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Nunca antes una marcha indígena en Bolivia había sido tan obstaculizada como la VIII Marcha por la defensa del TIPNIS. Esta reivindicación iniciada hace 38 días por los pueblos indígenas  ha sido permanentemente obstaculizada y agredida.

La primera agresión es que en la práctica –pese a estar constitucionalizados el reconocimiento a los pueblos indígenas y sus derechos– continúa la falta de reconocimiento y de respeto a esos derechos de los pueblos indígenas (Art. 30-32 de la CPE), a la libre determinación, autonomías y autogobierno (Art. 2 de la CPE); su derecho a la gestión territorial indígena autónoma, uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables de su territorio (Art. 30, 17 de la CPE). Ni qué decir del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa obligatoria que establece la carta magna (Art. 30, 15). A ello se añade la dificultad de compatibilizar dos proyectos en disputa y en tensión: extractivismo y vivir bien, y la apuesta por la primera opción en el TIPNIS es la causa que ha originado la marcha.

Una segunda agresión se ha dado en el trayecto de San Ignacio de Mojos hasta Chaparina, en que la marcha  avanzó en medio de varias agresiones verbales provenientes desde diferentes autoridades en el sentido en que no era un tema de agenda propia de los pueblos indígenas sino una acción manipulada y financiada por intereses políticos de distintos sectores nacionales y extranjeros, desconociendo la capacidad propositiva y de interpelación de los pueblos indígenas, que entre otras cosas, están ampliamente sustentados en los derechos reconocidos en la CPE mencionados anteriormente. No desconocemos, sin embargo, que también dirigentes y grupos que han perdido el poder en estos años han intentado instrumentalizar la marcha para reposicionarse y reciclarse.

El día 20 de septiembre la marcha indígena fue nuevamente agredida, porque ha quedado bloqueada por policías y campesinos, cuya estrategia impide físicamente su avance hacia La Paz. Hay que reconocer –que al menos momentáneamente- se ha evitado un enfrentamiento entre indígenas y campesinos; sin embargo, la pregunta es cuánto tiempo se podrá sostener esta situación en un lugar donde las condiciones para que la marcha haga una parada no son adecuadas.

La última agresión es a los derechos humanos fundamentales de los marchistas –hombres, mujeres, niños y ancianos- cuando no se les permite siquiera que les llegue la ayuda humanitaria: alimentos y agua. Esta situación ha llegado al límite, que puede desencadenar una serie de consecuencias en contra de la vida misma de las y los marchistas. Frente a ello, el gobierno debe dejar de lado estas agresiones sistemáticas e iniciar el diálogo y escuchar a los pueblos indígenas marchistas, no sólo a los que han dejado la marcha.

Sin embargo, la mayor agresión es el haber fracturado al movimiento campesino indígena, a organizaciones campesinas indígena del Pacto de Unidad, y de algún modo, también haber generado fracturas al interior de las organizaciones por la salida de algunos sectores de la Marcha. 

Pese a estas fracturas, el mensaje de la reunión recientemente efectuada en la comunidad de Santo Domingo fue claro en el sentido en que no era el espacio ni el momento de tratar ni menos efectuar la consulta.

Pese a todas estas agresiones, con la VIII marcha los indígenas están logrando recolocar en la agenda pública el debate acerca de los derechos de los pueblos indígenas, de la dificultad de avanzar en la implementación de la nueva constitución; la falta de relación respetuosa entre los diferentes pueblos, culturas, sectores y conglomerados humanos; el escaso avance en las relaciones interculturales positivas o respetuosas y de convivencia entre diferentes sectores de la sociedad civil. Igualmente, queda al descubierto que el vivir bien, el respeto a la madre naturaleza aún no está realmente en el centro de atención e interés del Estado.

Algo que se evidencia relevante es que nuevamente se ratifica que la sociedad civil existe, se moviliza, protesta, demanda y también tiene capacidad de propuesta. Esta marcha, además permite seguir soñando en un proceso de cambio y el vivir bien como horizonte y una utopía que debe guiar el accionar tanto del Estado como de la sociedad civil, pese a estas vicisitudes de estos meses. Todavía hay que creer en la posibilidad de construir el Estado plurinacional, con autonomías e intercultural; la plena inclusión y participación de los pueblos indígena originario campesinos y su derecho a la autonomía y autogobierno en el marco de la unidad del Estado.

 (*) Lorenzo Soliz es Director General de CIPCA

 

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