiso y reto de “hacer una gestión diferente, eficaz y transparente, para recuperar la credibilidad entre indígenas guarayos” como indicó en el momento de su posesión Marina Cuñaendi. Este hecho fue cuestionado por sus propios compañeros de sigla, pero ellas no desmayaron.
La participación política de las mujeres continúa siendo dificultosa y cuestionada, no únicamente por los hombres sino por las propias mujeres, puesto que todavía vivimos en una sociedad que discrimina y desvaloriza a la mujer. Las concejalas saben que tienen al frente un enorme reto para ejercer el rol de servidoras públicas, que implica enfrentar prejuicios personales, familiares, políticos, pero sobre todo el machismo y unas estructuras patriarcales bien arraigadas.
Sin embargo, el reconocimiento del aporte de la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad y la unidad de las mujeres –como es el presente caso- es fundamental para avanzar en el equilibrio en las relaciones de poder en los ámbitos económico, político y social.
Lo acontecido en Urubichá nos muestra que sí es posible ir superando barreras y situaciones de exclusión de las mujeres –principalmente de las indígena originaria campesinas– para ser partícipes y gestoras de procesos de desarrollo económico, social, político y cultural.
Para acompañar estos avances en la participación de la mujer en espacios de poder es importante que en el desarrollo normativo post constituyente y la renovación de las normas internas de las organizaciones indígenas y campesinas mixtas se incorporen debidamente los derechos de paridad, alternancia, igualdad y equidad de género, tal como establece la Constitución Política del Estado. Lo que reforzará sin duda experiencias como el de las concejalas de Urubichá
(*) Vivian Algarañaz es socióloga CIPCA Santa Cruz.
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.