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Al promediar las 10:00 de la mañana de este miércoles en Palacio Quemado, se hizo entrega al Presidente de la República, Evo Morales Ayma por parte de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) el informe final sobre los hechos acontecidos en la localidad de Porvenir, departamento de Pando aquel fatídico 11 de septiembre. Los hechos fueron calificados de masacre y un crimen de lesa humanidad, por la existencia de al menos 20 campesinos caídos en ésta batalla entre comunarios y  funcionarios de la Prefectura. Asimismo se exhibió un video en el cual se encuentran testigos que fueron víctimas y sobrevivientes que relatan por lo que vivieron aquel día en el que decidieron marchar conjuntamente con sus hijos en brazos pero sin desfallecer, algunos hasta encontrar la muerte.

Rodolfo Mattarollo, titular de la Comisión encargada de realizar la investigación dio lectura a todo lo analizado y evaluado. Se ha logró captar todos los puntos que refleja este informe:

Primero.- La combinación intelectual y moral según la cual el 11 de septiembre del 2008 en la localidad de Porvenir y otros  sitios del departamento de Pando, República de Bolivia se cometió una masacre en el sentido empleado para este término por la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo.-
De esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos, el número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados, dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la persona cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos.
Tercero.- Resulta de las investigaciones hechas por la Comisión, que las víctimas de ejecuciones sumarias o extra legales constituían población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático realizado con conocimiento de dicho ataque en el curso del cual, se cometieron múltiples asesinatos, una violación de esta naturaleza configura desde el punto de vista del derecho penal internacional en vigor actualmente un crimen de lesa humanidad.
Cuarto.- Aún cuando hubo personas que actuaron particularmente los agresores de los campesinos lo hicieron de forma organizada y respondían según algunos testimonios a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal.

Quinto.-
Los funcionarios políticos de los que depende la obligación de garantía de los derechos humanos y los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física  de las personas y fueron objeto de ataque con lo que no observaron su obligación de garantía de derechos humanos fundamentales. Téngase cuenta que la responsabilidad criminal alcanza aquellos que tenían el dominio de los hechos porque en cualquier momento podrían haberlos hecho cesar y por su omisión se hacen responsables de los resultados trágicos de estas muertes producidas con premeditación y alevosía.
Sexto.- Igualmente hay testimonios y evidencias suficientes para calificar como tortura en algunos casos y como tratos crueles, inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos que fueron detenidos por elementos estatales y paraestatales de la misma forma puede calificarse el trato recibido por muchos campesinos heridos que fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psíquicas cuando eran conducidos a los hospitales.
Séptimo.- Igualmente la comisión dispone de elementos que permiten concluir que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, rurales y sociales.

Octavo.- A la luz de los hechos la comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto conforme a la misma jurisprudencia del tribunal constitucional de Bolivia. En efecto, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos, los delitos de esa naturaleza no pueden ser nunca delitos de función, se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria.
Noveno.- De los testimonios recogidos por la comisión, en lo que se destacan versiones contradictorias resulta que Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes funcionarios de la Prefectura de Pando fueron muertos en la mañana del día 11 de septiembre, ambos presentaban heridas de arma de fuego por lo que se encarece a las autoridades judiciales de Bolivia su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente.
Décimo.- Todo lo anterior lleva a plantearse la cuestión de la superación de la impunidad que ha sido la constante en muchos de los países de la región, se  trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitima al Estado y aleja a sociedad del apego al derecho y la justicia ya que sustituye el respeto a la ley por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio. La impunidad es especialmente reprobable cuando, como en el caso de Pando se esta frente a delitos extremadamente graves, conforme al derecho interno y al derecho internacional.

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