Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural
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Propuestas Económicas Productivas

Tras el rompimiento del diálogo entre el gobierno y los indígenas luego que en San Borja el gobierno presentó siete propuestas -pero ninguna alternativa a la apertura de la carretera por medio del territorio indígena.

Y que ha originado la VIII Marcha Indígena- y dado que el Presidente ha considerado innecesaria su presencia en la Marcha para conversar con los indígenas, estos reanudarían la caminata hacia La Paz, como han indicado sus dirigentes, aunque no hay fecha definida.

Por su parte, los campesinos colonizadores desde hace una semana mantienen un bloqueo en Yucumo para evitar el paso de los marchistas indígenas por aquella población, y “exigir que dialoguen y lleguen a un acuerdo con el gobierno”, al menos ese era el propósito y ahora hay otra agenda de cinco puntos, como ha reflejado la prensa. En este contexto, hay un alto riesgo de que el conflicto y la confrontación lleguen a la violencia y enfrentamiento entre campesinos colonizadores e indígenas.

Todavía está fresca en la memoria de la población boliviana, y sobre todo de los campesinos indígenas de la amazonía, la masacre de Porvenir, Pando, perpetrada hace tres años y que hasta ahora no ha sido esclarecida en absoluto. Hoy, en otro contexto y bajo otras circunstancias, se corre el riesgo de enfrentamiento ya no entre campesinos indígenas y sectores y grupos contrarios a sus intereses, sino entre sectores de similares condiciones. De darse el enfrentamiento –que por supuesto no queremos que ocurra- significaría una fractura histórica del movimiento campesino indígena de Bolivia, difícil de subsanar y superar en el tiempo. ¿Es esto lo que quieren algunos? Por eso, exhortamos al gobierno, a las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, así como la ciudadanía en general a contribuir para poner el máximo de esfuerzo y capacidad para evitar la violencia y enfrentamiento entre campesinos e indígenas.

Pareciera que de pronto campesinos e indígenas –quienes gracias al Pacto de Unidad han viabilizado la nueva Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia- se han vuelto enemigos irreconciliables que disputan por la tierra y los recursos naturales.

Se ha instalado un falso debate: lucha por la tierra entre campesinos e indígenas, cuando el foco de atención es o debe ser sobre: equidad en la distribución de la tierra y adecuada implementación de la nueva constitución, que incluye demandas históricas de sectores marginados y excluidos, como son los pueblos indígena originario campesinos.

Se indica, equivocadamente, que los indígenas son los nuevos terratenientes, los nuevos latifundistas. Se maneja caprichosa y maliciosamente la información sobre la tenencia de la tierra para mostrar esta imagen falsa. Según datos del INRA a 2011, de las 21 millones de hectáreas tituladas a las TCOs, por lo menos 5 millones corresponden a TCOs campesinas (bases de la CSUTCB), a ello se añaden otras 6 millones de hectáreas tituladas de propiedad comunaria y pequeña propiedad, principalmente campesinas, haciendo un total del 13 millones de hectáreas. Según la misma fuente, existen muchas TCOs que apenas tienen 10, 40 y 45 hectáreas por familia(!). También es verdad que hay TCOs con una superficie equivalente a más de 500 hectáreas por familia, pero la calidad de los suelos es muy diversa, entre marginal, aptitud no apta para agricultura o con vocación forestal, etc. como se puede corroborar por el Plan de Uso de Suelos (PLUS); a ello hay que añadir que la comprensión de territorio y la forma de acceso, manejo y aprovechamiento de los bosques y sus recursos naturales es muy distinta a la forma y lógica de manejo de los campesinos.

Por supuesto que campesinos indígenas de tierras altas, de occidente, tienen tierra insuficiente o carecen de ella, nadie lo puede negar, así como no se puede negar el minifundio ni el surcofundio. Según investigaciones de CIPCA y de otras instituciones, hay familias de los valles y el altiplano que tienen cinco, diez, quince, hasta veinte parcelas dispersas en diferentes lugares y a diferentes alturas y que en conjunto no alcanzan a dos hectáreas. Esta es una lacerante realidad que no se puede negar. Tampoco hay que dejar de indicar las diferenciaciones internas en el sector campesino, muchos campesinos tienen la expectativa de emular las prácticas de la agroindustria, en tierras bajas.

Muchos hablan de la necesidad de modificar la Ley INRA, pero casi nadie habla de la necesidad de modificar la Constitución Política del Estado (Art. 399, I) que -pese a los avances en el saneamiento y titulación de la tierra- deja intacta la inequitativa distribución de la tierra en Bolivia, sobre todo de las tierras aptas para la producción agropecuaria. Es por eso que campesinos e indígenas corren el riesgo de disputarse en gran medida tierras marginales, de poca capacidad productiva o bosques de donde la gente se provee de alimentos, ingresos y medicinas y no constituyen lugares aptos para la producción agrícola porque sus suelos son frágiles; mientras que las mejores tierras han quedado en manos de grandes propietarios -muchos de ellos extranjeros o vinculados a capitales externos- y donde el saneamiento y titulación de la tierra no ha concluido en esas zonas.

Son pocos los que se han referido a la extranjerización de la tierra -una tendencia mundial que ha llegado a Latinoamérica y Bolivia porque el hambre del mundo es un negocio rentable para las transnacionales-. Algunos gobiernos de la región están tomando medidas contra este fenómeno, en el caso nuestro, hasta ahora no se ha escuchado nada.

Es más, mientras campesinos e indígenas marchan y están a punto de enfrentarse, el sector agroindustrial y el gobierno han llegado a acuerdos para producir alimentos para el país y el mundo, incluso en las tierras fiscales, no siempre aptas para la agricultura: “Quiero su respaldo, su apoyo, … trabajo conjunto del empresariado para que Bolivia sea exportador de productos agropecuarios al mundo”, dijo el Presidente Morales en el Foro Económico Internacional “Produciendo Alimentos para Bolivia y el Mundo” (La Razón 2 septiembre). También indicó que el Gobierno, junto con el empresariado agrícola, debe garantizar el abastecimiento del mercado interno, en primer lugar, y luego exportar los excedentes. (El Cambio, 2 septiembre)

En estos días que lleva la marcha y se caldea el tema de la tierra se ha hecho poca referencia a las 5,9 millones de hectáreas de tierras fiscales identificadas hasta ahora y que son aptas para distribución, de las que apenas se ha distribuido algo más de un millón de hectáreas a campesinos e indígenas. Quien se ha referido a ello es el Ministro de Economía, también en dicho Foro: “No queremos entrar a competir con el sector privado, pero resulta que el Estado cuenta con tierras fiscales y recursos económicos como para generar la producción a gran escala”. (La Razón 2 septiembre)

Por todo ello no se trata de quitar la tierra a los “indígenas latifundistas”, ni a los medianos y grandes propietarios que legalmente tienen la tierra y la trabajan, sino de avanzar hacia una verdadera equidad en la distribución de la tierra, concluyendo el saneamiento y titulación de la tierra precisamente en las zonas de mayor potencial productivo, aplicando medidas frente a la extranjerización de la tierra, transparentando, haciendo cumplir las normas de la función económica y social de la tierra, etc. Pareciera que la posibilidad histórica de hacerlo, se va desvaneciendo. Este es el verdadero problema, el verdadero debate en Bolivia.

En otro campo, la marcha indígena –que lamentablemente ya lleva cuatro vidas perdidas, dos niños y dos nonatos-, con el pasar de las semanas, se ha ido convirtiendo en una especie de locomotora que –además de la defensa del territorio indígena frente a la carretera de integración continental, y que ha encontrado eco en la solidaridad y respaldo nacional e internacional - jalona varios temas. Pero hay que separar bien las aguas. Esta marcha, por un lado, sirve como canalizadora del malestar de una parte de la población y sus organizaciones por el rumbo que va tomando el denominado proceso de cambio, porque no se implementa adecuadamente la nueva Constitución, por cómo se hace gestión pública, etc. El malestar de esta población no tiene en absoluto pretensiones de desestabilizar al gobierno, sino de exigirle la implementación adecuada de la nueva Constitución, que incluye demandas históricas de los pueblos indígena originario campesino y del resto de la población marginada y excluida.

Pero, este malestar, por otro lado, no tiene nada que ver con que muchos líderes sociales y políticos y sectores que han sido desplazados del poder en estos últimos años encuentren en esta marcha indígena la oportunidad de reciclarse, reivindicarse  y reposicionarse. Como por obra de magia muchos de ellos –como reflejan los medios de comunicación- se han convertido en defensores de los derechos humanos y de los de los pueblos indígenas, a quienes hasta hace poco despreciaban y los humillaban, disputaban con ellos sus tierras y recursos naturales y les impedían el ejercicio de sus derechos sociales y políticos; también, de pronto, se han vuelto defensores del medio ambiente, de la naturaleza, de la madre tierra. Estos líderes y sectores, por mucho que se les apetezca, no tienen capacidad ni propuesta para cambiar el rumbo del país, ni para desestabilizar al gobierno. Entonces ¿de qué se preocupa el gobierno?

Esta marcha, entre otros aspectos, está poniendo al descubierto la dificultad de implementar la nueva constitución, de construir el Estado Plurinacional, de compatibilizar dos visiones y perspectivas distintas de desarrollo, dificultad que no sólo se da en el Estado ni el gobierno, sino también en la sociedad civil y en las organizaciones sociales. Evidencia la dificultad que hay en respetar los derechos de los pueblos indígenas (Art. 30-32 de la CPE), a la libre determinación, autonomías y autogobierno (Art. 2 de la CPE) y la gestión territorial indígena autónoma, uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables de su territorio (Art. 30, 17 de la CPE). Ni qué decir del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa obligatoria que establece la carta magna (Art. 30, 15). No existen espacios ni mecanismos adecuados de la participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas (Art. 241-242 de la CPE) y de la normativa que requiere la Constitución para su implementación.

Este es el otro debate verdadero que aún no se ha instalado en el país.

(*) Lorenzo Solíz es Director General de CIPCA

 

 

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