La comunidad indígena de Puerto San Borja, ubicada en el Territorio Indígena Multiétnico 1 TIM 1, a 23 km. de San Ignacio de Mojos, preparó un ambiente de fiesta para el arribo de los 464 marchistas que partieron desde el Algodonal y pernoctaron en la estación piscícola Mausa durante la jornada del día martes 8 de mayo.
Los marchistas llegaron al despuntar el alba, cerca a las 6 de la mañana del día miércoles 9 de mayo, aprovechando el ambiente fresco de la madrugada, ya que las caminatas anteriores a plena luz del día provocaron severas insolaciones y deshidrataciones en la humanidad de los marchistas.
Alrededor de las 9 de la mañana, las autoridades de la comunidad en coordinación con la subcentral del TIM 1 que aglutina 20 comunidades indígenas dieron inicio a un acto de bienvenida sencillo pero cargado de emotividad, donde el presidente del TIM Miguel Angel Caumol, a tiempo de dar la bienvenida a los marchistas, denunció que no sólo el TIPNIS, sino también el TIM sufrió la violación de sus derechos como pueblos indígenas en la construcción de la carretera V. Tunari – San Ignacio de Mojos.
Durante su estadía en esta comunidad indígena, la comisión política de la marcha decidió trabajar en la compatibilización de la plataforma de demandas que debe incorporar las exigencias de los diferentes pueblos indígenas que participan de la IX Marcha. Sin lugar a dudas una de las principales demandas será la abrogación de la ley 222 de consulta previa para el caso del TIPNIS, ya que según lo manifestaron los mismos dirigentes de la marcha "la supuesta consulta es un atropello del gobierno a los derechos de los indígenas, por eso queremos la abrogación de la ley 222".
Recordar también que el año pasado, la VIII Marcha Indígena hizo una parada de tres días en esta misma comunidad generándose el espacio para un primer acercamiento con el gobierno en busca de allanar la ruta del diálogo, frustrándose por la poca voluntad de la comisión gubernamental. A la fecha, el camino al diálogo parece ser inexistente y por el contrario, se intenta implementar la Ley 222 en claro desconocimiento de la movilización indígena. La noche del miércoles 9 de mayo se aprobó en el Senado la ampliación del tiempo para la "consulta" a tres meses, con lo cual el gobierno rompe tácitamente cualquier puente de diálogo respecto de los pueblos indígenas movilizados en defensa del TIPNIS.
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