CIPCA / Septiembre 2012.- En pasadas semanas organizaciones sociales y campesinas de Riberalta de las provincias Vaca Diez, Madre de Dios y Guayaramerín, fabriles y las juntas vecinales de Riberalta manifestaron, a través de acciones de protesta, su rechazo a la ineficiencia de los fiscales y la consecuente retardación de justicia que alcanza ya niveles inaceptables para la población, demandando al nivel nacional que investigue denuncias de irregularidades y actos de corrupción cometidos por la fiscalía y se mejoren las condiciones de estas oficinas para el desarrollo de sus funciones. Estas denuncias presentadas ante una comisión nacional por los sectores sociales de Riberalta habrían sido argumento para que la fiscalía posteriormente inicie procesos a los dirigentes campesinos y fabriles que presentaron las denuncias en contra del Fiscal. Son precisamente estas acciones de amedrentamiento y acoso las que motivaron la toma y bloqueo de los accesos al edificio de la fiscalía en Riberalta el pasado martes 18 de septiembre.
Después de varios casos de retardación de justicia e incumplimiento del deber por parte de la Fiscalía de Riberalta denunciada por varias organizaciones sociales, semana antes al conflicto el Secretario General de la FEJUVE de Riberalta, presentó una denuncia formal por las irregularidades que cometiera la Fiscalía, casos de extorción y retardación de justicia, entre otros. A esta denuncia se suman las de representantes de la Cooperativa Campesina CAIC, institución que atraviesa un juicio paralizado desde hace varios años, además de denuncias realizadas por otros dirigentes sociales a través de medios de comunicación locales.
Con motivo de estas acusaciones, hace algunos días la Fiscalía mandó a aprender al Secretario General de la FEJUVE, quien posteriormente fue puesto en libertad, incluso se conocía de la existencia de órdenes de apremio sobre otros dirigentes que habían realizado denuncias contra la Fiscalía. Estas acciones, aparentemente de amedrentamiento y persecución, desembocaron en la toma de los accesos de ingreso a la Fiscalía por parte de las Organizaciones Sociales, entre ellas la Federación de Campesinos Vaca Diez y la Federación de Mujeres Bartolina Sisa de Vaca Diez, pidiendo la libertad del dirigente denunciante y la destitución de los Fiscales de Riberalta.
La posición de las organizaciones sociales y de las organizaciones campesinas es continuar con las medidas de presión hasta que se hagan presentes las autoridades competentes (Ministra de Justicia, Ministro de Gobierno, Fiscal Distrital, Fiscal General, etc.) y den solución definitiva a esta situación. Entre otras exigencias las organizaciones sociales solicitan la destitución de los actuales Fiscales y la designación de nuevos/as, así como de otros funcionarias y funcionarios públicos complementarios de apoyo para la Fiscalía.
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