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Propuestas Económicas Productivas

En un anterior artículo (CIPCAnotas Nº 268) concluí indicando “…la nueva Ley electoral debiera establecer mecanismos y procedimientos precisos que permitan la participación efectiva de mujeres e indígenas en los espacios de poder público. De no ser así, presenciaremos una primera violación a la nueva Constitución Política del Estado...”

Dicho y hecho, ya paso más de un mes del 14 de abril de 2009 fue promulgada la Ley Nº 4021 de régimen electoral transitorio, tal como venía advirtiendo los derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas, consagrados en la Constitución Política del Estado fueron utilizados como “carta” de negociación política entre opositores y oficialistas en el congreso nacional, todo supuestamente para “viabilizar la aprobación de la Ley por mayoría de votos”.

Después de un análisis somero de dicha Ley, debo manifestar con firmeza que esta Ley vulnera derechos constitucionales de los pueblos indígenas, veamos porque:

En sus Arts. 32 y 35-I-VI, establecen 7 escaños en circunscripciones especiales indígena originario campesinas, además instituye que la postulación de candidatos en estas circunscripciones serán mediante partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en igualdad de condiciones.

Estas disposiciones violan el Art. 11-II-3 establece que la “...democracia comunitaria se ejerce por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas..”.

Igualmente la Constitución Política del Estado establece que en aquellos departamentos donde los pueblos indígenas son minoría poblacional se deben constituir circunscripciones especiales para garantizar la elección de representantes indígenas en la cámara de diputados (Art. 146), además indica para la constitución de las circunscripciones especiales indígenas no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, ni la continuidad geográfica (Art. 147-III) y la elección, designación y nominación directa de los representantes indígenas debe realizarse de acuerdo con sus normas y procedimientos propios (Art. 11-II-3, 26-II-4, 210-III y 211). Considerando que en tierras bajas de Bolivia habitan 34 pueblos indígenas minoritarios, haberles asignado 7 escaños y negarles el derecho de elección directa de sus representantes, es realmente atentatorio a los derechos colectivos y políticos de los pueblos indígenas.

Ante esta flagrante violación de derechos, los pueblos indígenas al menos tendrían  dos alternativas para lograr la restitución de sus derechos políticos y colectivos vulnerados; la primera, en el ejercicio de su legítima defensa podrían interponer un recurso directo de inconstitucionalidad de la norma, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional –obviamente cuando se constituya- y de no ser escuchados en esta instancia jurisdiccional, estarán legitimados para acudir ante instancias internacionales de defensa de los derechos humanos (OEA, ONU, entre otras).

Por otro lado, considerando que la Constitución Política del Estado en su disposición transitoria segunda establece que “... La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de 180 días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional…” es una buena oportunidad para que los pueblos indígenas exijan a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (congreso nacional), la incorporación de sus propuestas en la nueva Ley del Órgano Electoral, de esta manera se enmendarían las violaciones cometidas por el congreso nacional.

Ante este duro revés que han sufrido los 34 pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia, conociendo su larga trayectoria de lucha- desde 1990, seis marchas nacionales y principales propulsores del proceso constituyente, es importante que no bajen la guardia en la defensa y la restitución de sus derechos constitucionales vulnerados en la Ley de Régimen Electoral Transitorio.

(*) Eulogio Núñez es Director de CIPCA Santa Cruz

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