Autor: Martin Gabriel Torrico Zas, sociólogo Cipca Beni
Fecha: 06/12/2019
El espacio territorial del Beni está siendo reorganizado en base a la reformulación y reciente aprobación del Plan de Uso de Suelos (PLUS) mediante Ley departamental promulgada el 27/nov/2019. El nuevo PLUS sustituye al anterior Plan aprobado mediante D.S. 26732 en el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez el 30 de julio de 2002. El Gobierno Autónomo Departamental del Beni adjudicó el servicio de consultoría a la empresa IDRISI S.R.L. en fecha 23 de agosto de 2018. Según los Términos de Referencia de la consultoría, “El PLUS se elabora en respuesta a una demanda de sectores organizados productivos y sociales del departamento del Beni, como el sector ganadero, indígena, campesino, arroceros, piscicultores, forestales, etc. (…)”. A pesar de esta cláusula que hace mención al sector indígena como demandante de un nuevo Plan de Uso de Suelos, la consultora no realizó un trabajo de recojo de información coordinado con las autoridades indígenas de las distintas organizaciones del departamento.
Desde la adjudicación de la empresa consultora a la promulgación de la ley departamental del PLUS el 27/nov/2019, los pueblos indígenas desconocían el contenido de dicho documento. En propias palabras del entonces gobernador del Beni, Alex Ferrier, el documento no se podía compartir porque era un documento “muy técnico” que no podía ser comprendido por la dirigencia de los territorios. Esto, además de ser un acto de discriminación, explica claramente la falta de participación de los pueblos indígenas en la elaboración del Plan, a pesar de las disposiciones legales que tomaban en cuenta la participación activa de “todos los sectores” en la elaboración de este documento. A su vez incumpliendo el artículo 4 de la Ley departamental N° 067 de Declaración de prioridad la actualización del Plan de Uso de Suelos (PLUS) promulgada el 07/mayo/2016, que establece: “El proceso de actualización total del Plan de Uso de Suelo (PLUS) del Departamento deberá realizarse de forma participativa, con los sectores sociales y productivos del Departamento del Beni”.
En el Beni, habitan 18 de las 36 Naciones y Pueblos Indígenas y Originarios (NPIO) reconocidos por la Constitución Política del Estado, y a la vez su extenso territorio está constituido por bosques, pampas, bajíos, curiches, lagunas, lagos. ríos, humedales, así también lomas elevadas y terraplenes, que albergan una riqueza de biodiversidad. Estos pueblos, construyeron y definieron sus medios de vida de forma equilibrada. El desarrollo de una agricultura de consumo familiar combinada con la agroforestería y la recolección de los frutos del bosque, así como la caza y pesca, han sido la base de su alimentación. La ganadería bovina extendida en todo el departamento es también desarrollada por las comunidades indígenas y campesinas, aunque en menor proporción que el sector privado. También desarrollan la crianza de animales menores, de granja y aves de corral; tienen sistemas de aprovechamiento de otras especies como lagartos y recursos como la madera, entre otros.
A pesar de la precisión normativa que establece la necesidad de contar con un proceso participativo, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), que aglutina a 11 Sub centrales indígenas, se pronunció en varias oportunidades de manera pública aclarando que el proceso no contó con la participación de los pueblos indígenas. El argumento de parte de la Gobernación reculaba siempre en la complejidad técnica que suponía la elaboración del documento. Si bien el Plus en una herramienta con un nivel de complejidad que requiere conocimiento especializado, carece de una orientación socio económica que pueda incorporar la mirada de la mitad de las NPIO en el país.
Si bien en el acápite referido a las Directrices Generales de Uso del PLUS, se hace referencia a que “los pueblos indígenas, en el ejercicio de sus derechos, establecerán sus estrategias productivas, dentro de sus territorios, acorde con su cosmovisión y aspiraciones de desarrollo en armonía con la Madre Tierra”, es importante hacer notar que los medios de vida de las NPIO están amenazados por la puesta en vigencia del nuevo PLUS, siendo que dicho documento modifica la aptitud de los suelos sin considerar los impactos sociales y ambientales en el mediano y largo plazo, basado meramente en un análisis economicista. De igual forma, la clasificación según el Tipo de Uso de Suelos que hace el PLUS en sus categorías intensiva y extensiva de uso agropecuario, representando el 42% de la superficie del departamento, estipula una prioridad del monocultivo mecanizado de gramíneas y oleaginosas, lo cual desconoce los sistemas de producción de los pueblos indígenas y está orientado al ingreso de grandes capitales de inversión.
Un hito importante a considera en este análisis es la posesión de Fanor Amapo, como representante del pueblo Cavineño en el cargo de Gobernador. La nueva representación indígena en el ejecutivo departamental, que se esperaba comprenda la situación irregular en la que se había construido este Plan, muy al contrario de abrir un espacio participativo, viabilizó la promulgación del PLUS en los mismos términos que su antecesor, dando un nuevo revés a la demanda de revisión del Plan de parte del movimiento indígena. En este entendido pasa por alto los Planes de Vida y los Planes de Gestión Territorial de pueblos indígenas, que ya definen áreas de aprovechamiento productivo y conservación.
Es así que el 1 y 2 de diciembre en el Ampliado de Corregidores de la Sub Central del Pueblo Indígena Movima (SPIM), con participación de la regional CPEM-B, el TIM y el TIMI, al momento de refrendar la Alianza de los Territorios gestada hace varios años, se emitió un Voto Resolutivo que exige la inmediata paralización de cualquier reglamento o normativa complementaria al PLUS hasta que no se incorporen las observaciones del movimiento indígena, mediante Ley Modificatoria promulgada por la ALD. Adicionalmente se elevó el mandato a las instancias regionales con la finalidad de la elaboración de una propuesta técnica de modificación del PLUS.
Al igual que el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) incorpora en orden de Jerarquía, primero al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES); y en el mediano plazo a los Planes de Gestión Territorial (PGTC), el Gobierno Departamental del Beni debe tomar en cuenta los Planes de Gestión vigentes de los Pueblos Indígenas en respeto de su jerarquía, ya que han sido aprobados en Encuentros de Corregidores y Asambleas como máximas instancias de decisión. Toda política pública debe incorporar siempre un alto nivel de participación de los sectores involucrados, para que así tenga legitimidad y esté en relación a un horizonte con base en la gestión y control territorial, a nivel local, pero que se vincule efectivamente a las herramientas de planificación que ya tiene el ente gubernativo.
Es así que, el PLUS en tanto herramienta de planificación constituye parte de la política pública del departamento, que además de ser un instrumento técnico es también la declaración de un modelo de desarrollo que omite la visión del movimiento indígena. La propuesta del movimiento indígena es el de trabajar en mesas técnicas para generar una propuesta. La misma deberá estar secundada por parte de las dos asambleístas indígenas (una del pueblo Movima y otra del pueblo Tsimane) que pueden significar el nexo entre la demanda del movimiento indígena del Beni y la elaboración de reglamentación complementaria así como la elaboración de una Ley modificatoria en base a un trabajo coordinado que permita tener una política pública de intervención y categorización de suelos que esté acorde con la realidad socio económica de los pueblo indígenas y sobre todo con su modo de vida, gestión y control de sus territorios.
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.