17/02/2014

Tercerización agropecuaria dificulta ejercicio de derechos de asalariados del campo

Julio Rodríguez - CIPCA Santa Cruz

CIPCA / Febrero 2014.- El Tribunal Ético  por la defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores asalariados del campo, realizado en Santa Cruz los días 12 y 13 de febrero del presente, identificó la utilización de contratistas por parte de los empresarios agropecuarios como una de las causas principales para el incumplimiento de los derechos laborales y la vigencia de condiciones inhumanas que, en muchos casos, sufren las trabajadoras y trabajadores asalariados del campo en Bolivia en predios agropecuarios, esto debido a que los contratistas permiten a los empleadores desentenderse de sus obligaciones. El Tribunal hizo eco de la necesidad de las y los trabajadores de contar con defensores de oficio pagados por el Estado, que les permitan hacer cumplir sus derechos laborales debido a que el sector no cuenta con suficientes recursos para este fin.

De igual manera, los magistrados del Tribunal Ético consideraron que el sector asalariado del campo constituye un grupo social extremadamente vulnerable, que sufre debido al crecimiento de la tercerización de la mano de obra en la zona rural de Bolivia, considerando además que es anacrónico mantener a los trabajadores del campo con una Ley General del Trabajo que retacea derechos de los que gozan los demás trabajadores, pidiendo solucionar este tema a la brevedad. Finalmente, se destacó la necesidad de mayor presencia del Ministerio de Trabajo en las zonas rurales del país para acabar con las prácticas laborales abusivas en contra de las mujeres y hombres trabajadores asalariados del campo.

El Tribunal Ético realizado en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, estuvo compuesto por magistrados de Colombia, Argentina y Brasil, expertos en derecho laboral y contó con la presencia de representantes de la Central Obrera Boliviana, Ministerio de Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, Defensor del Pueblo, así como el decano y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales de la UAGRM, y representantes de 6 organizaciones sindicales del sector asalariado del campo de Bolivia.

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