CIPCA Notas

Adecuación del Estatuto Autonómico Cruceño a la Constitución Política del Estado

Autor: Ramiro Valle Mandepora
Fecha: 21/03/2012

En el marco del proceso autonómico, diferentes actores y colectivos de organizaciones indígenas, instituciones y profesionales de Santa Cruz vienen trabajando en el análisis, reflexión y formulación de propuestas de adecuación del Estatuto Autonómico cruceño a la Constitución Política del Estado (CPE). Pero lamentablemente todas estas iniciativas aún no han tenido eco en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

Recordemos que durante el proceso constituyente, el tema principal de discusión y que marcó la agenda de las organizaciones sociales, sectores y partidos políticos, fue la autonomía y lo difícil que fue llegar a consensos, a tal punto de poner en peligro la unidad del país. Pero la madurez política de la población a través de sus representantes hizo prevalecer el estado de derecho y sus principios democráticos a través de un pacto político, lo que posibilitó contar con una  nueva Constitución Política del Estado y concluir el proceso constituyente. Luego, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprueba cinco leyes consideradas orgánicas, una de ellas es la Ley Marco de Autonomía y Descentralización (LMAyD).

La elección de las autoridades departamentales en 2010, incorporando cinco representantes de los pueblos indígenas guaraní, guarayo, ayoreo, chiquitano y yuracare-mojeño) en el órgano legislativo departamental; la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos; la asignación de competencias exclusivas con facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas; las fuentes de financiamiento competencial; la participación y el control social sobre la gestión pública por parte de la sociedad civil organizada, entre otros temas son avances significativos para el proceso autonómico.

Estos aspectos deberán considerarse durante el proceso de adecuación del Estatuto Autonómicocruceño, que hasta el momento, a más de dos años desde la promulgación de la LMAyD, no tiene avances significativos. Esta situación se puede atribuir a diferentes razones: desinterés tanto de las autoridades del gobierno departamental como de la sociedad civil; complejo contexto político y social (distanciamiento de las Organizaciones Indígenas con el gobierno); pugnas y/o división interna de las organizaciones campesinas, entre otras causas.

Pese a ello, hay esfuerzos renovados y se perciben indicios de voluntad política de las autoridades del órgano ejecutivo del nivel departamental (Gobernador de Santa Cruz durante su informe anual 2011) y nacional (Cumbre plurinacional, 2011) de priorizar para la agenda 2012 la elaboración y adecuación del Estatuto Departamental a la CPE; y al mismo tiempo, la sociedad civil demuestra interés a través de la plataforma social (Manifiesto público, 10/02/2012). Estas manifestaciones públicas de autoridades y sociedad civil son desafiantes para el proceso autonómico, ya que permitirían construir espacios democráticos plurales de concertación entre las organizaciones sociales y sectores urbano–rurales para la adecuación del Estatuto Autonómico al marco constitucional.  

Finalmente, y al margen de la coyuntura política favorable o no al proceso autonómico, corresponde a la sociedad civil asumir su rol protagónico y propositivo, tal como lo expresa la plataforma social en su manifiesto; “…es un acto de responsabilidad ciudadana para promover espacios deliberativos, construir alianzas, intercambios, encuentros, pactos, encaminados a la adecuación plural e intercultural del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz”. En perspectiva, la construcción de los espacios democráticos plurales, deberá involucrar no sólo al proceso de adecuación de estatutos departamentales, sino también, al seguimiento e implementación del mismo.

* Ramiro Valle Mandepora, abogado de CIPCA Santa Cruz.

 

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