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Propuestas Económicas Productivas

Los pueblos indígenas de tierras bajas aportan nuevamente a la construcción del Estado plurinacional de Bolivia. La consolidación del primer gobierno autónomo indígena de Charagua en el departamento de Santa Cruz se constituye en un hito importante para los pueblos y naciones indígenas del país y de la región latinoamericana; la autonomía indígena entendida como el derecho de los pueblos indígenas para organizarse y dirigir su vida poniendo en marcha sus valores, instituciones y mecanismos, es posible en el país en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE). Las luchas sociales por recuperar la tierra y el territorio, y plantear la libre determinación y el autogobierno a los Estados en la región, son demandas de los pueblos indígenas que fueron tomando forma desde inicios de los ochentas. El pasado 8 de enero, tras la posesión de las nuevas autoridades del Gobierno Autónomo Indígena Charagua Iyambae, el pueblo guaraní logró avanzar un paso más hacia la autodeterminación y el autogobierno como pueblo indígena, lo cual, no es más que el resultado de su incansable lucha retomada hace más de tres décadas cuando se fundó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), precisamente en la localidad de Charagua.

Como parte de la agenda del pueblo guaraní, para los 90s ya se había logrado sacar de las haciendas a algunas comunidades cautivas, se había restituido algunas tierras y avanzaban en la opción del reconocimiento sus territorios. Las marchas indígenas de tierras bajas protagonizadas entre 1990 y 2006 lograron cambios sustanciales para iniciar la reversión de la exclusión que habían sufrido los pueblos indígenas, además de cuestionar el carácter monocultural del Estado boliviano. El reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en 1996 fue un primer avance en la conquista del territorio, y agendar la Asamblea Constituyente en 2005 fue otro gran avance porque permitió reforzar el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y que se incluyera la posibilidad de las autonomías indígenas en la nueva carta magna.

Bajo una nueva CPE, el pueblo guaraní desde el 2009 inició el proceso de conversión de municipio a autonomía indígena. Muchos fueron los requisitos legales y obstáculos burocráticos a superar: lograr la aprobación del Certificado de Territorio Ancestral por el Estado plurinacional que compruebe que el pueblo indígena demandante es indígena y es dueño del territorio, la revisión constitucional de su estatuto, los trámites ante las autoridades correspondientes para exigir la convocatoria al referendo de aprobación de estatutos; pero por otra parte, el proceso fue también de construcción colectiva, para la elaboración de su Estatuto autonómico, la difusión masiva del mismo, la aprobación en referendo por la mayoría de la población, y posteriormente, la elección de sus nuevas autoridades por normas y procedimientos propios en asamblea en el caso de las capitanías, y por voto universal y secreto en el caso de los centros urbanos. Todos estos requisitos y trámites burocráticos fueron hábilmente superados por la organización, y se sustentó en la decisión orgánica y cohesión social del pueblo guaraní.

Queda por delante la puesta en marcha del gobierno autónomo, esto requerirá la construcción de una gestión pública diferente y alternativa a la gestión pública municipal sobre la cual los guaranís ganaron experiencia en los últimos años, aunque su participación era limitada a la elección de subalcaldes en los distritos y estaba permeada de intereses político partidarios. Hoy la democracia comunitaria se impone en esta parte del chaco cruceño, la democracia comunitaria es la fuente de legitimación de las autoridades del nuevo gobierno indígena.

Las 46 nuevas autoridades congregadas en el Órgano de Decisión Colectiva (Ñemboati Reta), el Órgano legislativo (Mborokuai Simbika Iyapoa Reta) y el Órgano Ejecutivo (Tëtarembiokuai Reta), jugarán un rol trascendental para la puesta en marcha de la Autonomía Indígena Charagua Iyambae. Una autonomía que no debe quedar simplemente en una homologación o acomodo a la actual estructura y funcionamiento del gobierno municipal, puesto que con ello se quedaría en una autonomía sin mayores cambios, en una “autonomía con poncho y tipoy” como la sindicaron algunos analistas. Las formas creativas del ejercicio del poder en el marco de los valores y principios del pueblo indígena guaraní inscritas en su estatuto, la autonomía articulada a la gobernanza del territorio y las nuevas funciones en el marco de las competencias adquiridas, deben estar presentes en todo este proceso.

El Órgano de Decisión Colectiva, compuesto por 27 representantes (12 mujeres y 15 hombres de las 6 zonas), es la gran novedad y ventaja de esta nueva estructura de gobierno, puesto que liderará la construcción del modelo de desarrollo integral sostenible y la definición de políticas públicas para la jurisdicción autonómica. Los órganos legislativo y ejecutivo serán los operadores de las decisiones del primero.

La construcción de un modelo de desarrollo integral y sostenible para Charagua aportará también a la región del Chaco boliviano. Este proceso sin duda deberá ser participativo e inclusivo, y seguir las bases sentadas en el estatuto que lo orientan en primera instancia al logro de la seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien desde la conservación de recursos naturales y biodiversidad, la producción con enfoque agroecológico, la promoción de la ganadería semi intensiva, entre otras, medidas que interpelan e invitan a los diferentes actores productivos a apostar por un modelo más productivo y sostenible para la región.

La definición de políticas públicas para la jurisdicción indígena si bien estará a cargo del gobierno autónomo, requerirá de acciones concurrentes y compartidas con otros actores y sectores del Estado. Esto implica una nueva forma de relacionamiento entre los diferentes niveles de gobierno y una nueva cultura política basada en el diálogo, respeto a las prioridades, visiones y competencias de la autonomía, además de concretar la concurrencia de acciones y recursos, tanto enunciada. En ese marco, la Gobernación de Santa Cruz deberá re definir la inversión pública en el marco de los planes y programas definidos por el nuevo gobierno autónomo indígena; pero también, los diferentes Ministerios deberán modificar o adecuar las normas según las prioridades y visiones de desarrollo del pueblo guaraní.

Fue un proceso muy enriquecedor para los actores involucrados en términos del ejercicio de la democracia (la comunitaria y la intercultural), del ejercicio de derechos indígenas, de la aplicación de la CPE y normas vigentes, y de la construcción del Estado plurinacional, proceso y aprendizajes que hoy facilitarán la ruta hacia la concreción de las más de treinta nuevas iniciativas de autonomía indígena que están en curso en el país.

 

Pamela Cartagena es Directora general de CIPCA.


Artículo publicado el día domingo 15 de enero de 2017 en La Razón.

 

 

 

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