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A 40 días iniciada la VIII Marcha Indígena desde la ciudad de Trinidad y a más de una semana de haber quedado sitiada por el bloqueo de campesinos colonizadores.

Y en la práctica, la misma policía, en la localidad de Limoncito que la dejó sin la provisión de agua y alimentos al impedir el paso de ayuda humanitaria, la situación llegó a
tal grado de impotencia y desesperación que los marchistas obligaron marchar al Canciller David Choquehuanca junto con ellos para superar el cerco policial. El ministerio de gobierno se esforzó por demostrar que se trató de un secuestro, que fue tomado rehén; pero no dijo nada de los aproximadamente mil marchistas que quedaron retenidos por una semana en las condiciones antes indicadas. Aún habrá que investigar qué realmente dio inicio a esos hechos todavía confusos.

El domingo 25 de septiembre, a 41 días, el gobierno intervino violentamente la marcha indígena, se apresó a una cantidad aún indefinida de dirigentes, entre ellos a Fernando Vargas, dirigente del TIPNIS,Celso Padilla, Presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, y el diputado nacional Pedro Nuni, las imágenes difundidas por los medios de comunicación evidencian que los maniataron y taparon la boca con cinta adhesiva; otra cantidad también indefinida de marchistas incluidos niños, niñas y ancianos han huido al monte y las familias han quedado desarticuladas por el monte, situación que se mantiene hasta hoy lunes 26. También se ha confirmado la muerte de varios niños y niñas y se teme que otras personas hayan perdido la vida, según fuentes de CIDOB.

La CIDOB ha lanzado la huelga de hambre en Santa Cruz y muchísimas organizaciones, instituciones y la sociedad civil en general se ha movilizado repudiando y condenando estos hechos y se encuentra en estado de alerta permanente.

CIPCA condena y repudia vehementemente la intervención a la VIII Marcha indígena, única alternativa que encontró el gobierno para acallar la voz de los indígenas y ha mostrado total incapacidad de presentar alternativasy respuestas viables a las demandas indígenas. Ha prevalecido la fuerza frente a la razón y al diálogo, afectando gravemente a la democracia y al proceso de cambios y transformaciones en Bolivia.Asimismo, se solidariza con todas las organizaciones y familias que han sido afectadas por la intervención policial.

Exige la liberación inmediata de los dirigentes y líderes indígenas de la marcha, rescate de las personas que aún se encuentran ocultas y huidas en el monte, que se detenga la arremetida policial a los marchistas y a quienes los apoyan en la zona del conflicto –como el personal médico en San Borja y de otras instituciones- y en todo el país. Asimismo, investigar, procesar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de la brutal represión contra la marcha.

CIPCA ratifica su compromiso con los pueblos indígenas, respalda y apoyasus demandas; asimismo corrobora su compromiso con la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos.

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