21/05/2012

Investigación identifica subalquiler de tierras comunales de Pando a ganaderos fronterizos

Periódico Digital PIEB

Periódico Digital PIEB/18-05-2012.- Una investigación del el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) ha identificado una práctica de subalquiler ilegal de tierras comunales destinadas al pastoreo y engorde del ganado brasilero en Pando, lo que está generando conflictos entre los comunarios del departamento. Según el trabajo, se pone en riesgo la sostenibilidad del manejo de los bosques fronterizos.

El estudio denominado “Conflictos por Tierra, Territorio y Recursos Naturales en el Norte Amazónico, la Chiquitanía y el Chaco boliviano”, de Pamela Cartagena (coordinadora), Ramiro Chávez, Mario Espinoza y Miguel Valdez, elaborado con el apoy de CIPCA, revela los conflictos en las comunidades campesinas e indígenas de los municipios de Bella Flor, Porvenir, Filadelfia y Cobija del departamento de Pando.

La agrónoma e investigadora Pamela Cartagena señala que en el departamento de Pando, donde el Instituto Nacional de Reforma Agrario (INRA) culminó el proceso de saneamiento el 2008, se detectó ganado brasilero en propiedades comunales, donde existe bosque secundario y áreas deforestadas que ofrecen pasto.

“Como en Brasil no tiene muchas áreas potenciales para la ganadería los engordan en el lado boliviano en áreas extensivas de las zonas de Porvenir, Bella Flor, Cobija y Filadelfia que tienen frontera con Brasil”, afirma al Periódico Digital del PIEB.

Paralelamente se identificó la presencia de 350 familias entre nacionales y brasileras, asentadas de manera ilegal dentro de la franja fronteriza de seguridad que comprende 50 kilómetros que bordea el límite de la frontera. Sin embargo, la investigadora afirma que a pesar de haberse denunciado esta situación a la Cancillería y a otras instituciones, el Estado no desalojó a estos pobladores que también se benefician del subalquiler de tierras para el pastoreo.

Del proceso de saneamiento se beneficiaron 182 comunidades con propiedades colectivas sobre una superficie total de 2,23 millones de hectáreas, a razón de 500 has por familia.

Conflictos internos
Los principales conflictos al interior de las comunidades surgieron como consecuencia de la división de tierras al interior de las propiedades colectivas, es decir, de las Tierras Comunitarias de Origen, donde cada familia decide qué hacer con su pedazo de tierra, la mayor de las veces en desmedro de la comunidad y las futuras generaciones. Las alternativas van desde alquilar tierra a extranjeros, talar madera para venderla o recolectar castaña.

Cartagena explica que la división de tierras al interior del bosque provocó que quienes se encuentren monte adentro y cuenten en su “pedazo” con árboles de castaña aseguren ingresos económicos. Por ejemplo, por la recolección de castaña de 50 árboles en tres meses se garantiza un ingreso de aproximadamente 30 mil bolivianos, mientras que el vecino que está más cerca del río apenas obtenga mil bolivianos por el mismo producto, lo cual lo empuja a utilizar la tierra para otros fines.

“Este es un conflicto grande en la gestión del territorio que debería ser comunal porque las áreas de bosque no son franjas sino manchones que deberían aprovecharse por todos los miembros de la comunidad y distribuirse los ingresos de manera equitativa. El hacer divisiones ha generado que algunos tengan más recursos y otros no”, advierte.

Aquellos que ven poco rentable la recolección de castaña subalquilan sus tierras, pero también hay comunarios que adquirieron ganado y están copiando el modelo brasilero de producción extensiva de ganadería bovina, la cual no requiere de inversiones “sueltan al ganado degradando suelos, y cuando se necesita más pasto se tumba monte para que regenere pasto y se quema para que el pasto puede regenerarse con la lluvia, que en muchos terminan en incendios forestales”.

Señala que el tema de costo por los alquileres varía pero fue poco difundido ya que al interior de las comunidades existe temor de los comunarios de denunciar a sus dirigentes que gozan de poder político y económico.

El estudio observa una débil presencia institucional del INRA para hacer respetar la Función Económica y Social (FES) de las tierras comunitarias, al igual que de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), que no estaría ingresando a las áreas de deforestación ilegal, además de la “politización” y la falta de control social por parte de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Pando.

Los resultados de la investigación fueron socializados en el Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural organizado por el CIPCA con el apoyo del CIDES UMSA, Fundación Tierra, Erbol, Secretariado Rural Regional Andina

http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=6909

 

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