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Empresas estatales, ¿en qué medida son apoyo efectivo para pequeños productores?

Autor: Ana Isabel Ortíz
Fecha: 22/03/2012

La crisis alimentaría de esta última década llevó a los organismos internacionales a dar mayor atención a los temas de soberanía y seguridad alimentaria a nivel mundial. Bolivia no fue la excepción, los efectos de la escasez de alimentos y el alza de precios de los productos primordiales de la canasta familiar generaron descontento popular pero también mayor atención del Gobierno a la producción agropecuaria.

El Gobierno nacional coloca como pilar fundamental de sus planes y programas a la soberanía alimentaria, la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria, para superar la falta de atención a este sector que produce hortalizas, frutas, cereales, miel, lácteos, etc.

Para ello, y en el marco del nuevo modelo económico en que la intervención del Estado en la economía es central, se crearon diferentes empresas estatales: LACTEOSBOL (Lácteos de Bolivia), AZUCARBOL (Azúcar de Bolivia), EBA (Empresa Boliviana de Almendra), EASBA (Empresa Azucarera de San Buena Aventura) y EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), esta última con un patrimonio aproximado de más de 800 millones de bolivianos.

El objetivo principal de las empresas es apoyar a los agricultores que trabajan a pequeña escala e intervenir en la distribución de diversos productos. De esta forma, las empresas serían el instrumento principal para restablecer la capacidad productiva del país, promover el consumo de los alimentos producidos por estos sectores, reducir la especulación, el agio y el incremento de los precios de los productos de primera necesidad.

De manera general, la intervención de las empresas estatales en la fase de la producción se debía realizar a través de acuerdos estratégicos con grupos de agricultores que se convierten en beneficiarios directos, a quienes se debió apoyar con insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, entre otros) para encarar el proceso productivo de un determinado rubro, otorgado en calidad de crédito sin tasa de interés o garantía hipotecaria; también se debía comprar su producción como materia prima para su transformación; apoyarlos con asistencia técnica, capacitación y en el fortalecimiento de sus organizaciones. Por todo ello, el anuncio de la creación de las empresas estatales causó mucha expectativa en los pequeños agricultores, porque serían los protagonistas de estas iniciativas estatales, adecuado a su realidad productiva, que les permitiría reducir sus costos de producción por los préstamos sin tasas de interés, acceder de forma oportuna a los insumos para la producción, negociaciones más justas, en fin, una serie de oportunidades que les permitiría obtener mejores ingresos económicos y convertir a las empresas estatales en sus aliados principales para salir de la pobreza.

Los resultados, a tres o cuatro años de su constitución, muestran que la mayoría de estas  empresas estatales no están logrando los objetivos propuestos y tienen conflictos con los productores, que optan por realizar medidas de presión para expresar su malestar frente al accionar de dichas empresas. Sólo en estos primeros meses del año, como expresión de ese malestar, los castañeros del norteamazónico tuvieron que bloquear caminos en esa región para que EBA cumpla con su compromiso de pagar un precio de 200 Bs. por caja de 23 Kg de castaña; productores arroceros en el norte de Santa Cruz tomaron pozos petroleros para negociar con EMAPA los precios de venta de su producto; los productores cañeros de Bermejo realizaron una marcha de Patacamaya y bloqueos en la ciudad de La Paz exigiendo a la empresa AZUCARBOL  la construcción del ingenio azucarero comprometido.

El malestar proviene por fallas en la logística de apoyo al productor ya que no se entregan los insumos a tiempo, provocando pérdidas por el retraso en el desarrollo de las actividades agrícolas; EMAPA trabaja como cualquier otro intermediario, limitándose a entregar algunos insumos y cobrarlos en el momento de la cosecha, sin asistencia técnica ni seguimiento, comprar los productos a bajo precio y que no permite a los productores cubrir préstamos y deudas. En el caso del arroz, el precio de compra es mayor que el de otros intermediarios por la subvención que existe, se ofrece 46 dólares la fanega (200 kilos) de arroz húmedo, frente a los 30 dólares de otros intermediarios; sin embargo en las negociaciones con los productores hay conflictos por los descuentos por impurezas y humedad en la recepción del producto, en la conciliación de cuentas y burocracia para la cancelación del dinero (hay casos que tardaron más de dos meses en cobrar).

La cobertura de productores beneficiados es reducida, por ejemplo en el arroz por año se beneficia sólo al 3% de los más de 43 mil productores a nivel nacional; también genera problemas entre organizaciones arroceras que reciben apoyo de EMAPA y las que no reciben, y se agudiza porque se apoya a medianos productores, que estarían desplazando a los pequeños agricultores, quienes han sido los principales demandantes de este tipo de apoyo.

Además, preocupa la falta de criterios de sostenibilidad en las empresas estatales, por ejemplo se sigue fomentando la agricultura extensiva en la zona oriental, en vez de cambiar a modelos de producción más intensivos y diversificados, se intensifica el monocultivo. EMAPA incentiva la producción de arroz, soya, maíz y trigo y la aplicación de pesticidas nocivos para la salud y al medio ambiente; no estimula ni promueve prácticas adecuadas de manejo y conservación de recursos naturales (suelo, agua, bosques); no se brinda asistencia técnica y capacitación que coadyuve a mejorar los niveles de productividad, y tampoco trabaja en la recuperación de variedades nativas, tan importantes en la seguridad y soberanía alimentaria.

No se evidencia apoyo en el fortalecimiento de las organizaciones, más al contrario, muchas de ellas se desintegraron por los conflictos generados entre los asociados que accedieron a beneficiarse con los programas y aquellos que no lo hicieron; además, se percibe una competencia desleal con asociaciones de productores que venden productos elaborados y que no pueden competir con los precios de acopio que tiene las empresas estatales. Un ejemplo, en Challapata-Oruro, la incursión de LACTEOSBOL provocó que muchas queserías artesanales quiebren, porque no pueden competir con el precio de acopio de la leche que tiene esta empresa estatal. Por último, todavía no se consiguió estabilizar los precios de venta para el productor y sólo se benefician de mejores precios aquellos que logran trabajar con la empresa estatal, es decir, un número reducido de productores.

Estos antecedentes dejan dudas sobre si las empresas estatales son una alternativa real de apoyo al desarrollo de los pequeños agricultores bolivianos orientada a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria a la población boliviana. Si miramos la historia, llena de ejemplos, como oportunidad de aprendizaje, sin duda nos ayudaría a evitar repetir errores del pasado.

(*) Ana Isabel Ortíz es Consultora de CIPCA y docente-Investigadora UAGRM

 

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