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Marco legal actual cierra posibilidades al desarrollo rural sostenible en la Chiquitania

Marco legal actual cierra posibilidades al desarrollo rural sostenible en la Chiquitania

Autor: Sheyla Martínez Camacho, directora CIPCA Santa Cruz
Fecha: 25/10/2019

El escenario de la intensa sequía presentado en los meses de agosto y septiembre del 2019 en la Chiquitania, sumado a la práctica de regeneración natural de pastizales para la producción de carne bovina con fuego y la acelerada deforestación que se registra en esta macro región, que va acompañada de la quema legal e ilegal, sobrevino un desastre ambiental sin precedentes en el departamento de Santa Cruz. Las afectaciones no solo fueron al bosque y al pasto, sino también a la fauna silvestre con impactos altamente nocivos, como es la contaminación por las cenizas en los cursos de agua y la consiguiente mortandad de peces.

Según Fundación Tierra de enero a septiembre de 2019 en Santa Cruz, se incendiaron 3,6 millones de hectáreas, lo que equivale al 9,6% de todo su territorio. El 47,3% de la superficie quemada, corresponde a propiedades privadas (individual y colectiva) y el resto, 52,7%, es tierra fiscal o de propiedad estatal. En el mismo periodo del año anterior, es decir hasta septiembre de 2018, el área quemada había sido de 619.206 hectáreas. Esto significa que este último año, la superficie quemada fue casi cinco veces más, en comparación con el periodo anterior.

Los incendios han dejado al descubierto, la complejidad del escenario rural en Santa Cruz, donde confluyen intereses económicos de grandes empresarios agropecuarios, en su mayoría extranjeros, medianos y pequeños productores vinculados a la producción extensiva de soya y la ganadería bovina de carne, comunidades indígenas y nuevos asentamientos campesinos autorizados por el INRA desde hace 5 años atrás. Esta situación ha generado un conflicto socioambiental que traspasó las fronteras de la Chiquitania y del departamento de Santa Cruz.

Ante esta situación, fundaciones, ONGs, activistas ambientalistas y la población en general de todo el país, realizaron un pedido unísono para la abrogación del sistema legal vinculado a la ampliación de la frontera agropecuaria, identificado como uno de los motores de los incendios. Las normas cuestionadas son varias y están relacionadas con:

  • El “perdonazo” a desmontes ilegales en el período 1996 a 2011 (Ley 337 del año 2013 y sus leyes vinculadas).

Esta situación implicó el saneamiento de cinco millones de hectáreas ubicadas principalmente en Santa Cruz y Beni. Esta inmensa superficie según Pablo Villegas (2012) muestra que no sólo las reservas forestales; sino también los derechos forestales (contratos en las ex concesiones) han sido objeto de desmontes; asentamientos y avasallamientos que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha titulado sin más trámite y en pocas palabras, con esta norma se está premiando a quien viola la Ley. La aplicación de esta ley es dudosa debido a la falta de registros detallados y precisos de los desmontes a lo largo de los últimos 15 años.

  • Autorización para el desmonte de hasta veinte hectáreas en pequeñas propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de Autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias (Ley 741 del año 2015).

Lo cuestionable de esta Ley (Art. 3 inc. I) no solo es la autorización del desmonte en Tierras de Producción Forestal Permanente que son marginales para uso agropecuario por la existencia de suelos con baja fertilidad, poco profundos y de fácil degradación por cambio de uso, sino que también dispone que esto sea de forma expedita y simplificada para campesinos e indígenas.

  • Ampliación de la frontera agrícola de cultivos industriales como la caña de azúcar, soya, sorgo y otros para garantizar el crecimiento gradual de los volúmenes de materia prima para la producción de Aditivos de Origen Vegetal (Ley 1098 de Aditivos de Origen Vegetal del año 2018).

Esta Ley, deja al sector productivo favorecido como responsable del crecimiento gradual de los volúmenes de la materia prima para la producción de Aditivos de Origen Vegetal. Debiendo elaborarse un Plan Multisectorial de Desarrollo Integral de Producción Alimentaria y Energética que incluirá, entre otros la rehabilitación de suelos degradados para cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal.

  • Autorización al Comité Nacional de Bioseguridad de establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta (ambas semillas transgénicas), destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel (Decreto Supremo 3874 del año 2019).

La petición del sector soyero para la aprobación de la Soya evento HB4 en Bolivia, nace según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) de las pérdidas constantes de la producción de este grano oleaginoso por la sequía. Estas semillas transgénicas, tendrían resistencia a la falta de agua para la producción causada por las modificaciones a los regímenes de lluvias por la eliminación del bosque.

En marzo de 2019, el Gobierno aceptó que para llevar adelante el proyecto de biodiesel es necesario aceptar el uso de dos semillas de soya (Intacta y HB4), que provienen de un tratamiento biotecnológico. Hasta ese momento, ningún país la consideraba la Soya evento HB4 como semilla comercial. En Argentina, donde fue desarrollada, no había autorización para su comercialización y ésta estaba condicionada a la no observación de China, principal comprador de este grano.

En el caso de la Soya evento Intacta, desarrollada por MONSANTO la semilla presenta un rasgo de la bacteria Bacillus thuringiensis para el control de larvas de lepidópteros que atacan al tallo y a la hoja de la planta de soya. Sin embargo, algunos estudios preliminares advierten el rápido desarrollo de resistencia en estos insectos plagas al B. thuringiensis, debiendo adoptarse medidas adicionales para demorar la ocurrencia de la misma, demandando responsabilidad en el manejo. Esto muestra que esta biotecnología no será una solución a la creciente incidencia de plagas en el cultivo de la soya, que surge por el desequilibrio ecológico que se genera al sustituir una población diversa de vegetación por el monocultivo extensivo de una sola especie donde se viene aplicando agroquímicos de amplio espectro de acción.

  • Autorización de desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias permitiendo las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente (Decreto Supremo 3973 del año 2019).

Esta norma modifica el Decreto Supremo 26075 del año 2001 que solo permitía el desmonte en el departamento de Santa Cruz y claramente, consolida la propuesta presentada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) el año 2017 sobre el complejo ganadero en el Beni y la apertura de mercado en China para la carne bovina, articulada ahora al cambio del Plan de Uso de Suelo (PLUS) realizado por la Gobernación del Beni el 17 de octubre de 2019.

Este nuevo PLUS, afectó directamente a Tierras de Producción Forestal Permanente del Beni, en el anterior PLUS se contaba con una superficie de 10 millones de hectáreas, ahora a 4 millones de hectáreas se les retiro esta categoría para destinarlas a Tierras de Uso Agropecuario, privilegiando de esta manera, a la ampliación de la frontera agropecuaria en una superficie total de más de 9 millones de hectáreas que serán desforestarán y manejadas con las mismas prácticas cuestionados en los párrafos anteriores.

Actualmente, en el departamento del Beni existe una declaratoria de alerta roja por sequía e incendios en cinco de sus ocho provincias, Ítenez, Jose Ballivian, Mamoré, Marban y Vaca Díez que constituyen el centro de la revolución agropecuaria. El ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos del Beni, Moisés Ayala, informó a los medios de comunicación que la sequía afecta a la producción de soya, sorgo y maíz de esa región.

Este panorama, muestra una tendencia hacia la profundización de la falta de agua en regiones que han sufrido una deforestación excesiva  

Si al marco normativo citado se añade una Función Económica y Social de la tierra que no reconoce el manejo de bosques y reservas privadas de patrimonio natural como sustento para mantener el derecho propietario, la existencia de instrumentos de gestión territorial inoperables, planes de uso de suelo altamente vulnerados por el marco legal y limitaciones técnicas y operativas de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), entonces se cierran todas las posibilidades a contar con un desarrollo rural sostenible y con respeto a los derechos de la Madre Tierra en la Chiquitania que se replica en el Beni.

Todas estas normas dirigidas a favorecer y consolidar en Bolivia un modelo económico extractivista basado en la ampliación de la frontera agropecuaria (de 3,49 millones de hectáreas a 10 millones al año 2025) con tecnologías degradantes de los recursos naturales y el medio ambiente, dejan territorios con alto déficit hidrológico e hídrico y poblaciones locales con riesgo de profundizar su condición de pobreza. Es así, que según FAN (2019) en la Chiquitania en los meses de enero a julio de 2019, se registró una disminución de la precipitación pluvial de hasta menos el 62% en comparación con la precipitación acumulada normal en el período 1981 a 2018.

Existe, por lo tanto, la tendencia a sequías más intensas y más prolongadas por la afectación al bosque que regula el ciclo hidrológico; no solo de esta región, condicionando negativamente la producción agropecuaria, en un máximo de 30 años según proyecciones optimistas, de los sistemas productivos extensivos que son causantes de la pérdida en extensiones masivas del bosque y la cobertura vegetal del suelo.

Finalmente, se puede concluir que la petición de la abrogación de las leyes mencionadas tienen un asidero fundamentado que hace necesario concretarla a la brevedad. Situación que debe ir acompañada de la formulación e implementación de una política nacional que respetando la Constitución Política del Estado y las diversas leyes referidas a los derechos de la Madre Tierra, cambie el modelo agrario extractivista por otro sostenible, quedando los gobiernos subnacionales ponerlo en marcha según sus competencias, promoviendo así un desarrollo productivo integral en armonía y equilibrio con la naturaleza, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de sus componentes, sistemas de vida y las funciones ambientales vitales de los bosques. 

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