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Jorge Arancibia/San Ignacio Crimen. Un ex funcionario lo acribilló a balazos. Luego intentaron lincharlo. Le debían dos meses de sueldo La tranquilidad de los habitantes de San Ignacio de Moxos, Beni, fue interrumpida ayer al promediar las 10 de la mañana, cuando su alcalde, Eduardo Abularach Vaca (59) fue asesinado con tres disparos de arma de fuego en su propia oficina, por un ex trabajador del municipio, a quien supuestamente se le adeudaba dos meses de salario.

Según la información ofrecida por el coronel de Policía Zenón Murillo Mendoza, los hechos sucedieron cuando el burgomaestre recibió en su despacho a Fernando Malúe (22), quien sin que medie razón alguna le indicó al edil que “ya era muy tarde para saldar la deuda”, desenfundando enseguida un revólver calibre 38 con el que detonó tres disparos, dos de los cuales impactaron en el pecho y uno en la cabeza de su víctima. Pasado el hecho la gente que trabaja en la Alcaldía da la alarma de lo sucedido y minutos después Malúe es detenido por la Policía, cuando se dirigía a su casa, como si nada hubiera sucedido. Una vez reducido, Malúe fue llevado a la Policía, donde pasado el mediodía gente del pueblo ingresó a las dependencias policiales y agredió físicamente al autor de los disparos que acabaron con la vida del burgomaestre. La golpiza fue tal, que el sindicado para salvarse de ser asesinado por la turba confesó haber sido enviado por un dirigente campesino identificado como Miguel Peña que trabaja en la ONG Cipca (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) quien supuestamente le había pagado $us 200. Esta versión fue proporcionada por el fiscal Constantino Coca Sejas, quien circunstancialmente se encontraba en el pueblo atendiendo un caso de abigeato, cuando sucedieron los hechos. El representante del Ministerio Público, señaló que luego de la golpiza sostuvo una conversación con Malúe, que le confesó haber acusado al dirigente campesino para salvar su vida, ya que tenía miedo de ser linchado. Según el coronel Murillo, la turba, al haber escuchado la sindicación que hizo el detenido, se dirigió a las oficinas donde funciona el Cipca y al no encontrar a Peña en ese momento, rompieron las puertas a patadas e ingresaron al recinto deshaciendo todo lo que había en el l Al final de la tarde, Malúe tuvo que ser llevado al hospital del pueblo en una camilla bajo escolta policial, ya que según los médicos que lo atendieron su estado de salud era crítico, puesto que tiene graves lesiones en el cráneo por lugar y destrozando la computadora y televisión allí existentes. El jefe policial indicó que se vivieron momentos tensos en el pueblo, y que muy poco podían hacer los cuatro efectivos que habían destinados al lugar para haber evitado que la gente ultraje a Malúe, motivo por el cual se tuvo que pedir refuerzos a Trinidad, de donde llegaron a media tarde 15 efectivos más con equipo antimotines para controlar la situación, previniendo que la situación pudiese pasar a mayores. Johnny Abularach, hijo del burgomaestre asesinado, manifestó que los padres de Fernando Malúe sabían que éste iba a intentar victimar a su padre, ya que habían ido a buscarlo a su domicilio para prevenirle que tenga cuidado, porque existía un plan con ese propósito. “Cuando Fernando salió de la alcaldía, su madre estaba en la plaza llorando y le preguntó que si sabía lo que habÌa cometido, recibiendo como respuesta, que ya todo estaba hecho y que había matado al alcalde”, manifestó el hijo de la víctima, agregando que Malúe y su padre ya son conocidos en el pueblo como sicarios.

Los restos del edil serán enterrados hoy en el cementerio del pueblo, donde la viuda y sus nueve hijos le darán la última despedida. Abularach, hijo, señaló que su padre se dedicaba a la ganadería y que nunca había tenido problemas con nadie, fuera de algunas diferencias con el párroco del pueblo y con el dirigente campesino Miguel Peña, a quienes acusó de instigar a una parte del pueblo para que entorpezca la gestión de su progenitor. Precautelando la vida del sindicado, el fiscal Constantino Coca presentó inmediatamente la imputación provisional ante el juez Carlos Alberto Egüez Añez, por el delito de asesinato, razón por la que la autoridad judicial ordenó que este sea enviado a la cárcel de Mocobí en la ciudad de Trinidad. Según el representante del Ministerio Público, fue su persona quien solicitó que Fernando Malúe sea llevado al recinto penitenciario en la capital del departamento, esto como una medida para garantizar la integridad física del detenido. Se ordenó su detención en Mocobí Protegiendo la vida del sindicado, el fiscal Constantino Coca presentó inmediatamente la imputación provisional ante el juez Carlos Alberto Egüez Añez, por el delito de asesinato, razón por la que la autoridad judicial ordenó que el hombre sea enviado a la cárcel de Mocobí en la ciudad de Trinidad. Según el representante del Ministerio Público, fue su persona quien solicitó que Fernando Malúe sea llevado al recinto penitenciario en la capital del departamento, esto como una forma de precautelar la integridad física del detenido. Ahora el fiscal Coca espera que la salud del homicida mejore un poco, para así poderlo trasladarlo vía aérea hasta Trinidad. Una turba destruyó la oficina y quemó los equipos electrónicos y muebles del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) del Beni, con base en San Ignacio de Moxos, tras el asesinato del alcalde Eduardo Abularach Vaca, de 59 años, un militante de Acción Democrática Nacionalista, informó ayer, por teléfono, Carmiña García, directora regional de dicha entidad no gubernamental. Según la citada autoridad, los agresores "aprovecharon el momento para arremeter en contra del movimiento indígena que se encuentra preparándose para intervenir en las próximas elecciones municipales con candidatos propios". "Cipca es la entidad que trabaja con indígenas, más visible en San Ignacio de Moxos y por eso la atacaron aprovechando el asesinato del Alcalde como excusa", añadió. "Actualmente Cipca trabaja en coordinación con la Alcaldía de San Ignacio de Moxos en varios proyectos de desarrollo, por lo que no existe ningún motivo para quemar los equipos de la institución", dijo, por su parte, Lorenzo Solís.

Los 13 funcionarios de Cipca y sus familias, al final de la tarde de ayer, se encontraban refugiados en la parroquia de la localidad y no sabían si permanecer o salir del pueblo porque no disponen de garantías, de acuerdo a la versión de García.

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