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Propuestas Económicas Productivas

Recientemente el  Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) anunció que revertirá al menos cinco propiedades  agrarias que se encuentran dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Alto Parapeti, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, porque aparentemente durante el proceso de saneamiento se habría evidenciado la existencia de servidumbre, trabajo forzoso, peonazgo por deudas de familias indígenas guaraníes y por ser contrarias al beneficio de la sociedad y el interés colectivo, tal como establece la Ley Agraria 3545 y la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE). Dichas tierras serán revertidas al dominio originario de la nación y luego dotadas a las familias indígenas demandantes de la TCO.

Ante este anuncio, los hacendados a través de sus gremios empresariales rechazaron la decisión del INRA y anunciaron desacato civil, supuestamente porque la reversión por servidumbre es anticonstitucional e ilegal. Además negaron la existencia de servidumbre e indicaron que el Gobierno nacional pretende quitar tierras productivas para entregarlas a campesinos “collas” y apropiarse de los hidrocarburos existentes en la zona.

Por su parte, el Gobierno nacional descalificó tales acusaciones y amenazas de los gremios cívico-empresariales y ha ratificado su decisión de revertir dichas propiedades ganaderas.

Asimismo, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) organización demandante de la TCO Alto Parapetí, ha recibido la noticia con beneplácito puesto que la demanda de liberar a las familias indígenas cautivas que aún se encuentran en algunas haciendas es una petición de vieja data.

En este contexto complejo y por la importancia del tema, desde un punto de vista jurídico intentaré aportar con algunos insumos para el análisis y debate.

Con conocimiento de causa, partiré afirmando que si existen familias y comunidades cautivas en el oriente boliviano; lamentablemente, pese a que la Ley 3464 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1953), la Ley Agraria 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (2006) y la Nueva Constitución Política del Estado (2009) contemplan disposiciones específicas para erradicar la servidumbre, trabajo forzoso y la situación de cautiverio de familias indígenas; los gobernantes no cumplieron, ni hicieron cumplir tales disposiciones legales.

Recordemos que la Ley Agraria 3464, del 3 de agosto de 1953 en su Artículo 12 establecía que el Estado no reconoce el latifundio, entendido como la propiedad rural de gran extensión, que permanece inexplotada o es explotada deficientemente y que la rentabilidad del predio depende de la plusvalía que rinden los campesinos en su condición de siervos o colonos y de la cual el terrateniente se apropia en forma de renta-trabajo; asimismo, en su Artículo 34, establecía que la propiedad territorial definida como latifundio, conforme al Artículo 12, queda afectada en toda su extensión. Disposiciones legales aún vigentes.
Por otro lado, la Ley Agraria 1715 de 18 de octubre de 1996, en su disposición final cuarta, dispone la incorporación de los trabajadores asalariados del campo al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo.

Por su parte, el Decreto Supremo Nº. 29215, Reglamentario de la Ley Agraria 3545, emitido el 3 de agosto de 2007, en su Artículo 157 establece con mucha precisión que donde exista un sistema servidumbral, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias o personas cautivas en el área rural, por ser contrarias al beneficio de la sociedad y el interés colectivo dichas propiedades agrarias serán revertidas por incumplimiento de la Función Económico Social.


Finalmente la Nueva Constitución Política establece que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, servidumbre y esclavitud (Art. 14 y 15).

Por lo expuesto, se constata que la reversión de la propiedad agraria por causal de relaciones servidumbrales, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias o personas cautivas en el área rural es constitucional y legal. Asimismo, la eliminación de dicha condición es exigida por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, es legítimo porque la liberación de las familias cautivas y la reconstitución territorial del pueblo indígena guaraní es una demanda irresuelta y de hace mucho tiempo.

En tal sentido, los agroindustriales, ganaderos y madereros en vez de amenazar con desacato civil y negar la existencia de familias y comunidades cautivas en sus haciendas, deberían empezar a regularizar la situación laboral de sus peones, enmarcando los contratos laborales a lo que establece la Ley General del Trabajo, por ejemplo, pagando al menos el salario mínimo nacional que es 647 Bolivianos, por 8 horas de trabajo diario, no deberían seguir pagando con especies (ropa usada, coca, alcohol, entre otras prebendas) y deberían evitar tener al interior de sus haciendas a mujeres, niños, niñas y adolescentes trabajando a cambio de alimentación y ropa usada con sobreprecios, ocasionándoles endeudamiento de por vida a familias enteras.

Se supone que en nuestro país, la esclavitud fue abolida con la Revolución Nacional de 1952; lamentablemente constatamos que aún persiste. Creo que ha llegado el momento de cerrar filas para que esta lacra en nuestro país sea definitivamente erradicada, sólo así avanzaremos en la construcción de una sociedad más justa y armoniosa, sin discriminación, y con plena justicia social, tal como proclama la Nueva Constitución Política del Estado.

(*) Eulogio Núñez es Director de CIPCA Santa Cruz

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