22/05/2019

Plataformas e instituciones reflexionaron sobre el uso de agroquímicos en nuestro país

Leni Matienzo - CIPCA Cochabamba

Plataformas e instituciones reflexionaron sobre el uso de agroquímicos en nuestro país

CIPCA / 22 de mayo de 2019.- El día lunes 20 de mayo, el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) y el Grupo Impulsor Ecoconsumo, en coordinación con instituciones aliadas como la Fundación AGRECOL Andes, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA regional Cochabamba, CIUDADANÍA, Fundación Alerta verde, Llajta Cultiva, la Kasu Mayu, Alternativas Ecológicas, Hierba Buena, Samay y la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO), organizó una “Jornada informativa y de construcción de alternativas a los Agroquímicos y Transgénicos”, paralelamente, el evento fue acompañado de la feria agroecológica que inició a horas 15:00 en ambientes de la Floristería de la Plaza del Ganado.

La jornada inició con la exposición de María Lohman (Somos Sur), quien reflexionó sobre la ampliación de la frontera agrícola, transgénicos y agronegocios. Enfatizó sobre la necesidad urgente de colectivizar con la sociedad, las implicancias del decreto supremo 3874, que autoriza de forma excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad; evaluar y aprobar el uso de los eventos transgénicos de soya HB4 (resistente a la sequía) e intacta (resistente a plagas y al glifosato) esta medida, sostuvo, que beneficiaría a las trasnacionales como Monsanto y a los grandes empresarios de Soya y no así a la seguridad alimentaria, a la mitigación del cambio climático y mucho menos a mejorar las condiciones del medio ambiente.

Por su parte, el representante de Fundación PLAGBOL Omar Huici, señaló que la agricultura es fundamental para el desarrollo del país; es la actividad económica que genera más empleo y que por ello hay que promoverla y potenciarla. Sin embargo, reveló que para fomentar este rubro y garantizar el incremento de los rendimientos de cultivos de importancia comercial y alimenticia, entre el periodo del 2004 al 2017 se quintuplicó la importación de agroquímicos en el país. Éste incremento, no significo en una mejora de los rendimientos productivos, pero si en un aumento de los costos de producción y por tanto en la generación de deudas de las familias productoras; y el incentivo al monocultivo dependiente de plaguicidas de origen químico. Ante esta problemática, dijo Huici, se deben plantear alternativa y profundizar en procesos de capacitación y concientización a los productores y a los consumidores.

Adriana Montero, coordinadora nacional del GTCCJ presentó los resultados de la primera parte del estudio “Uso y manejo de agroquímicos en la producción agrícola” que explican y socializan datos alarmantes que afectan a la salud y al medio ambiente. Un dato relevante es que el 34.8% de productores que emplean productos químicos para la producción, no utiliza protección durante la aplicación del producto, asimismo, se expone que el 72% de los trabajadores que efectúa la aplicación de agrotóxicos consume coca durante el proceso, el 14,5% fuma cigarrillo y el 4,3% consume alcohol. Estos datos evidencian que los productores se están intoxicando al desconocer el manejo adecuado de los agroquímicos.

Finalmente, Roberto Bascopé representante de Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO), explicó los resultados de la investigación sobre el uso de plaguicidas en los cultivos de soya que se realiza en Samaipata y San Pedro, muestran que se usa 4,63 kgr de agroquímicos por habitante y que el Glifosfato y el Paraquat son los herbicidas más importados en el año 2017.

A manera de conclusión, Nancy Camacho, directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, regional Cochabamba, quien moderó el evento; planteó abrir el debate y socializar evidencias de las investigaciones para que la sociedad civil tome decisiones y acciones al respecto; asimismo, insistió que es urgente que las universidades e instituciones se involucren en procesos de investigación que generen evidencia y respaldo. Por su parte, el GTCCJ sugirió que el Estado desarrolle mejores sistemas de regulación y que éstos sean efectivos para lograr un mejor control y calidad en la producción y consumo de alimentos que proteja la salud de los habitantes y el medio ambiente.

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