CIPCA Notas

Mapuches vs Ley antiterrorista

Autor: Xavier Albó (*)
Fecha: 04/10/2010

Por razones de viaje, escribo con adelanto y espero que, al publicarse esta nota, la huelga de hambre que desde hace más de dos meses está realizando un grupo de 34 presos mapuches en Chile, ya haya logrado lo que pide. Hay indicios de que así sea. Pero se dé o no este paso para mí es indispensable y vale la pena dedicarle estas líneas.

El principal reclamo de esos mapuches, desde años atrás, es que no se les siga juzgando por la ley anti-terrorista de los terríficos años de la dictadura militar. Tienen toda la razón del mundo. No cabe en la lógica democrática que un asunto de protesta social, sobre asuntos tan legítimos como es la defensa del propio territorio,  deba ser juzgado con la dureza de una ley pensada por una dictadura para mantenerla. Por ejemplo, aun en la hipótesis de que en algunas acciones de protesta algunos se hubieran extralimitado y merecieran cierta sanción, esa ley antiterrorista les triplicaría la pena.

Tal aberración jurídica, que tiene incluso cierto sesgo de discriminación racial, ha sido criticada desde hace años tanto dentro como fuera de Chile. Dentro de su país los mapuches cuentan, por supuesto, con el apoyo de otros sectores desde grupos sociales y populares afines hasta intelectuales como el prestigioso abogado José Aylwin, hijo del primer presidente democrático tras la dictadura y fundador del Observatorio de Derechos Indígenas. Recientemente se les unió también a la huelga un grupo nutrido de religiosos y religiosas.

Fuera del país, ha protestado desde años atrás y en términos muy claros el primer Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos humanos entre los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen; y hace apenas unos días lo ha reiterado su sucesor James Anaya. Esta preocupación la han expresado también otros órganos de los Naciones Unidas, incluyendo el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

¿Qué podría explicar este terco mantenimiento de medidas dictatoriales en un país que ahora tanto se enorgullece de su consolidación democrática?

Más allá de posibles razones coyunturales, como apoyar a las empresas capitalistas con fuertes inversiones en territorio indígena, quiero subrayar otro elemento reiterado dentro de las políticas de Estado en Chile: Le cuesta entender y aceptar la problemática específica de los pueblos indígenas y, en particular, del pueblo Mapuche que es, por mucho, el más numeroso. Ya declaraba Pinochet: “en Chile no hay indígenas, sólo chilenos”.

Restablecida la democracia, el Estado aprobó una ley indígena. Pero, por otra parte, Chile ha sido uno de los países latinoamericanos que más se ha resistido a ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Lo hizo recién en 2009. Por suerte, una vez ratificado, algunos jueces ya han empezado a aplicarlo a favor de los indígenas.

Esperemos que esos primeros pasos lleven al siguiente. No se debe buscar sólo hacer arreglos coyunturales con los actualmente juzgados. Hay que acudir a la raíz y modificar la figura jurídica: protestas sociales no son acciones terroristas; y si en algún punto sus acciones trasgreden la ley, basta juzgarlas como otros delitos comunes.

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(*) Xavier Albó es antropólogo, lingüista y jesuita.

 

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