El mundo rural en los planes de gobierno

El país ha vivido ya el primer lustro desde la promulgación de la Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, hecho que marcó un hito en la historia del país. El actual proceso electoral es propicio para analizar crítica y constructivamente los avances logrados en este primer quinquenio, los desafíos pendientes y los planes de gobierno.

En este artículo indagamos acerca de las propuestas que para el desarrollo rural han planteado los partidos políticos en sus planes de gobierno para las elecciones nacionales de octubre. Veamos.

TIERRA. Tenencia de la tierra y el territorio. La problemática de la tenencia de la tierra y territorio sigue latente en el país y nadie duda de sus múltiples funciones y de las disputas que entre los diferentes sectores se generan en torno a ella. En el país aún resta por titular el derecho propietario de cerca del 40% de la superficie total nacional; de las 7 millones de hectáreas de tierra fiscal identificadas aún falta distribuir unas 5 millones de hectáreas, y persiste el minifundio en el occidente del país.

El Partido Verde de Bolivia (PVB) plantea la conclusión del proceso de saneamiento y titulación de la superficie que aún falta; mientras que el Movimiento Sin Miedo (MSM) plantea el saneamiento y la defensa de tierras y  territorios indígenas frente a los avasalladores, y Unidad Demócrata (UD) expresa su preocupación por la seguridad jurídica y evitar el avasallamiento de las tierras, sobre todo por parte de campesinos. Llama la atención que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no haya propuesto nada    sobre el tema.

BOSQUES. Bosques, biodiversidad, medio ambiente. Pese a los esfuerzos realizados, siguen perdiéndose, según diferentes fuentes, entre 200 a 300 mil hectáreas de bosque por año, pero las propuestas de gobierno son generales y no atacan las causas.

El PVB otorga una alta prioridad a la protección y gestión de los bosques, la biodiversidad y el cuidado y enriquecimiento del medio ambiente. UD propone hacer compatible el valor de la calidad ambiental con la explotación sostenible de los recursos naturales. El MAS anuncia la promulgación de la Ley de Bosques, que complementaría a la ya promulgada Ley de la Madre Tierra, orientada a la gestión de los recursos naturales como la tierra, bosques, agua, reforestación y gestión de áreas protegidas. El MSM indica que el nuevo patrón de producción y desarrollo debe preservar el medio ambiente, los recursos naturales renovables y no renovables, las áreas protegidas y los parques nacionales.

Así, en esta temática—como no podía ser de otro modo— aunque con matices, los propósitos son similares entre los diferentes partidos, pero hay que reconsiderarlos a la luz de sus propuestas sobre el desarrollo productivo.

ALIMENTOS. Producción agropecuaria y seguridad alimentaria. La producción agropecuaria y la seguridad alimentaria siguen siendo desde mucho tiempo atrás un desafío con pocos avances. Todos los partidos, a excepción del Partido Demócrata Cristiano (PDC), plantean la necesidad de fortalecer y potenciar la producción, mejorar la productividad agropecuaria orientada al mercado interno y a la exportación. Pero hay diferencias importantes, el PVB plantea mejorar la productividad antes de ampliar la frontera agrícola, fortalecer la economía campesina y disminuir la dependencia de la importación de alimentos; aunque no puede ocultar su tentación por el progreso, la rentabilidad, competitividad, modernización, exportación…, que resultan contradictorios con otras dimensiones de su propuesta.

Para UD la mejora de la producción incluye tecnificación y la ampliación de la frontera agrícola, propone ampliar en 1 millón de hectáreas el cultivo de la quinua en el altiplano (en otra parte del plan menciona 2 millones) y —emulando al Plan Bohan de la Marcha al oriente, de los años 40 del siglo pasado— plantea la Marcha al norte “habilitando sus extensas praderas para la producción agropecuaria y mediante la aplicación de las innovaciones tecnológicas que, ahora mismo, están revolucionando la agricultura en el Brasil”, una grave amenaza a la Amazonía ya presionada por el extractivismo. Para este partido, los garantes de la seguridad alimentaria —se lee entrelíneas— son los grandes productores, en cambio los indígenas y pequeños productores requieren poco menos que políticas sociales.

A su vez, el MAS expone que la mejora de la producción para la seguridad alimentaria con soberanía implica la participación del Estado como productor y articulador de otros actores de la economía plural, propone programas e iniciativas estatales para cubrir al menos el 60% de la demanda nacional de trigo, piscicultura, bovinos, riego, la ampliación del seguro agrícola en superficie y número de cultivos, entre otros. Señala que la implementación de sistemas agroforestales permitirá la complementariedad entre la producción de alimentos y la conservación de los bosques. Empero, llama la atención que no haya incluido en su propuesta la ampliación de la superficie cultivada de 3,8 a 13 millones de hectáreas, ni las 500.000 hectáreas de quinua previstas en el altiplano.

MUJERES. Mujeres e irrupción de los jóvenes. Se podría decir que las propuestas de la universalidad en el acceso a la educación y salud, servicios básicos, agua, etc. son también para la población rural; pero, salvo excepciones, no hay propuestas específicas para las mujeres rurales en otros aspectos, por ejemplo para su rol en la producción y la economía, la seguridad alimentaria y el empleo; en la educación familiar y en la cultura local, sus conocimientos sobre el manejo y cuidado de la biodiversidad, etc. UD propone el acceso de las mujeres a los recursos naturales, en especial a la tierra, a la propiedad de los medios de producción, crédito, tecnología y al mercado laboral. El MAS plantea la participación de las mujeres en instancias de decisión en equidad; desarrollo de su potencial económico y productivo.

En cambio, sí se puede decir que hay una irrupción de la problemática de juventud y de los jóvenes hombres y mujeres como sujetos relevantes en las propuestas de la mayoría de los partidos políticos en aspectos como educación, empleo, participación social y política, iniciativas económicas, etc.; aunque no hay propuestas específicas para los jóvenes del mundo rural, se asume que son también para ellos. Eso sí, el MSM propone establecer la cuota electoral para jóvenes rurales y urbanos.

INDÍGENAS. Autonomías indígenas. Llama la atención que solo dos partidos planteen propuestas sobre las autonomías indígenas, siendo que es uno de los aspectos principales que está retrasado en la construcción del nuevo Estado Plurinacional. El MSM propone cambiar la Ley de Autonomías en varios aspectos para facilitar a los municipios y territorios indígenas concretar este tipo de autonomías; UD tiene un planteamiento similar.

En el MAS es visible la ausencia de propuestas sobre las autonomías y descentralización en general y la autonomía indígena en particular. Se podría decir que la autodeterminación de los pueblos indígenas, propugnada por décadas por ellos mismos e incluida en la Constitución como parte de las transformaciones estatales, hoy no es prioridad en la agenda del partido gobernante ni de los otros partidos.

CONSULTA. Justicia indígena y consulta previa. Como se sabe, hay un descontento en las organizaciones sociales con la Ley de deslinde jurisdiccional porque no incluyó adecuadamente las propuestas del proceso de consulta a dichas organizaciones. Asimismo, la consulta previa, pese a los intentos realizados, hasta ahora no cuenta con una norma que la regule. El PVB plantea regular la complementariedad entre el poder judicial y la justicia comunitaria, promoviendo la interculturalidad entre ambas. Entre tanto, UD plantea establecer un marco regulatorio de la consulta previa a las comunidades indígenas para obtener el consentimiento de los posibles afectados por la extracción de recursos naturales. Asimismo, rediscutir la ley de deslinde jurisdiccional.

Por su parte, el MSM plantea que el ejercicio de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas será protegido por el Estado y se aprobará una ley de consulta previa sobre la base de las propuestas de los propios pueblos indígenas. Para el MAS está consumada la coexistencia entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina que gozan de igual jerarquía; y no se propone nada para la consulta previa.

CONCLUSIONES. El movimiento indígena originario campesino ha sido en las últimas décadas sujeto relevante y gestor de las transformaciones estatales que hoy vive el país. Algunos partidos no parecen inmutarse de aquello o pareciera que les cuesta asimilarlo. Particularmente sorprende que el PDC no se refiera en absoluto a este sujeto, siendo que lleva como candidata a la Vicepresidencia a una mujer quechua; otros hacen un reconocimiento más declarativo que propositivo; por eso, las propuestas son tímidas, no son contundentes ni se traducen en propuestas decididas para concretar las demandas y planteamientos del sector campesino indígena, sobre todo en el orden económico productivo, en el acceso a la tierra, a su rol en la economía y la producción, y en su autodeterminación.

En síntesis, se puede decir que el mundo rural y los indígenas originario campesinos y sus planteamientos han sido incluidos solo parcialmente en las propuestas electorales de los partidos políticos para las elecciones nacionales 2014.

El debate político necesita conocer la realidad rural

Se suele asociar lo rural o el desarrollo rural con la agropecuaria, pero el mundo rural es mucho más que eso: población diversa culturalmente; actividades productivas que aportan a la seguridad alimentaria y generan empleo; vigencia plena de las organizaciones sociales y económicas; herencia cultural, de conocimiento y tecnología. Desde allí, diversas formas de vida de los pueblos indígenas también proporcionan insumos sustantivos al actual debate sobre el Vivir bien. Por ello proporcionamos información que puede ser útil al analizar los planes de gobierno para las elecciones nacionales 2014.

Población rural. De los 10.027.254 habitantes del país, el 33% es rural, que bajó porcentualmente en 5 puntos, pero en cifras absolutas se incrementó en más de 166.000 habitantes. Pese a la urbanización, es llamativo que de los 339 municipios del país, en 176 de ellos (52%) el 100% de su población es rural.

Cambios y estancamiento en la producción agropecuaria. Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, existen alrededor de 775.000 unidades productivas de las que unas 728.500 (94%) constituirían familias campesinas indígenas y pequeños productores, y el resto serían medianos y grandes productores.

El incremento de la superficie cultivada —3,2 millones de hectáreas al 2012— mantiene la misma tendencia de los últimos 22 años: preeminencia de cultivos agroindustriales destinados en gran parte a la exportación y un estancamiento de las superficies destinadas a la producción alimentaria nacional. En cuanto al volumen de la producción el comportamiento es similar, y hay un rezago importante en la productividad.

Autonomías indígenas. La Ley de Autonomías se promulgó en 2010, pero todavía no se concretó ninguna autonomía departamental, municipal ni indígena. El Decreto Supremo 231, del 2 de agosto de 2009, posibilitó que 11 municipios del país decidieran mediante referéndum ir a este tipo de autonomías. Cinco años después, de esos once solo dos han logrado que sus estatutos sean aprobados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

(*) Lorenzo Soliz es director general de CIPCA.

Artículo publicado el domingo 3 de agosto en La Razón.