CIPCA / Julio 2012.- En conferencia de prensa realizada en horas de la mañana de hoy lunes 2 de julio, el primer mandatario Evo Morales, ratificó la decisión de no dialogar con las y los dirigentes de la IX Marcha y que la solución pasa por una reunión con los 63 corregidores de este territorio. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, corroboró la declaración del Presidente, argumentando que el gobierno no dialogará con la dirigencia de la marcha debido a que éstos no representan a las tres Subcentrales, según el gobierno, el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure estaría representado por la Subcentral TIPNIS, la Subcentral Sécure y la Subcentral del CONISUR.
Por su parte, Fernando Vargas Presidente de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en un debate con el Ministro Romero, realizado esta mañana en el programa de Amalia Pando en ERBOL, aseveró que la IX Marcha no desistirá de su demanda de poner en vigencia la ley 180 y anular la Ley de Consulta 222, “la consulta no va en el TIPNIS, nos tendrían que eliminar a todos los que vivimos ahí”. Vargas aseveró que el gobierno está buscando desacreditar a los dirigentes de la IX Marcha y que sus bases los desconozcan, por eso arguyen que él no es dueño ni representa al TIPNIS, a pesar de que él fue elegido como representante por más de 40 corregidores para defender “la casa grande” que quiere ser dividida por el proyecto de carretera impulsa el gobierno, tema que se habría concertado a través de 10 reuniones realizadas por los más de 40 corregidores, aclarando además que el CONISUR no es una Subcentral del TIPNIS.
Según Carlos Romero, la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la demanda de inconstitucionalidad de la 222, obligaría al gobierno acordar el procedimiento de la consulta con los 63 corregidores que son los titulares de este derecho. Al respecto Vargas señaló, primero que ya los corregidores habían decidido que la carretera no se construiría por el corazón del TIPNIS y segundo que la 222 no es constitucional por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Esta ley no fue elaborada respetando procedimientos apropiados y a sus instituciones representativas como indica la CPE, además esta consulta no es de carácter previa. Aclaró que la marcha no está en contra de la construcción de la carretera, pero que sí está en contra de que la misma pase por el centro del TIPNIS, porque así destruiría el parque que es bien común y patrimonio natural de todos los bolivianos.
Por otra parte, Fernando Vargas criticó la mala fe con la que actúa el gobierno ya que además de desacreditar a los dirigentes de la marcha, intenta dividir a los indígenas creando organizaciones paralelas. El dirigente señaló que el gobierno está jugando a cansarlos, y “a sacar a los hermanos por separado para que puedan llegar a acuerdos”. Aclaró que la firma realizada el pasado sábado 30 de junio, entre el gobierno y la dirigencia indígena del Consejo T’simane y Mosetén, logró que sólo una parte de la marcha abandone la misma, ya que sólo 20 personas entre mujeres y niños t´simanes-mosetenes retornaron a sus comunidades por temas de salud, y que sin embargo los hombres y jóvenes se quedaron para continuar en la IX Marcha. Asimismo, el dirigente denunció que el gobierno ahora está buscando capturar” a la dirigencia de la CIDOB promoviendo la elección de una nueva directiva.
A la fecha, y desde su llegada a la Sede de Gobierno, una parte de los marchistas están cumpliendo su sexto día de vigilia a una cuadra de la Plaza Murillo, la cual está fuertemente resguardada por la policía, según el Viceministro de Régimen Interior, Jorge Perez para preservar el patrimonio histórico que significa esta plaza. Pocos metros más abajo, otro grupo de marchistas resguardan la Vicepresidencia impidiendo así el ingreso de funcionarios a este recinto. El resto de la columna de la IX Marcha se encuentra en el Coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Ante esta situación, organizaciones como la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Maestros se movilizan para pedir al gobierno que deje su actitud de soberbia y se realice de una vez el diálogo para dar solución a este conflicto.
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