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Luego de la brutal represión a la VIII Marcha Indígena, ejecutada por la policía nacional y el estigma de intolerancia socialmente asignado a los pobladores de Yucumo, por el bloqueo realizado contra dicha marcha.

Se puede percibir en esta localidad un clima de normalidad en la vida cotidiana, como si la beligerancia manifestada contra la marcha indígena había sido nada más que un seño que se esfuma al despertar.

En el lugar donde se sitió a la marcha indígena, sólo quedan leves rasgos de la barricada levantada por el grupo de los interculturales y algunos restos de ceniza producida por las fogatas encendidas en plena vía caminera, fogatas estas que casi siempre preceden o se paralelan al uso de la violencia desde el Estado contra algún grupo movilizado.

Al segundo día después de la represión a la marcha indígena, la población de Yucumo se mostraba ya apacible, al parecer desmovilizada, absorbida por sus actividades rutinarias y actualmente no se percibe rasgos de hostilidad grupal ni individual. El tránsito es libre, no se requisan movilidades, los marchistas reagrupados no encontraron dificultad para pasar el lugar.

Entonces, qué pasó, ante tan repentina normalización de la vida cotidiana de estos pobladores, la pregunta inmediata es: ¿Qué pasó con las demandas que motivó la movilización de los pobladores de Yucumo en particular y del movimiento social de los interculturales en general?; ¿Cómo un sector social puede desmovilizarse de un momento a otro y por voluntad propia sin que sus demandas hayan sido atendidas en lo más mínimo?; ¿Cómo puede un movimiento social desplazar o al menos despriorizar de su acción política, unas demandas tan enérgicamente defendidas durante tantos días?; ¿Por qué el gobierno, cuando la coyuntura social respecto a la marcha indígena no le afectaba en demasía, se mostraba permisivo al bloqueo y hasta lo justifica, pero luego de la represión a la marcha, cuando la opinión pública reaccionó contra el gobierno, los interculturales levantan inmediatamente su medida, pese a no contar con resultados tangibles favorable a sus exigencias?.

Este cambio de actitud de quienes hasta el día de la represión policial impidieron la continuidad de la marcha indígena y las interrogantes que este comportamiento plantea al país, no hacen otra cosa que nutrir los argumentos manejados por buena parte de la opinión pública, en sentido que la movilización del movimiento de los interculturales, respondió más que a preocupaciones propias, a una estrategia gubernamental por desbaratar la marcha indígena sin mancharse las manos, confrontando a dos sectores de la sociedad civil otrora aliados para defender el proceso constituyente del país.

Bajo esta hipótesis, se puede inferir que la población de Yucumo no fue quien exactamente tomó la iniciativa del bloqueo, ni quienes irradiaron la motivación para interferir a la marcha indígena, aunque en buena medida hayan sido ellos quienes lo ejecutaron. No obstante, por las condiciones y características del bloqueo, serán los habitantes de esta población quienes queden con el estigma de la intolerancia ante los ojos de la sociedad nacional, serán ellos quienes probablemente deban soportar el estigma marcado por la actitud inhumana asumida ante la marcha indígena, porque sus acciones privaron a los marchistas del derecho a la libertad de circulación en el territorio nacional, el acceso a alimentos vitales para la vida humana (recordemos que retuvieron una movilidad cargada de alimentos destinados a los marchistas e impidieron cualquier tipo de apoyo que necesitara atravesar ese lugar).

Es lógico que si un sector social, como los interculturales o cualquier otro, sienten amenazados sus derechos por una plataforma de demandas exigidas por otro sector social, como el de los pueblos indígenas, les corresponde plantear ante el gobierno esa preocupación, porque es el Estado quien tiene la responsabilidad de atenderlos, de evitar vulneración de derechos, pero no tiene sentido que los indígenas marchistas puedan constituirse en destinatarios de demandas sociales, porque ellos también son parte de la sociedad civil.

Y precisamente este escenario político, donde la marcha indígena fue bloqueada, constituye un indicador inequívoco de la crisis de identidad que está experimentando la sociedad civil en la coyuntura actual y la heterogeneidad de visiones sostenidas respecto a su rol en el actual proceso de cambio. Es debido a esta situación que mientras una parte de la sociedad civil se siente fusionada al Estado, la otra parte defiende su autonomía ante ese mismo Estado: unos lo hacen de manera contestataria, pero otros lo hacen a través de una crítica constructiva.

En perspectiva, esta situación en torno al rol de la sociedad civil develada por la marcha indígena, nos plantea un debate amplio y sostenido, puesto que una hipotética fusión de ésta con el Estado, pondría en entredicho mandatos constitucionales como el del control social, tan ampliamente exigido por estos mismos sectores sociales de manera aliada entre sí durante el proceso constituyente.

(*) Ismael Guzmán - sociólogo de CIPCA Beni

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