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No hay vuelta que dar, la autonomía territorial indígena ya es un derecho colectivo que contiene un dispositivo constitucional por el cual se dota de cualidad político-estatal a las tierras comunitarias de origen (TCO), en sentido de convertirse en territorios indígenas autónomos con funciones de gobierno estatal.  Ahora, falta que se ponga en práctica y adquiera cuerpo institucional (estatutos) y administrativo (gobiernos y administración propia). En el Beni, las demandas de autonomía indígena se posicionan durante las movilizaciones colectivas por la reorganización político-territorial del Estado que impulsaron diversos actores sociales.  Aunque con la marcha de los pueblos indígenas en 1990, sus portavoces ya invocaban el concepto de territorio indígena con derechos de uso de sus recursos naturales, reconocimiento de sus prácticas culturales, respeto a sus propias autoridades y organizaciones.

Pero no todas las TCOs en el Beni tienen posibilidades de transición, por lo menos inmediata, hacia su conversión definitiva en entidades territoriales autónomas, más aún cuando la CPE dispone una ley especial que regulará su funcionamiento y definirá los criterios. Es seguro que hasta llegar a esa instancia el debate será también amplio y polémico por las expectativas que surgen entre los pueblos indígenas, porque la opción de la autonomía conlleva una serie de derechos colectivos como el acceso directo a transferencias de recursos fiscales e inversiones públicas; es un avance democrático porque libra a los dirigentes de negociaciones largas, condicionamientos y trampas presupuestarias por parte de los políticos municipales. Cuáles, cuántas TCOs y cómo tienen que transitar hacia su conversión en territorios indígenas autónomos, son temas que ya se discuten al interior de las organizaciones indígenas, pero hasta ahora se avanzó poco en el campo de los aspectos operativos. 

Hasta ahora, si bien las organizaciones tienen momentos propios de procesamiento de demandas y legitimación de decisiones de alcance territorial, se conoce, por estudios en varias TCOs, que se manifiesta una débil receptividad y acatamiento de esas decisiones en los ámbitos comunales. Con la aplicación de la autonomía emergerá un gobierno con competencias constitucionales que tiene que cumplir y hacer cumplir, según las leyes nacionales y las propias, además de someterse a los mecanismos de fiscalización estatal.  Entonces otro desafió que tienen dirigentes y líderes indígenas, es el paso de la función de representación ya construida y reconocida externamente, hacia un proceso interno de construcción de legitimidad de la autoridad territorial indígena (gobierno autónomo) ya que la legalidad de partida está asegurada con la aprobación del nuevo marco constitucional. Pero estos desafíos requieren también que discutan ¿Quién va a gobernar?, ¿Cómo se van a conformar los gobiernos y la distribución de cargos por ejemplo en los territorios donde existe presencia de varios pueblos?, ¿Qué papel van a jugar las actuales organizaciones de cada TCO?, ¿Van a quedar como sociedad civil o van a convertirse en parte de la sociedad política, es decir en futuros gobiernos? 


(*) Wilder Molina  es sociólogo de CIPCA Beni

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