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La importancia de establecer criterios de confianza en torno al Censo.

La importancia de establecer criterios de confianza en torno al Censo.

Autor: Martin Torrico Zas - CIPCA UAP
Fecha: 01/11/2022

Las condiciones técnicas para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en Bolivia pasan por la necesidad estratégica de estudiar la heterogeneidad de la población y su territorio, realizando un diagnóstico, evaluando sus dinámicas y preparando escenarios de prospectiva. Para esto se debe transitar por una etapa de actualización de la cartografía, gestión de la información para estudios estadísticos y modelización.
La actualización de la cartografía es un elemento fundamental para tener conocimiento más preciso de los asentamientos y la distribución de la población, más aún en un contexto geográfico tan diverso que presenta país. Este proceso debe permitir relevar los datos de la población urbana pero también rural asentada en las distintas regiones como Amazonía, Altiplano, Chaco, Valles y Oriente. Para esto, es necesario que el INE incentive una amplia participación de las Organizaciones Indígenas Originarias y Campesinas mediante la conformación de equipos comunitarios que con la capacitación necesaria y en base a criterios de calidad no se repitan las omisiones del Censo 2012. En este sentido es necesario profundizar también el debate en cuanto a los criterios orientadores del proceso censal para procurar alcanzar la mayor eficiencia informativa en la aplicación de las boletas censales. Esto permitirá contar con elementos de juicio para una correcta definición de políticas económicas, sociales, educativas, de salud y de vivienda. En este sentido, la CEPAL ha generado una serie de recomendaciones que tienen que ver, entre otras, con la incorporación de los enfoques étnico y de género como transversales para la construcción de las boletas censales en la región.
Una de estasrecomendaciones tiene que ver con priorizar el enfoque de género de forma transversal que permitirá medir el estado de situación en el cumplimiento de derechos específicos en relación a las vulneraciones estructurales. Más allá de lo programático que incorpora necesariamente una visión de mediano plazo articulada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es importante medir la persistencia en las desigualdades de los procesos de toma de decisiones, discriminación en razón de género y violencia que refuerza relaciones inequitativas en la distribución del poder, en el acceso a sistemas de salud y a un medio ambiente sano. Está pendiente también el desafío de operativizar y aportar a la consolidación de las Entidades Territoriales Autónomas, centradas en la consolidación de las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC) tanto en términos poblacionales como regionales. Para esto, profundizar en el enfoque étnico es fundamental para adaptar los contenidos censales a la pertinencia cultural y el análisis de información que en su valoración práctica permita dar seguimiento a los Planes de Vida de territorios y comunidades indígenas y campesinas, así como las prioridades políticas de estas poblaciones, que, en su conjunto, son parte constitutiva del Estado Plurinacional con Autonomías.
Desde CIPCA, consideramos importante visibilizar algunos aspectos técnicos de las nuevas ruralidades que vive el país, en el sentido de profundizar en el análisis de la boleta censal, la posibilidad de inclusión de códigos censales específicos para su aplicación en los nuevos Gobiernos Autónomos Indígenas Originario Campesinos (GAIOC) qué existen en el país, donde las organizaciones indígenas perciban como importante su incorporación en aspectos estratégicos vinculados con su autoidentificación y su carácter participativo desde los territorios indígenas. En este sentido es necesario que, mediante el diseño cartográfico, se pueda identificar cuales son las tendencias actuales de reocupación territorial que presentan algunas TIOC, altamente presionados por asentamientos y avasallamientos ilegales en ciertos territorios indígenas.
El Censo en si es una herramienta técnica fundamental para la actualización de datos estadísticos sobre características poblacionales, sociales, económicas, el acceso a servicios básicos, así como de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que permiten conocer el estado de situación en cuanto a las características de la vivienda, hacinamiento, disponibilidad de agua potable, acceso a educación y capacidad económica. Los datos de NBI también son actualizados en los periodos intercensales con las Encuestas de Hogares y Empleo, entre otras herramientas fundamentales para medir los índices de pobreza en el país. En este campo también existen innovaciones en la aplicación de nuevas metodologías para la medición de la incidencia de la pobreza como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que permite abordar de manera integral tanto la incidencia de la pobreza y la intensidad de la misma. Algunos de los países que ya han aplicado la medición del IPM son Paraguay, Ecuador, Chile y Colombia, lo que permitiría la posibilidad de comparar los datos con estos países y generar estrategias conjuntas en cuanto a temas migratorios y de seguridad, entre otros. Sin duda, un tema pendiente para la operativización de los procesos censales en Bolivia y las Encuestas de Hogares, entre otras, es también la incorporación de tecnología específica en cada una de las etapas del proceso censal.
El Censo toma mayor relevancia en el contexto post pandemia también desde la perspectiva económica, que proyecte reducir la pobreza aplicando otros criterios para la redistribución equitativa de los ingresos, sin limitar el asunto a un criterio poblacional. Es así que la realización de Censo moviliza y preocupa a la población y a las autoridades políticas de los distintos niveles del Estado, ya que Independientemente que este se realice el 2023 o 2024, impactará en términos de transferencia de los recursos de coparticipación tributaria, destinados al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en los distintos territorios del Estado Plurinacional de Bolivia.
En los municipios rurales, intranquiliza que los ingresos por transferencia de coparticipación tributaria, disminuyan a causa del crecimiento lento de la población. Las estimaciones del INE para el 2022 muestran un peso poblacional diferenciado en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí y por tanto en la asignación de recursos en rangos negativos, que oscilan entre el- 4% al -6%. Esta situación contrasta con otros departamentos que muestran rangos positivos desde un modesto 0,5% en el caso de Cochabamba a un 6,32% en Santa Cruz. Destaca en la lista el caso de Pando con una asignación del 23,72%. En este escenario hay que considerar que el aporte histórico de los pueblos indígena originarios campesinos a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico del país, son sustanciales, sobre todo, porque generan además beneficios sociales, ambientales y culturales para toda la población. También se deben considerar dinámicas como la doble o triple residencia o las pluriactividades, y enfatizar con más precisión su importancia y relevancia para el mundo campesino indígena y la dinámica de la economía nacional. El factor de distribución de los recursos, es un elemento altamente sensible, y en este sentido es importante considerar otros criterios establecidos en la CPE que en su artículo 323 indica que la política fiscal debe tomar criterios de igualdad, proporcionalidad y capacidad recaudatoria.
De esta manera definición de los lineamientos temáticos que debe contener la boleta censal deben estar centrados en la necesidad de información que Bolivia requiere, con base a datos demográficos que permitan replantear varias políticas públicas no solamente en lo referido a la redistribución de recursos o escaños de representación política, sino también a la precisión en cuanto al emplazamiento geográfico y territorial de los pueblos indígenas originarios y campesinos qué desarrollan su actividad cotidiana en zonas urbanas y rurales, siendo una oportunidad para determinar también la fragilidad en la tenencia de la tierra, a partir de criterios comparativos históricos, para el establecimiento de flujos migratorios de repoblación y emplazamiento. En relación a esto también actualizar las zonas estratégicas, intereses productivos y el cruce de variables vinculadas al análisis de la estabilidad ambiental y climática en los territorios. De igual manera, la organización del censo es una oportunidad para priorizar la inserción de indicadores específicos que contribuyan a determinar no solamente la caracterización económica de la población, sino que también es una opción para qué con la aplicación de indicadores enfocados en género se determine y visibilice el aporte económico de las mujeres y se cuantifique la economía del cuidado para la determinación de su contribución no solamente en la estabilidad de las familias sino también en la macroeconomía del Estado, pudiendo visibilizarse también la figura de trabajadores estacionales y temporarios en los distintos eslabones de las cadenas productivas existentes en Bolivia. 
Es evidente que las regiones y la sociedad boliviana en su conjunto vienen excluyendo del análisis y el debate los detalles de contenido técnico del proceso censal, que, por el momento, están concentrados en la fecha de realización del censo como demanda ciudadana, aspecto que necesariamente debe ser complejizado en su análisis, considerando las connotaciones que tiene este hecho a nivel técnico y político en el corto, mediano y largo plazo.
En este escenario leer el proceso censal en clave política significa profundizar los mecanismos democráticos para llegar a un acuerdo nacional. Después de la cumbre llevada a cabo en Cochabamba el pasado 28 de octubre, el gobierno nacional tiene un desafío aún más grande, el de generar confianza en el proceso censal en medio de una escalada de episodios de violencia entre amagos de bloqueos y desbloqueos. Si bien el Censo de Población y Vivienda según el Art. 298 de la CPE es una competencia privativa del Estado Central existe una propuesta para emplazar una mesa técnica que podría resolver la fecha del Censo en un plazo no mayor a 30 días. Esta es una señal importante que debe generar una respuesta en el corto plazo de parte de los líderes de sectores movilizados para validar una propuesta conjunta con los elementos de fuerza que sean necesarios y así seguir construyendo procesos de confianza, bajo un principio de rigurosidad técnica que brindará certidumbre a la población.

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