17/07/2012

Conversatorio en Santa Cruz analizó la conflictividad en el país

Julio Rodríguez - CIPCA Santa Cruz

CIPCA / Julio 2012.-  El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), en coordinación con la fundación UNIR, Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, Observatorio Político Nacional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Defensor del Pueblo, realizaron un conversatorio el día jueves 12 de julio en las instalaciones del Museo de Historia de Santa Cruz, denominado “Gobernabilidad y Conflictividad en Bolivia”, con la participación del Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el sociólogo Renzo Abruzzese.

El Ministro Romero señaló que el Gobierno Nacional a través de 3 pilares fundamentales (inclusión de pueblos indígena, autonomías y nuevo modelo de desarrollo económico) ha logrado un proceso de reducción de la pobreza y la desigualdad social, redistribuir los recursos económicos y tener una macroeconomía estable. Sin embargo, a pesar de estos avances, la conflictividad social es permanente, de acuerdo a la visión gubernamental, dijo, se debe a que se ha pasado de una lucha por controlar el excedente económico a una lucha por la redistribución de dicho excedente.

Para Romero, si bien el Estado está redistribuyendo las riquezas, aún no ha colmado las expectativas sociales, lo que genera pugnas por esa redistribución y motiva los conflictos. Ante esta situación y luego de conseguir un pacto político reflejado en la Constitución Política del Estado (CPE), es necesario un pacto económico en el marco del texto constitucional.

Por su parte, Renzo Abruzzese consideró que el gobierno sigue una lógica de confrontación en la gestión del conflicto, en lugar de buscar la pacificación, con la finalidad de “eliminar a sus adversarios políticos”. Por otro lado, indicó que el Estado Plurinacional no se está concretando porque se margina a los pueblos indígenas de tierras bajas, que para él en este momento encarnan la verdadera oposición al gobierno nacional.

Finalmente, los presentes criticaron la forma en que el gobierno gestiona los conflictos, especialmente haciendo referencia al caso de la IX Marcha Indígena, y cuestionaron la visión desarrollista con la que se está manejando el Estado, en algunos casos en contraposición a lo que señala la misma CPE.

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