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Propuestas Económicas Productivas

La  sociedad boliviana en los últimos años ha experimentado grandes transformaciones,  y vendrán más con la nueva Carta Magna que plantea una nueva estructura y organización territorial del Estado, donde la figura de las  autonomías (departamental, regional, indígena y municipal) se convierten en el mecanismo más efectivo para acercar el Estado a la ciudadanía, fortaleciendo el reconocimiento al derecho de autogobernarse.

Para ello, es necesario que ésta mayor apertura política se materialice en la implementación de políticas públicas que a partir del enfoque territorial puedan generar un proceso de desarrollo integral, procurando movilizar a sus actores hasta hoy rezagados, en la canalización de inversiones públicas y privadas, en procura de equilibrar y mejorar los niveles de desarrollo nacional, reduciendo las brechas entre los espacios territoriales hasta hoy marginados de muchos privilegios.

Por eso, el proceso de implementación de las Autonomía debe apuntar al establecimiento de estrategias de desarrollo que combinen dos elementos importantes, políticas en función de una meta de cohesión territorial nacional; y políticas diferenciadas en función a lograr una cohesión social intra-territorial. Siendo ambas imprescindibles en la actual coyuntura dado que se evidencia una polarización sobre las visiones de desarrollo por el conflicto existente entre el nivel central y algunas regiones del país por el enfoque de autonomías que se pretenden implementar.

Las realidades territoriales nos demuestran que el nivel de desarrollo en el país es tan desigual, como lo es la tipología de sus actores sociales, por ello, el proceso de adecuación del país hacia un modelo autonómico necesariamente demandará planteamientos e intervenciones públicas también diferenciadas. Cada caso requerirá una adecuada combinación de políticas básicas de carácter estructural, de acceso y redistribución de activos y de formación y desarrollo de capacidades, con políticas más universales de fomento productivo, desarrollo tecnológico, acceso a mercados y desarrollo de marcos legales e institucionales.

La puesta en marcha del modelo autonómico en el país deberá lograr un mejor reordenamiento territorial del Estado, con la participación de sus actores sociales, en la construcción de estrategias que permitan generar  un proceso de desarrollo integral con equidad y abarcando en los ámbitos económicos, social, ambiental, tecnológico y cultural de los diferentes espacios territoriales, independientemente de la categorías autonómicas que sean adoptadas.

Ello requiere la construcción de un escenario propicio para establecer acuerdos y consensos de los diversos actores para la formulación de una Ley Marco de Autonomías que regule los procedimientos para la elaboración y aprobación de Estatutos Autonómicos, que defina los mecanismos de transferencia y delegación competencial y principalmente que estructure los niveles operativos de coordinación entre el nivel central y las diferentes entidades territoriales autónomas.

La aplicación de las Autonomías contribuirá a que la agenda política de desarrollo genere una única estrategia en un único territorio superando las brechas entre grupos sociales y entre regiones o territorios. Por ejemplo, se deben dar cambios fundamentales en los criterios de focalización de las inversiones en base a programas integrales según procesos de planificación, gestión y evaluación, de ahí que la propuesta de autonomías regionales e indígenas, sin lugar a dudas podría ser un mecanismo que ayude a dinamizar e impulsar estrategias de desarrollo en regiones marginadas y ausentes de la acción estatal en materia productiva y social, lo cual contribuiría a la generación de un desarrollo más armónico en el país. En esencia se trata de lograr un nuevo concepto de gestión pública más eficiente de parte de cada uno de los actores involucrados en un espacio dado, mediante el establecimiento de sinergias, enlaces y alianzas.

 
(*) Marcelo Arandia es Economista de CIPCA Cordillera

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