15/05/2020

Organización Indígena Chiquitana se pronuncia en rechazo a decretos supremos que ponen en riesgo la diversidad biológica de Bolivia

CIPCA Santa Cruz

CIPCA / 15 de mayo de 2020.- El directorio de la Organización Indígena chiquitana (OICH), organización representativa e interlocutor válido de las 11 centrales y 2 asociaciones de cabildos, distribuidas en 508 comunidades en las 5 provincias de la Gran Chiquitanía, a través de un pronunciamiento rechaza los decretos supremos N° 3973 para el desmonte de bosques o "tala controlada" en los departamentos de Beni y Santa Cruz, el DS N° 3874 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal - Biodiesel. el DS N° 4232 que autoriza realizar procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, debido a que estos ponen en riesgo al país.   

La OICH demanda también el fomento y apoyo a la agricultura familiar indígena con base agroecológica, como la mejor opción para la seguridad y soberanía alimentaria del país; exige el respecto a la Constitución Polí tica del Estado, a las leyes N° 300 de la Madre tierra, N° 144 de Revolución Productiva y a Ley de Fomento a la Agricultura Ecológica.

En el pronunciamiento se exige reconocimiento del rol histórico de los pueblos indígenas que han garantizado la seguridad y soberanía alimentaria custodiada por una extensa biodiversidad, demostrada en la actual coyuntura.

Las centrales comunales indígenas que firman el pronunciamiento son CICHIPA (Pailón), CICHAR (Robore), CCICH-T (San Jose), CIRPAS (San Matías), CICH –GB (Puerto Suarez), CIBAPA (Porvenir-Velasco), CICC (Concepción), CCISM (San Miguel), CICOL (Lomerío), CIPSJ (San Javier), CICSAR (San Ramón), ACISAR (San Rafael) y ACISIV (San Ignacio de Velasco).

Las y los indígenas chiquitanos afirman que los decretos que rechazan, en especial el DS 4232 pone en riesgo la diversidad biológica a nivel nacional, ya que Bolivia es uno de los 16 países centro de diversidad genética para la seguridad alimentaria como el maíz, aseveran además que es un atentando contra las 77 variedades de maíz que posee el país y que la introducción de nuevos eventos transgénicos será la puerta abierta para otras especies que pondrán en eminente riesgo la diversidad genética de nuestras semillas nativas.

“Con el pretexto de la seguridad y soberanía alimentaria se viene justificando la desforestación irresponsable de la Amazonía y Oriente del país, estas zonas se constituyen en fuentes generadoras de agua y de regulación del clima”, versa en la justificación del pronunciamiento.

Las y los firmantes manifiestan que se ha demostrado que los alimentos transgénicos tienen efectos adversos para la salud de los animales, y que es muy probable que presenten efectos similares en la salud humana, y que es así como la contaminación de las semillas criollas y los alimentos, por semillas transgénicas podrían afectar negativamente a la salud de los campesinos indígenas originarios.

En la justificación exteriorizan que además de sus efectos directos, los estudios han mostrado que la utilización de semillas transgénicas resistentes a los herbicidas está asociada con un mayor uso de estos, especialmente del glifosato. Declaran también que se ha demostrado que el glifosato tiene graves efectos adversos para la salud; por lo tanto, la salud de las comunidades que viven cerca de las plantaciones con semillas transgénicas resistentes al glifosato, están sujetas a efectos negativos derivados de la mayor exposición al herbicida.

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