Artículos de opinión

A diez años del Estado Plurinacional de Bolivia

Autor: Fredy Villagomez Guzmán - Sociólogo de CIPCA
Fecha: 08/02/2019

Han transcurrido 10 años desde la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) que dio nacimiento al Estado plurinacional como proyecto político, horizonte de vida y alternativa al Estado republicano y neoliberal que, montado sobre la noción de una nación igual a un Estado, excluía a la diversidad de culturas y modos de vida indígena, originario y campesino preexistentes a la colonia y con dominio ancestral sobre sus territorios.

El Estado plurinacional fue planteado a la Asamblea Constituyente (2006-2008) por las organizaciones rurales unificadas en torno al Pacto de Unidad para transformar el modelo neoliberal, colonial y patriarcal con el fin de devolver las decisiones y el poder al soberano. Esta propuesta ya venía discutiéndose desde la década de los 70s en términos de reconstitución del Kollasuyu, la asamblea de las nacionalidades y la autodeterminación de los pueblos para superar el colonialismo interno y explotación étnica y de clase.

El Estado plurinacional, en tanto organización jurídica y política de muchas naciones unidas en un solo Estado, es un avance sustancial en la vida institucional del país, puesto que reconoce ampliamente la diversidad de modos de vida indígena como naciones y con derechos colectivos para el ejercicio de su libre determinación, la autonomía y el autogobierno, como se indica expresamente en el artículo 2 de la CPE. Sin embargo, la pregunta que salta en tono de evaluación es ¿Cuánto se avanzó desde el reconocimiento jurídico de los derechos colectivos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NyPIOC) al ejercicio real de los mismos para la construcción del Estado plurinacional?

El reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas como naciones y sus derechos colectivos, es el primer paso importante para la construcción del Estado Plurinacional, pero es ineludible el ejercicio real de mecanismos de autodeterminación y autogobierno por los titulares del derecho, pero también el cumplimiento de sus obligaciones y las normas aprobadas por parte del Estado. Si no avanzamos del reconocimiento jurídico al ejercicio real de los derechos colectivos el proyecto de Estado plurinacional quedará en papel. El ejercicio de los derechos tendría que permitir a las NyPIOC definir sus propias formas de gobierno, sus modos de producción y desarrollo, la administración de sus recursos naturales y económicos y, a través de ello definir también los términos de su relación e incorporación con el Estado plurinacional. Entonces, la construcción del Estado plurinacional no debería reducirse a la incorporación de símbolos y representación (o presencia) indígena en la estructura del Estado, tampoco al nombramiento de órganos públicos y competencias deportivas con el rótulo de plurinacional, sino, ante todo, el Estado Plurinacional tendrá sentido cuando las naciones decidan cómo quieren vivir dentro del territorio y definan sus mecanismos de articulación en las estructuras del Estado. El autogobierno indígena no implica escisión ni aislamiento del Estado plurinacional y de la sociedad en su conjunto, sino más bien busca articularse y ser parte desde sus diferencias y particularidades, estableciendo relaciones interculturales y horizontales.

En la etapa post Constituyente se desarrollaron varias normas interesantes para avanzar en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aunque algunas no necesariamente responden a las expectativas y requerimientos de los mismos, pero en general éstos no fueron cumplidos y más bien limitaron su ejercicio pleno. La constitución de las autonomías indígenas debería haber sido el pilar fundamental para la reconstitución de las naciones indígenas y, por tanto, de la construcción del Estado plurinacional, pero los avances todavía son muy escasos y están siendo orientados a la administración de recursos públicos limitando su alcance territorial e integral. El derecho a la consulta previa, libre e informada en muchos casos ha sido eludido e incluso ha debilitado los mecanismos de autogobierno por el no respeto a procedimientos propios y las estructuras de toma de decisión.

La democracia comunitaria se está ejerciendo en el nivel local a través de la elección de autoridades para los gobiernos indígenas de las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC) y en la elección de representantes a las asambleas departamentales, pero todavía requiere mayor profundización y ampliación a otros niveles.

Si por economía comunitaria entendemos a la agricultura familiar, a pesar de la promulgación de la Ley 144 de Revolución productiva comunitaria agropecuaria y de la Ley 338 de Organizaciones económicas campesinas, indígenas originarias y de organizaciones económicas comunitarias, aún no logra fortalecerse y sus condiciones de producción son cada vez más precarias.

Bolivia cuenta con la “Ley de protección a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos” de 2013, que se plantea políticas “de prevención, protección y fortalecimiento, para salvaguardar los sistemas y formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad…”,  sin embargo, muchos pueblos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y de extinción, entre ellos, los Yuki, Pacahuara, Esse Ejja, Yaminahua, Machineri, Ayoreo y otros. Pero también varios pueblos indígenas defienden sus territorios y modos de vida ante la arremetida de modelos de producción y desarrollo extractivista impulsados por privados (agronegocio) y el Estado (exploración petrolera, minera, hidroeléctricas y carreteras).

El panorama muestra que hay avances en el desarrollo normativo y cambios en el paisaje rural en la última década, en cuanto a infraestructura de salud, educación, servicios básicos, caminos, medios de comunicación y relación con los centros urbanos, sin embargo, las capacidades de autonomía, autogestión y autogobierno que debían fortalecer a las naciones indígenas en el marco del Estado plurinacional, se han visto debilitadas e incluso erosionadas. Los avances en relación a las autonomías indígenas, la democracia comunitaria y jurisdicción indígena son sobre todo resultado del esfuerzo y persistencia de los propios pueblos indígenas del nivel local y regional.

Por supuesto que la construcción del Estado plurinacional no ocurrirá de la noche a la mañana, es un proyecto político de largo plazo, será resultado de procesos sociales y políticos con la participación y movilización organizada, activa, crítica y propositiva de la sociedad civil. La construcción de una institucionalidad estatal plural, comunitaria e intercultural debiera ser una tarea del Estado como lo establece la CPE, pero principalmente de las organizaciones de la sociedad civil. Es urgente la unificación y articulación del tejido social para retomar el carácter revolucionario y transformador del Estado plurinacional y del Vivir Bien para transitar a una Bolivia más justa, tolerante e intercultural. 


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