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Propuestas Económicas Productivas

Me toca escribir esta columna tres días antes de que se publique, por motivo de un viaje al exterior. Espero y deseo que cuando se publique ya resulte obsoleta porque la Corte Nacional Electoral habrá por fin recapacitado. Pero por si aún no ha ocurrido, ahí va mi reacción.

La gente tardó su tiempo en reaccionar. Pero a estas horas del jueves 26, a escasos nueve días del acto electoral, el tema ya está en boca de todos. Sin previo aviso y sin que el dato ahora requerido fuera una condición para poderse inscribir en el sofisticado padrón electoral biométrico, la CNE nos anuncia primero la buena noticia: el padrón depurado supera los cinco millones; luego la mala: hay 400.000 “observados”; y enseguida la solución inviable para muchos: deben regularizar su situación yendo a la Corte Departamental y mostrar una copia de su certificado de nacimiento hasta el 3 de diciembre, es decir, el próximo miércoles.
Nadie sabe todavía si está o no en esa lista. Anuncian que se publicará una separata por la prensa y se podrá consultar por Internet. ¿Cuándo? Se dijo que el jueves. En la mañana de ese día no he encontrado nada en la prensa. Hasta la medianoche he tecleado repetidas veces  www.cne.org.bo con la misma respuesta: “No se puede mostrar esta pagina”. Para el biométrico se les avisaba a domicilio. Ahora, para no ser tal vez  expurgados, cada cuál tiene que apurarse, buscar en listas poco accesibles y hacer colas en la Corte.

¿Es una movida política? Así lo piensan muchos y no hay que descartarlo. Hace menos de un año una de la principales armas de la oposición fue cuestionar el anterior padrón para desprestigiar, evitar o al menos retrasar un acto electoral en que tenían todas las de perder. Al final se rehizo el padrón y por la sofisticada vía biométrica. Un éxito para el país, el Gobierno y también la CNE, cuya dirección había cambiado de manos por la renuncia de quien la oposición tildaba de demasiado “masista”. Anunciar ese gran número de observados a última hora podría estar en línea con aquellos intentos previos. ¿Será para crear un caos de credibilidad? ¿O habrá quienes quisieran provocar una crisis en la CNE para que se deshaga en esas inminentes elecciones?

¿Es una necesidad técnica? Poner en orden todo el padrón está muy bien. Pero, hecho lo principal, estos posteriores refinamientos pueden esperar. Hay además una siniestra inversión. Todos sabemos que el registro civil tiene graves fallas por los que no se inscriben (10% según el censo 2001, pero llegaban hasta el 40% de los indígenas en el campo del Beni) y aún más por los muchos que fueron mal inscritos. Y de los bien o mal inscritos, ¿cuántos tendrán a mano su certificado? Y si no lo tienen, ¿cuán lejos estarán del lugar en que se registraron, vivan en el campo o ya en la ciudad? Validar ahora a los que lograron carnet y padrón biométrico confrontándolo con el certificado de nacimiento de un registro obsoleto y errático, es querer corregir lo mejor cotejándolo con lo peor. ¿Mostrará falencias en los nuevos inscritos o más bien en los viejos registros? Cuesta pensar que quienes supieron llevar a cabo un padrón tan complejo con tanta eficiencia técnica no se den cuenta de que ese cotejo no aguantaría un control de calidad, por no hablar del revuelo político que ya ha causado.  
¿Una falla jurídica y ética? Aceptemos que se quiera refinar el padrón hasta ese dato del certificado de nacimiento. Pero si no se lo pidió para empadronarse en el biométrico, ¿es legítimo y ético exigirlo precisamente ahora? ¿Lo justifica un cálculo político? ¿O se querrá aprovechar esa coyuntura electoral para tratar a toda esa multitud como ratas de laboratorio para cuantificar o comprobar alguna falla estructural en el sistema de inscripción, de la que ellos no son responsables? Sería una inversión de principios y valores jurídica y éticamente repudiable.
Sea que de por medio haya juegos políticos, preocupaciones técnicas o legales, en esta coyuntura la gran obligación ciudadana y ética de la Corte, empezando por su Presidente, es salvaguardar el derecho constitucional de todos estos ciudadanos para que emitan su voto. La solución correcta a la crisis y confusión creada es hacer marcha atrás con hidalguía y dar el pase a esos 400.671 ciudadanos para que el 6 de diciembre puedan votar. Es de sabios cambiar de opinión.

(*) Xavier Albó es antropólogo, lingüista y jesuita

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