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Propuestas Económicas Productivas

Pocos sectores conocen que el pasado 8 de octubre fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Presidente de la República, la Ley Nº 2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal, más conocida como Ley de Riego. Es el resultado de 4 años de intenso trabajo de los regantes, liderados por la Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR) y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA UAP), la Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (CGIAB), el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) y el Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG).

Proceso que tuvo su inicio en la Guerra del Agua que puso en tela de discusión la Ley de Aguas y la normativa respecto del recurso agua, desnudó las limitaciones y contradicciones de la normativa vigente, así como la institucionalidad claramente contraria al aprovechamiento racional a favor de la población. La mencionada Ley tiene por objeto "establecer las normas que regulan el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en las actividades de riego para la producción agropecuaria y forestal, el marco institucional, regulatorio y de gestión de riego, otorgando y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos, garantizando la seguridad de las inversiones comunitarias, familiares, públicas y privadas". Como parte del marco institucional establece los roles para las autoridades del nivel nacional, departamental y local. También crea el Sistema Nacional de Riego (SENARI) como entidad encargada de velar la inversión pública para el desarrollo de riego y la producción agropecuaria y forestal bajo riego; en el Directorio del SENARI participan 7 representantes de la Asociación Nacional de Regantes y sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia, además de 2 representante de organizaciones sociales y económicas del sector agropecuario. Además, mientras no exista una Autoridad Nacional de Aguas, el SENARI otorgará o revocará los derechos de agua para la producción agropecuaria y forestal. El aspecto que vale destacar es que esta norma reconoce los derechos de campesinos e indígenas, basados en sus usos y costumbres. Establece que la administración e infraestructura de los sistemas de riego serán transferidos a las organizaciones de usuarios (regantes); así como reconoce que las servidumbres existentes sobre fuentes de agua y en los sistemas de riego están garantizadas y serán respetadas.

Finalmente, el MACIA a través del Consejo Interinstitucional de Agua (CONIAG) coordinará la elaboración de los reglamentos de esta Ley. Punto alto en la ampliación de los derechos de campesinos e indígenas, y sus organizaciones.

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