12/07/2012

Organizaciones indígenas y campesinas en San Ignacio de Velasco se declaran en emergencia por multas forestales

Gizel Caballero – CIPCA Santa Cruz

CIPCA / Julio 2012.- En la localidad de San Ignacio de Velasco, el 6 de julio de 2012, la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV), la Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA), la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de San Martín (CSUTC-SM) y la Central de Trabajadores Indígenas Originarios Campesinos de Santa Rosa de Roca (CTIOC-SR), reunidas en asamblea extraordinaria emitieron un voto resolutivo donde declaran  “NO PAGAR monto alguno, por supuestas e injustas multas forestales” y hasta no tener respuestas y acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, Ministerio de Agua y Medio Ambiente, Autoridad de Bosque y Tierra, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Unidad Operativa de Bosque y Tierra de San Ignacio de Velasco, se declaran en emergencia y movilización permanente.

La realización de la asamblea extraordinaria fue motivada porque la mayoría de las comunidades, sean indígenas o campesinas, tienen multas pendientes por quemas no controladas, chaqueo o extracción de madera sin permiso de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques  y Tierras (ABT) de San Ignacio. En el caso de las quemas, los comunarios y comunarias argumentan que en algunos casos no existieron o que no es la cantidad de superficie  identificada por la ABT, también, dijeron los comunarios, que los incendios llegaron a sus comunidades porque fueron provocados por personas ajenas.

Con este mismo tenor se hacen sentir las protestas respecto a la solicitud de permiso para chaqueo y usos de la leña y la madera. Los y las participantes expresaron su preocupación porque el trámite de solicitud de permiso es muy largo y son varios los requisitos para presentar, entre ellos el título ejecutorial de la comunidad, que en la mayoría de los casos está en proceso, y en las comunidades nuevas este proceso ni siquiera se ha iniciado. “¿cómo vamos a sacar permiso para hacer uso de nuestros propios recursos como es el bosque? ya no podemos construir ni siquiera nuestras viviendas. Aseveraron las y los participantes.

Otro aspecto que provoca descontento y preocupación es el permiso de chaqueo de máximo 3 hectáreas por año, de carácter acumulativo y más aun las 5 hectáreas que de por vida puede solicitar una familia, esta condición se da porque el suelo de la zona es calificado de uso forestal.¿De qué vamos a vivir las familias que tenemos 5 o 7 hijos? ¿Qué vamos a producir en 5 hectáreasdurante 20 o 30 años de vida? ¿Cómo generaremos recursos económicos, para sacar profesionales a nuestros hijos o curar alguna enfermedad grave?, están atentando a nuestra seguridad alimentaria y soberanía alimentaria como indígenas chiquitanos y campesinos. Así manifestaron sus dudas y preocupaciones los directos afectados.

Tomando en cuenta las inquietudes emitidas en la asamblea, la misma concluyó con las siguientes demandas: hacer la socialización de la Ley Forestal y las directrices emitidas por la ABT en cada comunidad; las notificaciones deben ser entregadas en las manos de los o las representantes de las comunidades y no emitidas en periódicos departamentales que no llegan a ser vendidos en San Ignacio de Velasco y menos aun en las comunidades; exigir la participación activa de las organizaciones sociopolíticas, en el proceso de elaboración de la nueva Ley de Bosque y sus respectiva reglamentación, para asegurar se incorpore las especificidades que hacen al bosque seco chiquitano; y hacer notar que los funcionarios responsables de la regulación forestal deben  ser de la región por ser conocedores de la realidad económica, política, social y cultural.

Finalmente, los participantes del encuentro solicitan la flexibilización por supuestas multas forestales  y autorización de permisos de chaqueos, uso de leña y madera en comunidades indígenas y campesinas de San Ignacio de Velasco.

 

 

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