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Propuestas Económicas Productivas

Uno de los varios argumentos utilizados por el gobierno para desprestigiar la VIII marcha indígena, fue el carácter inestable del número de demandas planteadas en su plataforma.

Se insistió en “lo incomprensible” de su reincidente incremento respecto a la demanda inicial, señalando que el movimiento indígena empezó planteando la demanda de un solo punto (que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos no parta en dos el TIPNIS), luego esta se incrementó a 13 puntos, para finalmente ampliarlo a 16.

De inicio, corresponde hacer una corrección al argumento del gobierno respecto a lo inestable del número de demandas exigidas a través de esta marcha indígena: tal plataforma de demandas de los pueblos indígenas de tierras bajas aglutinados en la CIDOB, inicialmente fue de 13 puntos, aprobada en la 4ta. Comisión Nacional de la CIDOB, realizada el mes de junio del 2011 en la ciudad de Trinidad. La demanda referida al TIPNIS, es la demanda central, pero nunca fue la única.

Lo que sí es cierto, es que una vez iniciada la marcha indígena, se agregaron 3 demandas adicionales (correspondiente a una regional que no participó de la 4ta. Comisión) y ahí se cerró la plataforma para oficializarla al gobierno. A propósito, tanto dirigentes como marchistas de base, enfatizaron reiteradamente que cada pueblo indígena tiene “más de mil demandas urgentes” que ni antes ni ahora fueron atendidas por los gobiernos; no obstante, en fin de facilitar la atención gubernamental, para esta movilización se restringieron a una plataforma de sólo 16 puntos.

Si analizamos con detenimiento el sentido de la plataforma y organizamos sus puntos en agrupaciones temáticas, es claramente visible el carácter único del sentido de las demandas, puesto que todas están dirigidas a garantizar las condiciones de desarrollo sociocultural de los pueblos indígenas en sus territorios. En otras palabras, se trata de demandas dirigidas al vivir bien en los términos del respeto a la tierra, al medio ambiente, a las formas de vida propia, a sus visiones de desarrollo y a la dignidad de las familias que lo habitan.

Si intentamos un desglose más fino de la plataforma, encontramos que más de la mitad, es decir, 9 de sus 16 puntos, están dirigidos de manera específica a la búsqueda de seguridad del territorio indígena y a garantizar la preservación de condiciones de vida en su interior, ante riesgos o amenazas externas al territorio. Además, en la preocupación de los distintos pueblos que participan de la marcha indígena, éste sentido de las demandas, constituye el denominador común a todos los territorios indígenas del país.

De las 7 demandas restantes, 3 están dirigidas a lograr la materialización de  visiones de desarrollo indígena, otro de los derechos constitucionalizados en el marco de la economía plural. Este tipo de demandas está muy vinculado al orden de los 9 puntos señalados en el anterior párrafo, es decir, el territorio; con la diferencia que estas últimas no están dirigidas a precautelar la seguridad territorial ante amenazas externas, sino a impulsar el bienestar de sus habitantes al interior del territorio.

Un aditamento relacionado con esta última tipología de demandas, es el carácter del desarrollo a partir de la visión propia. Ello implica ejercicio de prácticas de reciprocidad y redistribución de productos generados a partir del cultivo de la tierra y aprovechamiento del bosque, producción en baja escala y de manera diversificada, uso de tecnología ecológicamente sostenible, entre otros aspectos enmarcados en la sostenibilidad. Por consiguiente, estas condiciones dirigidas a fortalecer tanto la seguridad territorial como las visiones de desarrollo propias de los pueblos indígenas, guardan coherencia con sus prácticas de relación armónica con la naturaleza, y en buena medida corresponde a esta razón la simpatía de la opinión pública a las demandas de éstos pueblos a través de su marcha indígena; porque el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Mojos,  conlleva una amenaza a la seguridad territorial del TIPNIS y al ejercicio de sus prácticas propias de desarrollo.

Una tercera y última tipología, constituida por sólo 4 de las 16 demandas de la plataforma indígena, está enfocada a mejorar las condiciones de vida en los términos más convencionales, es decir, salud, educación, vivienda y comunicación. Este tipo de demandas busca cualificar la calidad de vida de los habitantes en las comunidades indígenas, y al igual que las demás demandas, tienen al territorio como su único referente espacial, puesto que es éste el hábitat que defienden y buscan fortalecer.

En definitiva, el conjunto de la plataforma de demandas de los pueblos indígenas exigida a través de la marcha, tiene plena coherencia con un modo de vida de estos pueblos, con un modelo de desarrollo propio, con una racionalidad cosmogónica que está plenamente reconocida en la Constitución Política del Estado y las leyes fundamentales del nuevo Estado Plurinacional.

Y precisamente es esta una de las diferencias de la VIII marcha indígena con las que le precedieron: todas las anteriores albergaban un carácter fuertemente reivindicativo y profundamente transformador, así fueron planteadas y así debieron ser atendidas, aunque fuese de manera parcial; en cambio esta VIII marcha, solo demanda el pleno cumplimiento de la norma jurídica, de aquellas viejas reivindicaciones que ahora los reconoce la CPE. Este es el más llano argumento de la legitimidad de la plataforma planteada por los pueblos indígenas y del medio utilizado para exigir al Estado su atención.

 

(*) Ismael Guzmán es sociólogo de CIPCA – Beni

 

 

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