01/12/2010

Para el ERI - SC el régimen de justicia del Estatuto Autonómico cruceño debe ser readecuado desde cero

Julio Rodríguez - CIPCA Santa Cruz

El Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz (ERI-SC) realizó su cuarto conversatorio el pasado 18 de noviembre en Radio Santa Cruz con la participación de 23 profesionales de diferentes áreas, esta vez profundizando en el contenido del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz, en su capítulo referido a la administración de justicia, sobre el cual se llegó a la conclusión de que se contrapone a lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE). Ante esta situación el ERI-SC considera que en lo que se refiere a la administración de justicia, la readecuación del Estatuto Autonómico cruceño deberá partir prácticamente de cero.A manera de ejemplo de la profunda contradicción, el Estatuto autonómico departamental, en su Art. 143 establece: “I. La Corte Superior de Distrito de Santa Cruz es la última instancia jurisdiccional y dicta Sentencias con autoridad de cosa juzgada en aquellos procesos en que el derecho aplicable de manera preferente sea el derecho autonómico cruceño, es decir, en aquellos procesos que versen sobre las materias de competencia exclusiva del Departamento, de acuerdo al presente Estatuto”. Esta disposición está en franca contraposición con lo que instituye la CPE, que indica que la administración de la justicia es una competencia exclusiva del gobierno central.

Igualmente, para el ERI-SC es preocupante que los Estatutos no contemplen la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción agroambiental, lo que demuestra las marcadas diferencias entre Estatuto cruceño y la CPE.

Finalmente, el ERI-SC consideró que el proceso de adecuación del Estatuto cruceño a la CPE será motivo de desencuentros entre las élites de poder local que impulsaron la aprobación del Estatuto Autonómico Departamental y los sectores sociales que impulsan el proceso de cambio, sin embargo, es urgente y necesario empezar la readecuación y concertación participativa de un nuevo Estatuto compatible con la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

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