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La asambleísta indígena titular del pueblo yuracaré - mojeño, Rosmeri Gutiérrez Herbas de Galindo, junto a su suplente, Roberto Carlos Cortéz Soria, denunciaron que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz – mayoritariamente controlado por la Agrupación Ciudadana VERDES del gobernador Rubén Costas - se niega a cumplir la resolución Nº 063/2010 del Tribunal Supremo Electoral, que reconoce a ambas personas como asambleístas departamentales representantes del pueblo indígena yuracaré - mojeño.
Tanto la legisladora titular como su suplente fueron elegidos el 31 de julio de 2010 en una gran Asamblea del Consejo Indígena del Pueblo yuracaré - mojeño (CIPYM), o sea de acuerdo a normas y procedimientos propios (usos y costumbres), tal como establece la Ley 026 del Régimen Electoral del 30 de junio de 2010. La CIPYM es una organización afiliada a la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

 

Recordemos que el problema de representación del pueblo indígena yuracaré - mojeño se suscitó a raíz de la aprobación de la Ley Nº 4021 del Régimen Electoral Transitorio del 14 de abril de 2009, norma bajo la que se llevaron adelante las elecciones municipales y departamentales del 4 de abril de 2010, que presentaba una incongruencia, pues por un lado, en el artículo 32 reconocía al pueblo yuracaré - mojeño para las elecciones nacionales, sin embargo, en el artículo 66 inciso IV se refería sólo al pueblo mojeño para el proceso eleccionario departamental en Santa Cruz. Con este argumento, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz alegaba que el curul le pertenece al pueblo indígena mojeño y no al pueblo yuracaré - mojeño.

 

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral en su Resolución Nº. 063/2010 fundamenta su decisión en la Ley Nº 026 del Régimen Electoral del 30 de junio de 2010, que en su artículo 57, parágrafo II, establece que el departamento de Santa Cruz tiene las siguientes circunscripciones especiales perteneciente a las naciones y pueblos indígenas: Guaraní, Chiquitano, Guarayo, Ayoreo y  Yuracaré-Mojeño.

 

Por otro lado, la resolución indica claramente que la CIPYM, es la organización reconocida por la CPESC y la CIDOB como la legítima representante del pueblo yuracaré - mojeño.

 

La Asambleísta indígena Rosmeri Gutiérrez denunció que se siente discriminada y exigió a las autoridades de la asamblea legislativa departamental cumplir con la resolución Nº 063/2010 del Tribunal Supremo Electoral, porque el artículo 11, inciso II de la Ley Nº 018 del Órgano Electoral, de manera clara y precisa establece que “las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, en materia electoral, son de cumplimiento obligatorio, inapelables e irreversibles”.

 

Finalmente, las organizaciones indígenas de Santa Cruz han anunciado que acudirán a todas las instancias legales para exigir la reposición de sus derechos políticos vulnerados y no descartaron asumir otras medidas de presión hasta lograr que sus asambleístas departamentales electos ejerzan sus derechos en la asamblea legislativa departamental de Santa Cruz.

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