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Propuestas Económicas Productivas

La Constitución Política del Estado (CPE) recientemente aprobada reconoce un régimen autonómico basado en la elección directa de las autoridades, la administración de los recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por los órganos del gobierno autonómico. Este régimen tiene como base territorial los departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos; en los que se reconocen las autonomías: departamental, regional, municipal e indígena originaria campesina.

Un año atrás, el departamento de Pando procuró la autonomía departamental a través de la aprobación de su estatuto autonómico, sin el debido marco legal para el Estado e ilegítimo para las organizaciones sociales, por haber sido elaborado unilateralmente por el sector cívico y la prefectura desconociendo la participación de campesinos, indígenas, zafreros, entre otras organizaciones del lugar. Bajo el actual régimen autonómico constitucional, se abre posibilidades para la construcción de las autonomías que permitan fortalecer el poder local en el marco de la unidad del Estado. No obstante, dada la declaración constitucional y la realidad de la región amazónica, se presentan algunas dificultades para implementar la Autonomía Indígena Originaria Campesina, especialmente para el sector campesino.

De los quince municipios pandinos, sólo dos son urbanos (Cobija y Porvenir) en cuya jurisdicción se concentran varias comunidades campesinas, afiliadas a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP); en tres municipios con mayoría campesina se encuentran dos Tierras Comunitarias de Origen (TCO): TIM II y Yaminahua-Machineri. Los demás municipios tienen población mayoritariamente campesina también afiliada a la FSUTCP, aunque algunas tienen pequeños centros urbanos, en los que se asientan pobladores barraqueros1, una naciente clase media y algunos comerciantes, en su mayoría emigrantes de la zona andina y el valle.

Con excepción de Cobija, en su generalidad los municipios en Pando son pequeños demográficamente con poblaciones menores a los 5.000 habitantes, con alto índice de pobreza 2 y mayoritariamente campesina, que tiene sus orígenes étnicos en los pueblos indígenas Tacana, Ese Ejja, Yaminagua, entre otros que fueron reducidos y traídos para trabajar –en condiciones de semiesclavitud- en las barracas gomeras instaladas sobre los ríos de Pando a finales del siglo XIX. A partir de 1952, como producto de la Reforma Agraria a las poblaciones de siringueros y otros tipos de trabajadores de la amazonía se las denomina campesinos aunque su realidad ideológica y material no se había alterado en nada, seguían siendo trabajadores siringueros y castañeros dependientes de las barracas por medio del adeudo3  y sin derecho a la tierra. Nada menos que a inicios del siglo XXI, después de diez años de aprobada una nueva Ley Agraria (Ley INRA  Nº 1715 de 1996), recién el campesinado amazónico obtiene su derecho territorial a través de la titulación sobre las áreas de barracas donde se les habían desconocido sus derechos políticos, económicos, sociales y  culturales.

Bajo esa situación y en el marco de la aprobación de un régimen de autonomía por la nueva CPE ¿Pueden estos municipios convertirse en Autonomías Indígena Originaria Campesinas para reconducir la forma de gobierno local y participar en la toma de decisiones y recibir beneficios para un sector indígena campesino históricamente relegado? Será muy difícil, debido a los candados que se ha puesto en la propia CPE, al reconocer a la categoría ‘Indígena Originario Campesino’ (IOC) como una unidad y fuente de derechos colectivos indígenas indisoluble, en la medida que reconoce la existencia de pueblos o naciones como sujetos colectivos al autogobierno y a la libre determinación pero no así a las comunidades campesinas.

Así, los municipios con población eminentemente campesina no podrán convertirse a entidades autonómicas campesinas, a menos que haya presencia de población indígena dentro de sus jurisdicciones; la única figura legal que abre la constitución para favorecer a estas poblaciones es la de convertir los distritos municipales actuales en nuevos municipios, como dice la CPE: “en los municipios donde existan comunidades campesinas con estructuras organizativas propias que las articulen y con continuidad geográfica, podrán conformarse un nuevo municipio siguiendo el procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (…)” (Art. 294, parágrafo II). Sin embargo, a pesar de haber este anhelo, algunos distritos municipales campesinos, especialmente en Cobija, tropiezan con el requisito poblacional, al no alcanzar el mínimo de 5.000 habitantes exigido por ley.

 

La razón por la cual las comunidades campesinas no podrían lograr un régimen autonómico indígena originario campesino, es por que, supuestamente, no tendrían identidad étnica manifiesta. Sin embargo, en lo hechos conservan de forma latente y evidente su origen étnico, de los pueblos originarios que existieron antes de la formación del Estado Boliviano, incluso de la Colonia. Fue con las políticas de la Revolución Nacional (de homogenización cultural y la individualización de la propiedad de la tierra colectiva) que se empezó a concebir al indígena como “trabajador del campo”; es decir, un campesino con su identidad étnica mutilada. Por estos motivos, sólo las poblaciones originarias que conservan sus identidades étnicas tienen el derecho a autogobernarse en el marco de una institución pública autonómica.


Con esta forma de exclusión, las comunidades campesinas pierden aspectos fundamentales de su vida política que les ayudaría a cohesionarse como sujetos sociopolíticos; pues, no podrán ejercer autogobierno en base a sus autoridades en las jurisdicciones de sus municipios en base a sus normas y procedimientos, no podrán tomar decisiones relativas a las formas de control propios sobre sus recursos naturales y hacer una gestión territorial en base a los objetivos que definan, tampoco podrán ejercer su sistema de justicia comunitaria que tienen para la resolución de conflictos, entre otros aspectos que la ley reconoce a los pueblos y naciones indígenas.
En este marco, una opción que les queda a los campesinos de la amazonía para hacerse visible en la vida pública y gestionar su propio futuro es copar o empoderarse de los espacios de poder local en una contienda electoral directa con los partidos y agrupaciones políticas tradicionales que siempre dirigieron –y siguen dirigiendo- las instituciones públicas y su gestión de acuerdo a sus intereses, criterios y perspectivas.

 

(*) Margoth Céspedes es socióloga de CIPCA Pando

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1. Población que vive desde hace años en la región al igual que los campesinos, y se remonta al primer auge de la goma (antes de 1900), cuentan con propiedades privadas en dichos municipios y siempre se han caracterizado por controlar el poder público a la vez.
2. Según los Datos del INE (2001), la pobreza en Pando se expresa de la siguiente manera: necesidades básicas satisfechas 7.29%, umbral de pobreza 20.28%, pobreza moderada 40.47%, indigencia 31.79, marginalidad 0.18%.
3. El adeudo o habilito, es un sistema mediante el cuál el patrón retiene mano de obra para sus laboreos a razón del endeudamiento constante al mozo o trabajador a través la dotación de víveres y enseres para la caza, pesca, limpieza, vestimenta. 

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