
En la víspera el Concejo Municipal de San Lorenzo de Pando, promulgó la Ley No 001/2023, denominada como “Ley Integral Municipal para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres en el Municipio de San Lorenzo”. La ceremonia contó con la participación de representantes de comunidades campesinas e indígenas, agrupaciones ciudadanas y el alcalde Eduardo Flores.
La ley es fruto de una colaboración entre el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo (GAMSL), organizaciones sociales, organizaciones de mujeres y la ONG CIPCA Regional Norte Amazónico. Respondiendo a un elevado índice de violencia contra mujeres en la localidad, se desarrolló este proyecto legislativo tras múltiples reuniones técnicas y ajustes. Un representante de la Organización Bartolina Sisa, Blanca Flor, destacó la intensa labor y el propósito de la ley de garantizar a las mujeres el derecho a una vida sin miedo y violencia.
Además de la elaboración de la ley, se llevó a cabo un proceso de sensibilización de la población entre mayo y octubre. Durante este periodo, se organizaron espacios formativos y de sensibilización sobre derechos de las mujeres, equidad de género y violencia. La iniciativa fomentó la reflexión y el planteamiento de propuestas para prevenir y proteger a las víctimas de violencia. Según el Asesor Jurídico del GAMSL, este proceso incrementó significativamente las denuncias de casos de violencia.
La ley tiene como objetivo establecer mecanismos para combatir la violencia contra las mujeres mediante políticas y estrategias de prevención, atención y protección, promoviendo el derecho a una vida libre de violencia. El alcalde de San Lorenzo se comprometió a asignar los recursos necesarios para que la ley se implemente efectivamente. En los próximos meses, se trabajará en la reglamentación de la ley y en la construcción de un plan de implementación, junto con la asignación presupuestaria correspondiente.
Por último, CIPCA enfatizó la importancia del reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres para fortalecer la democracia en las organizaciones sociales, comprometiéndose a apoyar la fase de implementación de la ley, reflejando así el compromiso del municipio con la dignidad y el bienestar de las mujeres.
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