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Los dos firmantes fuimos muy cercanos de don Marcial e incluso caminamos juntos en la célebre marcha de 1990 que él tan proféticamente lideró. Después llegó a ser incluso candidato vicepresidencial en un binomio que, sin embargo no tuvo mucho éxito ni siquiera en su propia tierra. Con los años él se ha ido descolocando sea desde cargos públicos importantes o por su posición política. Ha promovido divisiones internas dentro de las organizaciones indígenas tanto en el TIPNIS, de donde proviene, como en otros niveles. Pero lo más grave es que ha entrado en turbios negociados por cientos de miles de dólares (1990, 1997, 2004) sobre todo por madera, aparte de otras apropiaciones indebidas y destrucción de bienes.

Este es el factor delictivo, sobre el que la justicia ordinaria no ha mostrado ninguna eficiencia. Por todo ello en el anterior encuentro de corregidores éstos lo expulsaron del TIPNIS, con un documento firmado y amenaza de castigarlo si no lo acataba.

 El pasado 7 al 9 de mayo se estaba realizando el XVIII Encuentro de Corregidores del TIPNIS en su Centro de Gestión, en la junta de los ríos Isiboro y Sécure, con participación de sus dos subcentrales más representantes de la CPEMB y varias instituciones de apoyo a las que se invitó. Estaban recibiendo informes de diversos proyectos locales cuando en la tarde del viernes 8 Marcial se presentó sorpresivamente en el encuentro, provocando así una reacción general de repudio. Unos y otros empezaron a expresar su rechazo porque no le habían invitado a él sino al Prefecto: “¿Por qué se atreve a venir si sabe que lo hemos expulsado?” Antes había sido un dirigente ejemplar pero ya no era así. Le recriminaron por haberse apoderado de sedes y haber participado en la quema de la CPESC en Santa Cruz, por haber montado organizaciones paralelas, por la desaparición de medio millón de dólares en su gestión... Le recordaron que, siendo él autoridad, en varios casos semejantes dio su consentimiento para que otros culpables fueran azotados y él a su vez se ofrecía a ser castigado si se portaba mal... Al final, concluyeron: “Castiguémosle para que se componga. Que cada corregidor le dé su merecido hasta que pida perdón.”

Marcial pidió la palabra pero la sala gritó que no se la den, “ya conocemos sus mañas”... Lo agarraron entre dos y lo sostuvieron mientras los corregidores empezaron a aplicarle los azotes con cuero crudo de res y a la vez exponían sus razones y le aconsejaban que pidiera perdón. Uno se excedió en la cantidad y enseguida alguien protestó: “¡que no pasen de tres!”  En un momento algunas instituciones visitantes intervinieron: “¡Por favor, por favor!” No les dejaron entrar pero de hecho se interrumpió la sanción. Un testigo dijo que en total le dieron 36 azotes. ¡Pobre Marcial! Pasada una hora le acompañaron al puerto y lo embarcaron, ya de noche.
Las fotos de su espalda con surcos rojos abiertos por los cuerazos hablan por sí mismas y no son ninguna propaganda sobre esta forma de administrar justicia sean cuales fueren las intenciones. Reflejan una “rabia” que no suele estar en sanciones realizadas según las normas del cabildo, donde el así sancionado se siente incluso agradecido, liberado y recuperado.
Reconozcamos la resistencia de Don Marcial. Cuando quiso hablar no le dejaron, cuando le guasqueaban para que hablara, calló. Pero él debería también reconocer que algunos de sus delitos y ofensas (al margen de ese castigo y de su opción política) sí exigirían que pidiera perdón a esas sus comunidades “para que se componga”. ¡Pobre Marcial si tampoco busca reconciliarse con su gente y consigo mismo!
¿Es un caso de la justicia comunitaria ya constitucional, como dicen los comunicados posteriores de las autoridades del TIPNIS? Sólo a medias.

En parte sí. Fue en asamblea muy participada, sancionaron por cargo y turno. Recuerda la obra de Lope de Vega sobre la ejecución del comendador de Fuenteovejuna, “todos a una”; aunque aquí se descartaba totalmente la muerte. Recuerda el film La nación clandestina, de Jorge Sanjinés, donde el ladrón retorna como “danzante” a su comunidad, que lo expulsó, para recuperarse bailando hasta morir; aunque aquí les bastaba que pidiera perdón.
Pero en parte no, pues no se cumplieron los procedimientos mojeños. En 2005 se publicó, bajo los auspicios de la Unión Europea, un librito elaborado por el Gran Cabildo de San Ignacio con el apoyo el CEJIS, donde se precisan esos procedimientos. La expulsión - dice - “es una de las sanciones más drásticas”. La guasca “es considerada una cura que endereza” y los azotes varían de acuerdo a la gravedad de la falta, hasta un máximo de una “arroba” (50 azotes). En Mojos estas sanciones se realizan en el cabildo indigenal comunal, donde todos se conocen con todos, y en un ambiente calmado y hasta religioso a puerta cerrada. Hecha la denuncia el corregidor convoca al infractor, al que se le expone la denuncia y se escucha su réplica. El corregidor preside pero quien aplica la sanción es otro. Pero en el encuentro intercomunal del TIPNIS el ambiente no era el tradicional del cabildo. Todos estaban exaltados, en parte por la llegada provocadora del acusado previamente expulsado y en parte por la mayor incidencia de las pasiones políticas y otros intereses.

Alguien muy respetable que estaba en el encuentro concluye que la gente sí funcionó con la “lógica” de la justicia comunitaria y quedó conforme, aunque tensa. Reconoce a la vez que no se respetaron suficientemente los derechos humanos. Podríamos añadir que esa azotina colectiva rebalsó lo que debería verse ante todo como una sanción moral, en buena parte porque aquel ambiente “caliente” y que rebasaba el nivel comunal no facilitó seguir los procedimientos habituales.

¿Cuáles deberían ser las vías de solución? ¿Pasarlo todo a la justicia ordinaria? ¡Pobre justicia! ¡Cuántas reformas necesitaría y cuántas sanciones deberían aplicarse a los jueces y otros actores corruptos para que el remedio fuera mejor que la enfermedad! ¿Mantener la justicia comunitaria con imprecisiones que abran la puerta a lo arbitrario? ¡Pobre justicia!  
En el escenario mojeño tan institucional lo más urgente es deliberar cómo manejar esas situaciones que rebasan la comunidad y en las que también corresponde aplicar el derecho mojeño. Más allá, originarios y juristas deberán elaborar conjuntamente, la Ley de Deslinde Jurisdiccional para precisar competencias y la coordinación entre estas dos jurisdicciones, que - correctamente - tienen el mismo rango constitucional.     

Un comunicado de la subcentral TIPNIS recuerda que esa forma correctiva fue institucionalizada “desde la época colonial por los carayanas”.En Mojos y otras misiones esa era una práctica regular, moderada por el padre misionero, aunque quienes azotaban eran otros. ¿No será tiempo para que aprendamos, paso a paso, a descolonizarnos también en eso?


(*) Xavier Albó, jesuita, lingüista y antropólogo. Trabaja en CIPCA

(*) Enrique Jordá, jesuita y fue párroco de Mojos durante veinte años

 

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