CIPCA / 16 de septiembre de 2020.- El 9 de julio de 2019, fue aprobado el D.S. 3973 que permitía el desmonte, tala y quema en el departamento del Beni y Santa Cruz. Hoy ese decreto fue abrogado por el gobierno de Añez en un acto realizado en Santa Cruz.
Recordemos que el año pasado 5,7 millones de hectáreas se quemaron en los incendios en la Chiquitania, Chaco y Amazonia sur y este año, de enero a agosto, ya se registraron alrededor de 900.000 hectáreas quemadas por los incendios en el departamento de Santa Cruz, de las cuales un 25 % aproximadamente corresponde a bosques y el otro 75 % a campos de cultivos agrícolas. (Reporte FAN, 2020)
Este puede ser el primer paso para avanzar hacia la protección y conservación de los bosques en el país, pero no olvidemos que todavía quedan 13 normas más de un paquete denominadas incendiarias, porque promueven esta actividad como medio para la expansión ganadera y agroindustrial y el fomento de asentamientos y nuevas titulaciones en tierras fiscales por el INRA.
Y por eso no debemos quedarnos ahí, es necesario que se modifiquen las otras leyes y sobre todo que se transite de un modelo agroexportador insostenible hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo más sostenible basado en sistemas agroforestales, ganadería semi intensiva, fomento a la producción forestal no maderable, además bajo criterios de gestión integral de los bosques.
Asimismo, hacer un llamado a la población para realizar mayor control social a los cambios de los Planes de Uso de Suelos que hoy pretenden generar cambios sin retorno en los sistemas amazónicos, donde deberían participar cuerpos colegiados, autoridades y productores, como lo establece la CPE para el seguimiento a las políticas públicas.
Estos temas deben ser altamente considerados dentro de las agenda y planes de gobierno de las agrupaciones políticas en carrera hacia las elecciones nacionales de octubre, por responsabilidad con el país y no solo como discurso en sus campañas electorales.
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.