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Avanza la Marcha Indígena en defensa de su territorio

Avanza la Marcha Indígena en defensa de su territorio

Autor: Isabel Mamani Subirana
Fecha: 28/09/2021



La marcha indígena de los pueblos originarios del Oriente, Amazonía y Chaco boliviano que partió desde la ciudad de Trinidad en el departamento del Beni, hace 34 días, está próxima a llegar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde los esperan alrededor de 200 indígenas chiquitanos. 

El nombre planteado por la XI Marcha Indígena es “la defensa del territorio, identidad y cultura de los pueblos indígenas de Tierras Bajas”. Así lo manifestaba, el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CEPIB), Abdón Justiniano, manifestando qué se cuenta con un pliego petitorio sustentado en 16 demandas; el detalle del contenido lo harán público, una vez la marcha llegue a su destino. Sin embargo, Justiniano recalcó que la principal exigencia es “la defensa” de los territorios indígenas y los recursos “renovables y no renovables” y la defensa de la identidad cultural de varios pueblos indígenas de Tierras Bajas.

A su paso, la marcha indígena no solo ha ido creciendo en el número de miembros, sino que ha ido generando expectativa con sus acciones, desde diferentes planteamientos que hacen a la demanda estratégica del movimiento indígena boliviano, constituyendo la conformación de un Parlamento Indígena de la Amazonia, Oriente y Chaco, la iniciativa más novedosa; instancia que por cierto goza de legalidad, al estar establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y convenios internacionales como: La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), principalmente sobre el ejercicio de los derechos étnicos y territoriales de los pueblos indígenas. Ambos convenios están  constitucionalizados y ratificados por el Estado refrendando de esta manera su sustento constitucional. De esta manera consideramos que la libre determinación que promueven estas normas jurídicas, legitiman y avalan la creación de esta instancia que hoy por hoy, está constituida por representantes indígenas de la XI Marcha Indígena. 

Durante un cabildo realizado en el transcurrir de la marcha, el líder indígena Adolfo Chávez dio lectura al documento de constitución del parlamento por el cual los Pueblos Indígenas enarbolan su autonomía y autogobierno, demandando el respeto a su cultura, el reconocimiento de sus instituciones y la consolidación y demarcación de sus territorios. Asimismo, denuncian la destrucción de los bosques, el avasallamiento de sus territorios y con ello, el modelo de desarrollo extractivista del país.

Es importante comprender el contexto de esta movilización social, bajo un escenario complejizado por la crisis ambiental y climática, donde se han perdido millones de hectáreas de bosques en los últimos años ; este escenario se da en un “gobierno que promueve el ejercicio de los derechos indígenas”, además de promover la defensa de los derechos de la Madre Tierra, y el establecimiento de una Comisión Internacional en Defensa de la Madre Tierra. Sin embargo, en la realidad práctica, estos postulados solo constituyen una manifestación discursiva, ya que en el ejercicio de la gestión gubernamental se pueden advertir varias decisiones políticas o normativas  cuyo direccionamiento estratégico es precisamente brindar un impulso a las exportaciones del modelo agroexportador bajo el pretexto de diversificar la estructura productiva del país, evidenciándose de esta manera acciones estatales que van en absoluta contra ruta del ejercicio pleno de los derechos indígenas que implican sus derechos colectivos sobre sus territorios y  diversas violaciones a los derechos ambientales que confluyen en la destrucción acelerada del patrimonio natural nacional.Se suman las denuncias de los pueblos indígenas de tierras bajas, con relación al “avasallamiento” de sus territorios, frente a los asentamientos dentro de áreas protegidas y comunidades ancestrales, que reflejan las distintas formas de avance de la agroindustria, la economía mercantil y el propio capitalismo en sus territorios, las mismas que son promovidas por el gobierno actual a través de sus políticas en el ámbito agrario, minero, hidrocarburifero y energético.

Todas las condiciones descritas anteriormente permiten acrecentar la vulnerabilidad ambiental, social y económica especialmente de las comunidades indígenas que habitan  el Bosque Seco Chiquitano, el Chaco y la Amazonía,  provocando que en estos territorios se agudice las condiciones de desigualdad que sumada a los efectos multidimensionales de la pandemia, llevan a un “círculo perverso”  de mayor conflictividad social, mayor pobreza rural y mayor deterioro del medio ambiente.

En ese sentido, este movimiento no solo está interpelando al gobierno y la ciudadanía, sino también a los organismos internacionales. Los mensajes que la marcha lanza exigen la responsabilidad y garantías de las Naciones Unidas para que haga cumplir los convenios internacionales que este mecanismo de articulación interestatal ha promovido, demandando que las declaraciones no queden en la nominalidad y sean operativizadas. 

Por otro lado, la evidente crisis organizativa que atraviesa el movimiento indígena, debido a los paralelismos y la lucha por el reconocimiento de su legitimidad ante el gobierno nacional; que de forma reiterada han cuestionado la representatividad de la marcha. 

A diferencia de las marchas indígenas precedentes, la de 1990 que pidió “dignidad y territorio” o las de 2011 y 2012 que exigieron al gobierno del Ex presidente Morales frene el proyecto carretero que debía atravesar una reserva natural; en esta marcha, el objetivo es no llegar a La Paz, sino a Santa Cruz, como sede de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, para reunirse no sólo con el gobierno, sino con los cuatro poderes del estado Plurinacional, para discutir nuevas formas de convivencia, y poner en la mesa sus demandas y propuestas, lo que denota una mayor trascendencia, con relación a  cualquier otra demanda del sector. 

La sociedad civil debe reconocer el esfuerzo que viene realizando el movimiento indígena encabezado además por líderes históricos, esfuerzo que plantea reivindicar sus derechos a través de la XI Marcha Indígena, y esfuerzo que de forma directa o indirecta plantea la necesidad de realizar ajustes estructurales en la gestión pública sobre los recursos naturales. Se debe escuchar las voces de los pueblos indígenas, generar solidaridad con estas demandas y otros aspectos estratégicos que plantea hoy la IX Marcha indígena.

Desde CIPCA, ratificamos la necesidad de privilegiar el ejercicio pleno de los derechos de la población indígena originario campesina, en términos de desarrollo económico y productivo, el fortalecimiento de sus organizaciones y participación política, la promoción de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos ambientales, de manera con los pueblos indígenas sean actores dinámicos con voz propia, participando en el dialogo, reflexión y propuestas para contribuir a los cambios sociales, políticos, económicos, medioambientales que se necesitan trabajar para construir un país que avance en un marco de paz, con desarrollo inclusivo y justo.

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