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CIPCA / 24 de mayo de 2017.- Con el objetivo de promover un espacio de diálogo e intercambio de experiencias sobre la situación y el ejercicio de los derechos humanos con diferentes sectores y actores sociales del departamento de Oruro, se realizó el segundo “Foro departamental sobre la situación, problemática y avances en el ejercicio de los Derechos Humanos”, el jueves 18 de mayo del presente en el Salón Ildefonso Murguía del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

El foro fue organizado por la Secretaria de Desarrollo Social de la gobernación de Oruro, el Defensor del Pueblo (representación departamental en Oruro), el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA)  y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) Regional Altiplano. En el evento participaron 185 personas, representantes de las Defensoría de la Niñez y Adolescencia (SLIMs) y concejales de los municipios de Oruro, estudiantes y docentes de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), policía nacional, juntas vecinales, lideresas de las organizaciones Bartolina Sisa, representantes de los Suyus de Jach´a Karangas y Jaquisa.

Durante el evento se desarrolló 3 exposiciones sobre patriarcado y tipos de violencias, los derechos de la madre tierra y sobre la situación de los derechos de los pueblos IOC. Entre las principales reflexiones y conclusiones del evento se mencionó la falta información y sensibilización sobre los derechos humanos a la población en general,  principalmente a la juventud. Así mismo, hay un avance en la normativa nacional (Constitución Política del Estado y Leyes) sobre los derechos humanos, sin embargo no se está cumpliendo y aplicando a cabalidad, tampoco se enfatiza y se reflexiona sobre los deberes y obligaciones que cada persona tiene en la sociedad.

Otra conclusión importante es que se debe hacer énfasis en la planificación, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales (ejemplo la minería) y tomar acciones inmediatas sobre los efectos de la contaminación ambiental, sobre todo producto del trabajo de las empresas mineras establecidas en el departamento, para lo cual las autoridades originarias manifestaron que están elaborando normas internas de protección del manejo de los recursos naturales. También se reflexionó sobre el tipo de alimentación de las personas que es un derecho constitucional que no se está ejerciendo de buena manera, producto de varios factores como el sistema económico (mercado) y los hábitos de consumo. Se concluyó que se debe dar más apoyo a los productores del área rural puesto que ellos son la base de la producción, la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento.

Las reflexiones resaltaron el ejercicio de los derechos de la madre tierra en donde se concluye que hay un descuido y falta de sensibilización sobre los efectos que actualmente están causando las empresas mineras sobre los recursos naturales como el suelo y el agua, que afectan a la producción agropecuaria. Al respecto, se pidió a la gobernación que acelere  la información de las auditorías ambientales y que se controle el trabajo de las cooperativas mineras que están avasallando cada vez más los territorios de los pueblos originarios y campesinos en tierras altas amparados en la ley minera y en el modelo económico basado en el extractivismo.

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