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Área protegida afectada por actividades ilegales: La Reserva Manuripi y los intereses ligados a la minería.

Foto: Douglas Velásquez - CIPCA Norteamazónico

Autor: Armin Escobar, Douglas Velasquez CIPCA Norteamazónico
Fecha: 27/03/2025

Con solo cinco guardaparques para vigilar más de setecientas mil hectáreas, la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi sufre la presencia de la actividad minera ilegal que avanza con la complicidad de un sistema que responde a intereses económicos.

Ubicada en el departamento de Pando, la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi ha sido históricamente un refugio de la biodiversidad y un pilar fundamental para la economía local a través del manejo sostenible de la castaña y otros productos del bosque. En los últimos años se ha visto una desprotección sistemática por parte del Estado y sus instancias operativas que dejaron el territorio expuesto al avance de la minería ilegal, la tala indiscriminada y el tráfico de fauna silvestre. Los testimonios de los actores hoy en conflicto revelan que la reducción de recursos estatales reflejados, por ejemplo, en la disminución de guardaparques dentro de la reserva, además de la politización dentro del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), han convertido a la reserva en un territorio donde la corrupción está presente.
Durante más de dos décadas, la reserva pudo contar con trece guardaparques y un presupuesto anual cercano a los 2 millones de bolivianos. Sin embargo, para 2024, solo quedan cinco guardaparques y el presupuesto se redujo a 160,000 bolivianos, un monto insuficiente para cubrir los costos de combustible, mantenimiento de vehículos y equipamiento necesario para el personal operativo. Además de la reducción de presupuesto, la reserva sufre otras vicisitudes que apuntan a una escalada de corrupción en instancias que la administran. En 2024, guardaparques documentaron 15 procesos administrativos en contra de la minería ilegal, pero ninguno de los 15 casos llegó a tener sentencia, dejando en la impunidad a los actores vinculados a la minería ilegal, que a la fecha continúan operando en la zona, amparados por sus arreglos “internos”.

El problema financiero no es menor. Desde 2011, la reserva recauda alrededor de 1 millón de bolivianos anuales a través del CISCO (Sistema de Cobro por Aprovechamiento de la Castaña), un sistema que cobra 4 bolivianos por hectárea a los propietarios de predios dentro del área protegida. Sin embargo, ese dinero no regresa a la reserva ni se invierte en su protección; el destino del mismo no es de conocimiento de los actores locales.
“Ese dinero debería fortalecer el control y mejorar las condiciones de trabajo, pero nunca vuelve. Dicen que con eso pagan sueldos y servicios básicos, pero si hacemos los cálculos, no suma ni el 20% de lo que se recauda”, denunciaron miembros del Comité de Gestión de la Reserva Manuripi que en el mes de febrero tomaron pacíficamente las oficinas del SERNAP y realizaron bloqueos en la Ciudad de Cobija exigiendo la destitución del director de dicha entidad.

Minería ilegal: el negocio que afecta intereses dentro y fuera de la reserva.

Las zonas con presencia de minería en la Reserva Manuripi son: Gran Progreso, Tacuaral, Santa Martha, Puerto América, Cachuelita, El Cairo y Providencia. La actividad minera, después de la castaña, se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las comunidades, sobre todo para los jóvenes, quienes venden su fuerza de trabajo. La falta de control ha permitido la expansión masiva de la minería ilegal en el río Madre de Dios, donde operan entre 200 y 250 balsas mineras, solo en los límites de la reserva. Aunque la normativa prohíbe que las balsas se acerquen a menos de 50 metros de la orilla, muchas operan dentro del territorio de la reserva sin que haya sanciones efectivas.
La minería está provocando contaminación del agua con mercurio, afectando peces y comunidades que dependen del río, deforestación acelerada con la destrucción de riberas y la alteración del cauce del río, pérdida de fauna silvestre por la expansión de asentamientos mineros y el comercio ilegal de carne de monte, contrabando de mercurio y combustible, aumentando la presencia de actores ilegales en la zona, sin embargo, estas actividades son impulsadas de forma discrecional por sectores locales cuyos intereses priorizan el aspecto económico; un mapeo rápido de la zona da cuenta de que muchas familias no campesinas y mayoritariamente ligadas con negocios y comercios en centros urbanos son parte de estos grupos económicamente fuertes. Las protestas de febrero reportadas desde Cobija hablan de una treintena de propietarios de balsas que operan con 12 balsas cada uno y que su poderío económico les permite actuar con impunidad, en contubernio con actores que por competencia deberían regular esta actividad.

En 2023, una expedición liderada por Misereor, en coordinación con el CIPCA y Fundación Tierra, partió vía fluvial desde el Chive (comunidad pandina fronteriza con el norte de La Paz) hasta la comunidad indígena El Tigre, con visitas intermedias a las comunidades indígenas de Puerto Pérez y Las Mercedes, mostrando que los mineros locales solo toman el 20% del oro que extraen, mientras que los grandes operadores controlan el resto del negocio.
No es el caso de la Reserva Manuripi, pero en Comunidades del Sena, las dirigencias son conscientes de esta actividad y validan la presencia de estos operadores mineros a cambio de algún beneficio, por ejemplo, energía eléctrica. En el caso de la Reserva Manuripi, como se dijo antes, el CISCO es la manzana de la discordia que enfrenta a los actores dentro del territorio; asimismo, las distintas demandas por cambiar la estructura del SERNAP y la información que da cuenta de un Ministerio de Medioambiente y Agua con constantes cambios en su dirección muestra que el problema es estructural, reflejando la falta de institucionalidad y la predominancia de lo político-partidario.

Finalmente, pero no menos importante, es analizar la participación de los propietarios individuales y los “barraqueros”, quienes realizan actividades de recolección de castaña en el 50% de la superficie que forma parte de la reserva y no denuncian actividades ilegales y guardan un silencio cómplice.
Entender la justicia ambiental desde la sociedad y las comunidades locales es clave para la protección de la Reserva Manuripi.

Frente a la inacción del Estado que golpea a la reserva con la politización de las instancias que administran estos territorios, las familias campesinas locales pueden jugar un papel fundamental en la protección de su ecosistema. Actualmente, hay pobladores que han intentado frenar el ingreso de mineros y cazadores furtivos, pero sin recursos ni respaldo institucional, su capacidad de acción es limitada. Las tareas a nivel local pueden centrarse en:

•Impulsar el fortalecimiento de los guardaparques comunitarios voluntarios: Formar brigadas locales que participen en el monitoreo y vigilancia de la reserva, reimpulsar los comités de vigilancia devenidos de las organizaciones campesinas e indígenas locales.

•Promover la participación de las organizaciones comunitarias en la toma de decisiones: Garantizar que las comunidades tengan un rol activo en la gestión de la reserva.
•Fortalecer la gobernanza territorial desde una mirada de las mujeres y la juventud.

Respecto a la acción por parte de la sociedad civil en el marco de la justicia ambiental, las iniciativas bien podrían enfocarse desde una perspectiva de gobernanza ambiental. Entre las tareas que se formularon en espacios de coordinación para trabajar la problemática se tiene:

•Trabajar en un litigio estratégico para hacer incidencia en las normativas que regulan la actividad y ofrecen un escenario nebuloso para la sociedad civil; esta tarea debe pasar por la necesidad de aclarar roles y competencias sobre la aplicación de la normativa vigente.

•En el marco de las acciones del cuidado y defensa de la Amazonía, se debe trabajar en la sensibilización a la ciudadanía, informando de manera clara y abierta sobre la exigibilidad de los derechos en torno al cuidado de estos territorios.

•Trabajar en el fortalecimiento de mecanismos de resistencia territorial, generando espacios de intercambio y dando voz a actores invisibilizados que están siendo afectados por esta actividad.

•Impulsar alternativas económicas al extractivismo, a través de la agroforestería, agroecología, ecoturismo, alternativas que en sí no se comparan con lo que ofrece la actividad minera, pero que evitarán que más población vuelque su atención a esta dinámica devastadora.

No obstante, el problema actual más fuerte al intentar avanzar en estos derroteros es que el mismo sistema político ha generado una cultura de favores y dependencia, donde muchas comunidades esperan que el gobierno financie cualquier iniciativa, sin asumir o empoderarse de su aporte al cuidado del territorio. Peor aún, cuando se trata de interpelar la actividad minera, las estructuras de poder político-partidario apagan toda iniciativa por hacer justicia, justicia que claramente es sometida por el poder político y económico.

Imágenes: Douglas Velásquez - CIPCA Norteamazónico